Policía judicial

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Se denomina policía judicial a aquella que presta servicios al poder judicial y al ministerio público, para la investigación de delitos y ejecución de sentencias. Estos delitos suelen ser de naturaleza pública como la delincuencia organizada, narcotráfico, delitos fiscales, delitos medioambientales o los delitos contra la vida —homicidio y asesinato; por lo que acostumbra a haber unidades especializadas en investigar cada uno de ellos que colaboran estrechamente con la justicia. También suele practicar notificaciones y otras actuaciones que estos les encomienden.

Organización y estructura[editar]

La concepción policía judicial difiere según el país.

En algunos países existe un órgano policial que sirve por completo bajo las órdenes de los jueces, tribunales y ministerio fiscal y que dependa por completo del poder judicial. Es el caso de México, donde cada estado posee una policía judicial propia.

En otros países, no existen en la práctica una entidad policial integrada en el poder judicial, sino que existen diferentes entidades en los cuerpos policiales de cada país que llevan a cabo estas tareas.
Por ejemplo, en España, no sólo la integran todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que incluso personas ajenas a la estructura policial como alcaldes u otros funcionarios:[1]

Artículo 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:[2]

La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

En este sentido todos los miembros de las FF y CC de Seguridad bien sean del Estado de las Comunidades Autónomas o de las Policías Locales pueden desempeñar en algún momento funciones de Policía Judicial.

Artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:[1]

Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

  1. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales.
  2. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.
  3. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio.
  4. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores.
  5. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural.
  6. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración.
  7. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.
  8. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.
  9. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes.

Existen, sin embargo, entidades que sí que organizan y coordinan estas actividades, e integran las unidades especiales de invesigación, como la Comisaría General de Policía Judicial en el ejemplo de España.

Órganos por países[editar]

Los diferentes cuerpos que integran funciones de la policía judicial son:

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b Artículo 283 de la Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consultado el 13 de octubre de 2013.
  2. Artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Consultado el 13 de octubre de 2013.