Paz y tregua de Dios

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El artículo en su edición actual hace únicamente referencia a la Paz y Tregua de Dios en Cataluña.

La Paz y Tregua de Dios fue un movimiento social impulsado en el siglo XI como respuesta de la Iglesia y de los campesinos a los abusos perpetrados por los nobles feudales. Se puede considerar el origen de las Cortes Catalanas.

Capítulo de los Usatges de Barcelona dedicado a la Paz y Tregua de Dios.

La revolución feudal[editar]

Durante los siglos VIII, IX y X, en los condados catalanes, igual que en otros lugares de Europa, se vivió en un sistema social caracterizado por la libertad de los agricultores, propietarios de la tierra que cultivaban, y por la sumisión de las autoridades -condes, vizcondes y veguers- a la ley, contenida en un código escrito como era el Liber Iudiciorum, compilación del derecho romano vigente en Hispania, elaborado en el siglo VII por orden del rey Recesvinto.

Hasta el siglo XI, el liber Iudiciorum estuvo en vigor en los condados catalanes, en Provenza, Languedoc y en el reino de Asturias-León. En los condados catalanes, es decir, en la antigua Marca Hispánica del reino de los francos, entre los años 1020 y 1060 se produjo la revolución feudal: un periodo de luchas en que, en medio de una violencia sin freno, los nobles se rebelaron contra los condes con el fin de apoderarse de la tierra de los agricultores y someterlos a servidumbre. Este fenómeno de la revolución feudal se produjo también en otros puntos del antiguo imperio Carolingio: Normandía, el Lacio, Lombardía, Provenza, el Languedoc y, fuera del ámbito franco, en el reino de Asturias-León.

Las sagreras[editar]

La Iglesia consiguió que los agricultores la vieran como una garantía contra la extorsión feudal garantizando el derecho de la sagrera: un radio de treinta pasos alrededor de una iglesia que el obispo delimitaba solemnemente al consagrar un edificio de culto. Dentro de este espacio no se podría producir ningún acto de violencia bajo pena de excomunión.

Asambleas de Paz y Tregua[editar]

Las sagreras delimitaban un espacio protegido de las violencias feudales. Sin embargo, para asegurar un clima de convivencia se tenía que llegar más lejos, estableciendo una autoridad que prohibiera la práctica de cualquier tipo de acto violento en cualquier punto del territorio. Éste fue el objetivo de las asambleas de Paz y Tregua de Dios.

La primera de estas asambleas en los condados hispánicos se produjo en Toluges en el año 1027 bajo la presidencia del abad Oliva en representación del obispo Berenguer de Elna, ausente de la diócesis al estar en una peregrinación. En este sínodo se establecieron una serie de disposiciones: el deber para todos los habitantes del condado del Rosellón y de la diócesis de Elna de abstenerse de participar en combates o luchas entre sábado y lunes, para así poder cumplir el precepto dominical; se prohibía también asaltar a los clérigos, iglesias, bienes propiedad de una iglesia, o de un monasterio o a personas que se dirigieran a un lugar de culto. Para los que violaran estos derechos y prohibiciones se establecía la pena de excomunión.

La celebración de esta asamblea de paz y tregua en Toluges, organizada por los campesinos y las altas jerarquías eclesiásticas fue consecuencia de la crisis del poder condal provocada en el Rosellón por la revolución feudal; ante una fuerte escalada de violencia llevada a término por los clanes nobiliarios del condado, sus víctimas -agricultores y eclesiásticos- se tuvieron que reunir para intentar encontrar una solución por sí mismos. El poder condal se mostraba impotente; impotencia visible por la ausencia total del conde Gausfredo II en una reunión en la que se trataba un tema capital de gobierno como era el mantenimiento del orden público.

