Minga Indígena

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La Minga indígena, Minga Nacional o Gran minga por la vida fueron unas marchas de protestas, realizada por entre 45.000 y otros de 60.000 indígenas de diferentes étnias, principalmente Nasa, que cubrió cerca de 120 kilómetros entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca (Colombia).[1] Después se dirigió a Bogotá, el 2 de noviembre, ya que no lograron ponerse de acuerdo con el presidente Álvaro Uribe durante un debate realizado en Piendamó, departamento del Cauca.

Antecedentes[editar]

Tras el incidente de la Masacre de El Nilo, el gobierno y los indígenas acordaron en 1991 restituir a los indígenas con tierras y respeto a sus culturas. Los indígenas del departamento del Cauca han demostrado de ser organizados y unidos, por organizar una guardia de 13 mil personas que con bastones ceremoniales de su pais

se han enfrentado a la guerrilla de las FARC, como en el caso del municipio de Jambaló. 300 de sus miembros rescataron a siete funcionarios de esa municipalidad que habían sido secuestrados unas horas antes por presuntos integrantes de las Farc.[2] También evitaron que las FARC asesinaran a 18 policías del cuartel del municipio de Toribío.[3] Rescataron de las FARC en el municipio de Caldono al misionero suizo Florián Arnold.[4] Cuando las FARC secuestraron al alcalde del municipio de Toribío, Arquímedes Vitonás, 400 guardias indígenas entraron a la selva del departamento del Caquetá y lograron que la FARC lo liberaran.[5]

Causas[editar]

La causa de la protesta buscaban reclamar tierras que se habían prometido entregar a las comunidades indígenas en administraciones anteriores desde 1991 y que habían incumplido. Hicieron un llamado de atención por los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos del que son víctimas las comunidades indígenas por parte de los actores del "conflicto armado colombiano", en el que participan principalmente las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional, reductos de grupos paramilitares y la fuerza pública del gobierno. Protestan además por lo que llaman "el continuo desmonte de las garantías constitucionales y legales que fueron otorgadas en la Constitución de Colombia de 1991 como la autonomía de los territorios indígenas establecida en el Artículo 286. Protestan contra los tratados contra el Alca y el TLC porque los perciben como una amenaza sobre dicha autonomía, los recursos naturales y la biodiversidad.[1]

La Minga y Los Mingados[editar]

Los indígenas congregaron, el 12 de octubre de 2008, entre 45.000 y otros de 60.000 indígenas de diferentes étnias, principalmente Nasa, para marchar cerca de 120 kilómetros desde Santander de Quilichao, departamento del Cauca hasta Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.Los mingados eran indios aislados definitivamente de sus pueblos de origen y que dependen de un señor feudal.

Conflicto con el gobierno[editar]

El gobierno colombiano desconoce la definición de conflicto armado en Colombia y alega que los indígenas utilizan el pretexto autonómico, para desconocer en ocasiones a las autoridades legítimas del gobierno, como sucede con los 44 gobernadores indígenas que se concentraron en Bogotá. Los indígenas buscaban la libertad del dirigente Alcibiades Escué, investigado por la Fiscalía por presuntamente estar implicado en el desvío de recursos de la salud de una ARS en el departamento de La Guajira hacia grupos ilegales.[3] [6]

Muerte de Edwin Legarda[editar]

Edwin Legarda murió el 16 de diciembre de 2008, en un hospital de Popayán tras recibir tres tiros de fusil disparados por soldados en la carretera que comunica a Inzá con Totoró, en el departamento del Cauca.[7] El vehículo en el que se transportaba Legarda según reportes de los mismos soldados, hizo caso omiso a las señales para que se detuviera en el retén militar sobre la carretera.

Legarda era esposo de Aída Quilcué, líder de la organización indígena Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).[7]

El 17 de diciembre, el presidente Uribe, lamento los hechos, expreso su dolor y "profundas condolencias" a la señora Aída Quilcué y pidió abrir una investigación a la Procuraduría, a la Fiscalía y también al delegado de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, que preside la Delegación en Colombia, agregando que el Gobierno se haría responsable de las conclusiones de dicha investigación.[8]

El caso fue condenado por numerosas organizaciones indígenas en latinoamerica y por organización no gubernamentales importantes como Amnistía Internacional.[7]

Pero este caso como muchos,reina la impunidad

Véase también[editar]

Referencias[editar]