Paraíso fiscal

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Un paraíso fiscal (en inglés tax haven, «refugio fiscal»[1] ) es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos.

Definición[editar]

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,[2] cuatro factores clave son utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:

  1. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.
  2. Si hay falta de transparencia.
  3. Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
  4. Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aún cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

Una característica de un paraíso fiscal es que en el mismo suelen convivir dos regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. Por un lado, el que afecta a los residentes y empresas locales, los cuales están sujetos al pago de impuestos como en cualquier otro país y, por el otro, el de los no residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen tener prohibida cualquier actividad económica o de inversión dentro de su territorio. Para facilitar la separación de estas dos economías paralelas, usualmente se cuenta con legislación e instituciones especialmente reservadas a los no residentes, como los bancos offshore o las sociedades IBC (International Business Companies).

Otro rasgo identificatorio de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente (registered agent). Estas características han provocado que estos países, a menudo muy pequeños en extensión y población, hayan conseguido acumular a 2009 un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo, según el FMI.[3] Históricamente se los ha acusado de servir de cobijo a evasores de impuestos, terroristas y narcotraficantes que esconden sus identidades tras sociedades offshore, cuentas numeradas, directores fiduciarios, fundaciones, trusts o acciones al portador.

La presión de diversos organismos internacionales, especialmente la OCDE y el GAFI, ha conseguido que, en los últimos años, muchos paraísos fiscales, hayan accedido a hacer ciertas concesiones en materia de intercambio de información, especialmente en lo relativo a la colaboración en el esclarecimiento de delitos graves. También el sector bancario aplica ahora estrictas políticas de identificación de sus clientes, conocidas como "due diligence". No obstante, en muchos casos la opacidad de estos territorios todavía es importante, así como lo son sus ventajas fiscales. Esto es aprovechado por sectores muy diferentes de la economía, desde ahorradores privados, pasando por inversores, empresas de importación y exportación, hasta grandes multinacionales, bancos y aseguradoras.

Por otro lado, muchos países (particularmente los miembros del OCDE) han promulgado leyes que pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el pago de impuestos mediante sociedades en paraísos fiscales. En estos casos, estas sociedades se consideran como una corporación extranjera controlada o CEC, aplicándose a su dueño un régimen de transparencia fiscal, es decir, considerando los ingresos de dicha compañía como generados directamente por su propietario. En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos países cuentan con acuerdos bilaterales en materia de doble imposición internacional o, si existen, se excluyen de ellos expresamente a las sociedades no residentes.

Listas de paraísos fiscales[editar]

Paraísos fiscales según la OCDE[editar]

Los paraísos fiscales enumerados en la lista publicada por la OCDE el 2 de noviembre de 2011 son:[4]

Territorios que se comprometen a mejorar la transparencia e intercambio de información[5]

Paraísos fiscales en la legislación argentina[editar]

Según el Decreto 1344/98 del 19/11/98

Además de los paraísos fiscales que figuran en la lista de la OCDE, Argentina ha catalogado a otros países o territorios como de "baja o nula tributación":[6]

Otros territorios con centros financieros Paraísos fiscales[7]

² Bangkok International Banking Facilities (BIBFs).

Paraísos fiscales en la legislación española[editar]

Según el Real Decreto 1.080/1991, de 5 de julio de 1991,[8] la lista de países con calificación de paraíso fiscal es la siguiente:

Otros paraísos fiscales[editar]

  • Estados Unidos cuenta con legislaciones en algunos estados, como Delaware, Wyoming o Nevada que de facto permiten una exención de impuestos para sociedades limitadas (LLC) en manos de extranjeros no residentes, siempre y cuando no mantengan un establecimiento físico en el país.
  • Reino Unido es un paraíso fiscal para personas con domicilio en el extranjero, incluso aunque sean residentes en el país (residencia y domicilio son conceptos legales separados en el Reino Unido), pues no pagan impuestos sobre los ingresos extranjeros que no se remitan al Reino Unido. Parecidas situaciones se encuentran en otros pocos países, incluyendo Irlanda.
  • Suiza es un paraíso fiscal para los extranjeros que se hacen residentes tras negociar la cantidad de sus ingresos sujeta a impuestos con el cantón en el que pretenden vivir. Típicamente se asume que los ingresos imponibles son cinco veces la renta de alojamiento pagada.
  • Hong Kong y Macao tienen tasas de impuestos muy bajas y en ciertos casos incluso nulas, por ello podrían ser considerados paraísos fiscales.
  • Uruguay era considerado un paraíso fiscal por otros países, ya que tiene una política de exoneración fiscal y secreto bancario para atraer inversiones. Sin embargo, el gobierno introdujo una reforma tributaria con Impuesto a la Renta de las personas físicas, eliminó las SAFI (Sociedades Financieras de Inversión que daban cobertura legal a empresas off-shore) y se comprometió a cumplir con las estándares tributarios de la OCDE.[9]

Cantidades[editar]

Aunque incompletas, y con las limitaciones discutidas más abajo, las estadísticas disponibles indican, no obstante, que el sector bancario extraterritorial (offshore) es una actividad más que considerable. Los cálculos del FMI basados en datos del BPI sugieren que los activos extraterritoriales incluidos en los Estados financieros de las instituciones bancarias alcanzaban los 4,6 billones de dólares a fines de junio de 1999, lo que suponía aproximadamente la mitad del total de activos extraterritoriales. De ellos, 0,9 billones estaban en territorios del Caribe, 1 billón en Asia y la mayoría de los restantes 2,7 billones en centros financieros internacionales como Londres, Estados Unidos y Japón. En el caso de los Estados Unidos estaban amparados en las franquicias bancarias internacionales (International Banking Facilities (IBFs)) y, en el de Japón, en el Mercado "Offshore" Japonés (Japanese Offshore Market (JOM)).[10]

Así mismo, según un estudio realizado por la Tax Justice Network (grupo dirigido por el antiguo economista principal de la consultora McKinsey y experto en paraísos fiscales, James Henry), es posible que existan entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado un aproximado de 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos. Se estima que estas cantidades se encuentran concentradas en "jurisdicciones enormemente proteccionistas", como Suiza o las islas Caimán, con la ayuda de bancos privados que tienen el objetivo de atraer a los llamados "individuos de alto valor neto". La riqueza de estas élites económicas, según Henry, está protegida por un grupo de profesionales, muy bien pagado y disciplinado, que se aprovechan de una economía global cada vez más transfronteriza y con menos fricciones. Los estados ricos en petróleo cuya élite suele caracterizarse por su gran movilidad son especialmente propensos a depositar su riqueza en estas cuentas, en lugar de invertir en su propio país. El estudio también pone como ejemplo a Arabía Saudí, de donde escaparon 179.000 millones de euros o Nigeria, con 250.000 millones de euros a la fuga.[11]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]