El abad Oliva, firme impulsor de este movimiento pacifista, presidió un nuevo sínodo en Vich en 1033. Además de aumentar los días de tregua que ahora abarcaban de jueves a lunes, en esta nueva asamblea se extendió la prohibición a comerciantes y a aquellas personas que fueran a un mercado. Así se fue consolidando el movimiento de paz y tregua que se extendió también a Occitania; ahí nos encontramos con los concilios de Paz y Tregua de Niza en el 1041 y en Narbona en los años 1032, 1043 y 1054.

Resultados de la Paz y Tregua[editar]

En el condado de Pallars, las asambleas de Paz y Tregua fracasaron completamente; los hombres de Artau I, conde del Pallars Sobirá, atacaban principalmente las sagreras y durante los días establecidos de tregua; para poder funcionar, el movimiento pacifista necesitaba la implicación del poder condal. Por eso, si en la primera asamblea de Toluges el conde fue una figura ausente, en el 1041 el segundo sínodo celebrado se hizo bajo la presidencia del conde Gausfredo II; esta tendencia se reafirmó, en especial en Barcelona, durante la segunda mitad del siglo XI, donde el conde Ramón Berenguer I y su esposa Almodis no sólo ratificaron las decisiones de Paz y Tregua sino que también convocaron concilios de paz como el de Barcelona de 1064 o el de Gerona del 1068. Las disposiciones de estos concilios fueron incorporadas en los Usatges de Barcelona, nuevo código legal que sustituía al viejo Liber Iudiciorum que se había convertido en obsoleto después de la feudalización. Para poder triunfar, la "paz de Dios" tuvo que convertirse en la "paz del conde" y la iglesia, en previsión de estos hechos, siempre intentó atraer a los condes. Así, sus anatemas o excomuniones no iban nunca dirigidas contra un conde ni contra su familia sino únicamente contra los clanes señoriales.

Significado social de la Paz y Tregua[editar]

Si la iglesia, con los concilios de paz, consiguió afirmar su prestigio y su autoridad moral dentro de la sociedad fue, en realidad, porque el movimiento de Paz y Tregua, en contra de las apariencias, no fue iniciado por el clero sino por el pueblo. Según un análisis realizado por Pierre Bonnassie, este movimiento era popular con una voluntad revolucionaria de no protestar únicamente contra la violencia de los clanes nobiliarios sino cuestionar también los poderes establecidos, sobre todo la posesión de grandes lotes de tierra por los aristócratas laicos y clérigos. Esta idea resultaba inadmisible por los dirigentes eclesiásticos adheridos al movimiento, ligados al poder condal y nobiliario como en el caso del abad Oliva, ex-conde de Berga y hermano de los condes Bernardo Tallaferro de Besalú y Wifredo II de Cerdaña.

La implicación de las altas jerarquías eclesiásticas en el movimiento de Paz y Tregua de Dios consistió pues en neutralizar las potencialidades revolucionarias, mediante el reconocimiento a los agricultores de derechos esenciales como la seguridad de las sagreras y de los bienes y personas; nunca se cuestionó el poder nobiliario ni el servilismo de los agricultores. El único objetivo de los eclesiásticos era la defensa de sus importantes bienes patrimoniales de los ataques de los señores mediante el arma espiritual de la excomunión; para que esta arma resultara eficaz como instrumento de exclusión social se necesitaba el apoyo popular.

Evolución posterior[editar]

El poder condal siguió utilizando la Paz y Tregua, limitadora de las prerrogativas de los clanes nobiliarios a causa de su prohibición de la violencia, para afirmar su poder, tal y como hizo Ramón Berenguer III en Olèrdola (1108) y en el condado de Cerdaña (1118). También lo hizo Ramón Berenguer IV en el 1134 cuando, para garantizar los privilegios otorgados a los Templarios, presidió una asamblea de Paz y Tregua junto con el obispo Oleguer. Así, la asamblea de la Fondarella en 1173, convocada por Alfonso el Casto no es sino el final del proceso de conversión de la Paz y Tregua en un instrumento del poder real.

