Organización territorial de España

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Comunidades Autónomas de España.

La organización territorial de España, un Estado autonómico, está basada en lo que indica el artículo 2 de la Constitución española de 1978, que declara la unidad indisoluble de la nación española, garantizando el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.[1] Este artículo está desarrollado por el Título VIII «De la Organización Territorial del Estado» cuyo artículo 137 dice:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.[2]

Tras los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992, España se vertebra en 17 comunidades autónomas, incluyendo una comunidad foral, y dos ciudades autónomas. Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias hasta un total de 50 en todo el territorio nacional. A su vez cada provincia está dividida en un número variable de municipios que en toda España suman un total de 8.116.[3] Los municipios son las entidades territoriales básicas en la organización territorial de España.

Existen otras entidades territoriales con personalidad jurídica que consisten en agrupaciones de municipios (comarca mancomunidad de municipios) o en entidades de rango inferior al municipio, conocidas como entidades locales menores.

Judicialmente, cada provincia se divide en varios partidos judiciales, a los que pueden pertenecer varios municipios.

Las 17 comunidades autónomas son: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y La Rioja. A estas se añaden Ceuta y Melilla como ciudades autónomas, y también unos determinados territorios situados en el norte de África conocidos como plazas menores de soberanía, que son las Islas Chafarinas, Isla de Alborán (aunque pertenece a Andalucía), Islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera. Estos territorios son administrados directamente por el gobierno español desde Madrid. Como curiosidad también existe un municipio llamado Llivia perteneciente a la provincia de Gerona, Cataluña, que está rodeado en su totalidad por territorio francés.

Principios de la administración territorial[editar]

  • Principio de autonomía: la Constitución dota de autonomía a estos entes, pero el Estado es el único soberano. Las Comunidades autónomas tienen potestades legislativas y autonomía política dentro de sus competencias y territorio. La administración local tiene facultad para la gestión de sus intereses, pero no tiene capacidad legislativa.
  • Principio de participación democrática: las instituciones se eligen a través de elecciones democráticas por sufragio universal, libre, secreto y directo.
  • Principio de autonomía financiera: los entes territoriales dispondrán de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se nutren de tributos propios y de su participación en tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
  • Principio de solidaridad: el Estado debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, estableciendo un equilibrio económico adecuado. Para ello se crea el Fondo de Compensación Interterritorial, dotado en los Presupuestos Generales del Estado y que se vincula a proyectos que promueva el crecimiento de la renta.
  • Principio de estado unitario: el modelo de estado autonómico es una mezcla entre los modelos de estado integral republicano francés y estado regional italiano. En el estado unitario la soberanía reside en el pueblo español y no es divisible, y es el Estado el que tiene el poder económico y las competencias en política exterior y de protección del territorio nacional.
  • Principio de unidad económica: todos los españoles tiene los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes en el territorio.

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]

Notas[editar]

  1. «La Constitución Española de 1978». Noticias Jurídicas. Consultado el 12 de febrero de 2011. «Artículo 2».
  2. «La Constitución Española de 1978». Noticias Jurídicas. Consultado el 12 de febrero de 2011. «Artículo 137».
  3. Instituto Nacional de Estadística. «Relación de municipios y códigos por provincias a 01-01-2011». Consultado el 12 de febrero de 2011.