Alfonso el casto obligó a los barones a ratificar los estatutos de Fondarella que, en consonancia con los orígenes eclesiásticos de la Paz y Tregua, conferían a los obispos una importante función jurisdiccional: la potestad de convocar a los cabezas de familia para combatir a los atacantes sin ofrecerles poderes coercitivos.

Por eso el rey creó las veguerías, distritos gobernados por un veguer, nombrado por el monarca entre personas sin vínculos familiares con los barones de la zona; así se vertebró la primera administración local de Cataluña. La oposición de los nobles a un pode monárquico autoritario, que no aporta territorios ni botín a los aristócratas, se tradujo en un fuerte rechazo a los estatutos de Paz y Tregua. En el 1176, fue asesinado el vizconde Ramón Folch de Cardona, uno de los partidarios de la Paz y Tregua; acto seguido, en sus dominios se produjo el caso lo que impidió al abad de Cardona acudir a un sínodo en Urgel; también murió de forma violenta el arzobispo de Tarragona, Berenguer de Vilademuls (1194), defensor también de la Paz y Tregua.

En la asamblea celebrada en Gerona en 1188, los magnates consiguieron modificar los estatutos de Fondarella, imponiendo al rey la promesa de nombrar desde Salses a Tortosa y Lérida veguers únicamente catalanes. Limitaban así las posibilidades del monarca de encontrar personas ajenas a los clanes aristocráticos catalanes a quienes nombrar veguers. Esta concesión resultó insuficiente para calmar la oposición de los nobles; en el 1192 se tuvo que publicar en Barbastro los acuerdos de Paz y Tregua de la asamblea de Barcelona, donde las exigencias de los barones de observar la paz se fundamentaba en las legislación de los Usatges, contrariando la posición de los nobles manifestada en la asamblea de Gerona en el 1188.

Los estatutos del 1192 fueron firmados por pocos barones; por eso en la asamblea de Barcelona (1198), Pedro II de Aragón terminó cediendo a las pretensiones de los magnates de circunscribir el alcance de la Paz y Tregua únicamente a las posesiones del rey, dejando a un lado la posesiones de los nobles. Esta idea fue reafirmada en la nueva asamblea de Barcelona del 1200 y en la de Cervera del 1202 donde los nobles definieron la Paz y Tregua como la "paz del señor rey".

Esta oposición de los nobles a la Paz y Tregua se centró en rechazar la pretensión del rey de intervenir como árbitro en las causas entre señores y agricultores o en las luchas entre vasallos de un mismo señor; en la asamblea de Barcelona del 1200, los magnates impusieron la exclusión de la Paz a los traidores a su señor.

Por otro lado, la respuesta de la aristocracia se dirigió en especial a los nuevos tributos como el bovatge, impuesto exigido sobre las parejas de bueyes y otros tipos e animales; y el monedatge, pago al rey para evitar que este alterara la moneda, rebajando la ley pero manteniendo el valor nominal. Estos tributos, con pretensión de generalizarse por toda Cataluña se inscriben en el contexto e la Paz y Tregua; así los estatutos aprobados en las asambleas de Elna y de Tarascón establecen también el pago del impuesto de la paz. Durante el siglo XII en Cataluña la seguridad de la propiedad del campo o "paz de las bestias", se garantizaba con el bovaticum o bovatge, importe del cual, en principio, tenía que servir para sufragar a los ejércitos encargados del mantenimiento de la paz y para compensar a las víctimas de la violencia. Por otra parte, la protección de la moneda también se insertó dentro de la institución de Paz y Tregua

Según Thomas N. Bisson, los reyes convirtieron el bovatge en el primer impuesto estatal de la historia de Cataluña; en 1188, Alfonso el Casto había creado una milicia rural basada en los servicios obligatorios de las masías y, además, una fuerza de paz como era el ejército diocesano que recibía ninguna remuneración; por otro lado, Pedro el Católico impuso un bovatge a la diócesis de Vich para sufragar una expedición en respuesta a la victoria sarracena de Alarcos; este cobro se realizó posteriormente para sufragar la participación en la Batalla de las Navas de Tolosa. En Cataluña, el rescate de la paz se convirtió en un impuesto de guerra.

En el 1173 en Fondarella, Alfonso el Casto había impuesto el bovatge que en Cataluña sólo contaba con un precedente en Cerdaña, en el momento de la adquisición del condado por Ramón Berenguer III. Cuestionado la legitimidad, los nobles lo rechazaron, y en Gerona (1188) obligaron a Alfonso el Casto a prometer que no volvería a exigirlo; Pedro el Católico, que no se sintió obligado por la promesa de su padre, reclamó de nuevo el impuesto al ascender al trono (1196).

Durante el reinado de Pedro el Católico, las relaciones políticas entre la nobleza y el monarca estuvieron condicionadas por la constante penuria económica del rey. Pedro el Católico tuvo una política exterior muy costosa, como los censos anuales que en 1024 se obligó a pagar a la Santa Sede o la campaña de las Navas de Tolosa; por otra parte, el rey era desmesuradamente pródigo a causa de su afición al lujo y a la fiesta. Por eso dilapidó casi todo el patrimonio real y, alejándose de las directrices marcadas por Ramón de Caldes, recurrió de nuevo al crédito de los magnates que siempre exigían contrapartidas políticas: poder actuar como señores en los dominios de la corona que el rey había empeñado como garantía de sus préstamos.

Por otro lado, no eran sólo los acreedores del rey los únicos que se aprovecharon de su prodigalidad. La nobleza utilizó la penuria económica del monarca para obtener concesiones. En una carta fechada en Gerona el 22 de marzo de 1205, Pedro el Católico prometió renunciar al bovatge y al monedatge esperando obtener una compensación económica a su renuncia; como por esas mismas fechas el rey recibió una importante suma de dinero proveniente de otras fuentes, no tuvo que cumplir con su promesa, y la carta de Gerona no llegó a tener vigencia legal.

En consecuencia, en 1205, Pedro el Católico impuso un nuevo monedatge en Cataluña y Aragón; en 1207,un bovatge a la asamblea de Paz y Tregua de Puigcerdá; en el 1209 alteró la moneda de Barcelona; en el 1210 exigió un bovatge en Cerdaña y Rosellón, y en 1211, otro para costear la expedición a Las Navas de Tolosa. Los potentados no pudieron así suprimir estos tributos pero si que obtuvieron una importante conquista: excepto en el momento de acceder al trono el rey tenía que solicitar los impuestos delante de una asamblea de nobles que aprovechaban para reivindicar sus derechos ante el poder la corona.

Como la posición de la aristocracia fue la de defender sus reivindicaciones no por la revuelta armada, sino negociando con el rey en el marco de las Asambleas de Paz y Tregua, se pusieron las bases de la monarquía pactista bajo-medieval, con el poder absoluto del rey frenado el desarrollo de las Cortes-representación de los estamentos del reino-, derivadas de la evolución de las antiguas Asambleas de Paz y Tregua, a las que, a partir de la reunión de Barcelona de 1198, participaban, junto con los nobles y los clérigos, los representantes de las ciudades de realengo.

Los recortes impuestos por la aristocracia a la Paz y Tregua, la cual, sin embargo se convirtió en base del orden público catalán, como el circunscribirla a los dominios de realengo- idea expuesta en la asamblea de Barcelona de 1198 y reiterada en asambleas siguientes como la de Barcelona de 1200 y de Cervera de 1202- sirvieron para legitimar la opresión de los campesinos por el régimen señorial, que la Paz y Tregua pretendía limitar, y así, es en los últimos años del siglo XII que se pusieron las bases legales para definir el estatus servil del campesinado-la condición de remensa- vigente durante toda la Baja Edad Media.

Bibliografía[editar]

  • fuentes consultadas: Enciclopedia Británica.

Referencias[editar]