Masacre de Mapiripán

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Masacre de Mapiripán
Lugar Bandera de ColombiaMapiripán, Meta, Colombia
Coordenadas 2°53′31″N 72°08′01″O / 2.89194, -72.1336Coordenadas: 2°53′31″N 72°08′01″O / 2.89194, -72.1336
Blanco(s) civiles y militares
Fecha 15 al 20 de julio de 1997 (17 años)
Tipo de ataque asesinato masivo
[editar datos en Wikidata]

La Masacre de Mapiripán es el nombre con que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país.

Según declaró ante la justicia Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia hoy preso en los Estados Unidos y desmovilizado tras un proceso de paz, los grupos paramilitares habrían sido favorecidos por la complicidad del ejército, la policía, algunos habitantes y funcionarios públicos y de asesores norteamericanos en el área.[1]

El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre.[2]

Masacre de Mapiripán[editar]

La víspera[editar]

Semanas antes se prepararon integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región de Urabá, norte de Colombia, para efectuar un operativo de ataque frontal contra presuntos colaboradores y auxiliadores de las guerrillas en el sur del país. Esta ofensiva, que se llevaría a cabo concretamente en los departamentos del Meta, Putumayo y Caquetá, fue coordinada por el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso, quien fue uno de los cerebros en muchas otras masacres antes y después junto con Carlos Castaño Gil, jefe de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) junto con los jefes de las AUC Miguel Arroyave, alias 'Arcangel' Héctor Germán Buitrago Parada, alias 'Martín Llanos' y Pedro Olivierio Guerrero Castillo, alias 'cuchillo' y presumiblemente en asociación con el llamado "zar de las esmeraldas" Victor Carranza . [1]

Según pudo establecer posteriormente la Fiscalía, un alto oficial fue quien ideó el plan para introducir paramilitares en la zona cerca de Mapiripán, y así complementar los trabajos de fumigación de plantaciones de coca por parte de la Policía Antinarcóticos, con quienes coordinó las futuras operaciones y dar apoyo a los Boinas Verdes, estos últimos junto a los paramilitares le darían “…una lección a la guerrilla”. [2]

Una semana antes de la Masacre llegaba de Montería (Córdoba), dos aviones llenos de pertrechos militares y otros equipos, el armamento fue guardado en un hospedaje en la ciudad de San José de Guaviare, la logística fue coordinada por el coronel Lino Sánchez, el sargento Juan Carlos Gamarra (quien pertenecía a la inteligencia militar) y el paramilitar jefe de zona apodado Rene (Luis Hernando Méndez Bedoya), también se realizaron las gestiones para conseguir los vehículos terrestres y lanchas rápidas que trasladarían a los miembros de las autodefensas al Municipio de Mapiripán, que sería la cabeza de playa para buscar el control del sur de Colombia. [3]

El grueso de las tropas del Batallón Joaquín París se envío a Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando sin ejército efectivo Mapiripán y San José de Guaviare, también fueron despachadas las reservas con base en informes falsos sobre posibles movimientos masivos de la guerrilla a esas localidades. [4]

Ya días antes de la masacre algunos habitantes por rumores que algo serio venía, o por el conocimiento de lo que ocurriría abandonaron el Municipio, entre ellos el Alcalde Municipal, el Personero, el registrador municipal y el inspector de policía. Anteriormente, en marzo, al Alcalde municipal señor Jaime Calderón Moreno le efectuó la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) un “juicio popular” del cual lo encontraron inocente de los cargos que se le inculpaban, su hermano Jaime sería asesinado por paramilitares en una segunda masacre. [5]

La llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia[editar]

El día 12 de julio arribaron dos aviones, un Antonov-32 y un Douglas DC-3 con los últimos integrabtes de las Autodefensas Unidas de Colombia provenientes de Apartadó y Necoclí, las aeronaves habían despegado desocupadas inicialmente de Bogotá y Medellín, estos últimos descendieron sin complicaciones a pesar de que el aeropuerto estaba controlado por el Batallón Joaquín París y la Policía Antinarcóticos, cerca de allí se reunieron con 200 integrantes más de las AUC que estaban uniformados, armados y listos para entrar a la ofensiva. [6]

El día 13 de julio, las lanchas con algunos integrantes de las AUC fuertemente armados parten de San José de Guaviare al “Barrancon”, base de la Brigada Móvil 2 del ejército, de 3 batallones contraguerrilla, un grupo de Marina y La Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército, un sargento les dio vía libre hacia Mapiripán, por carretera (La Trocha Ganadera) otro grupo se desplazaba en camiones y vehículos todo terreno, ellos anunciaban a viva voz que eran de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” y llegaban a la región a quedarse, los lugareños curiosos se acercaban a observarlos, la guerrilla se había retirado días atrás de la zona a una reunión interna. [7]

La masacre[editar]

Convergen hacia Mapiripán paramilitares provenientes del mismo Meta, del Casanare, Antioquia, Córdoba y de otras zonas del País, que Castaño denominó frente Guaviare de las AUC, igualmente se reúnen con mercenarios extranjeros. Se dispersan por todo el Municipio el 15 de julio, antes de arribar al poblado cometieron los primeros homicidios en la madrugada.[3]

Los paramilitares se pasearon libremente en el pueblo y sus alrededores, a pesar de que era informado sobre el desarrollo de la masacre el Ejército Nacional, la Cruz Roja Internacional, la Procuraduría de la Nación y la Fiscalía. El Estado dejó a la suerte del grupo armado a sus habitantes. Al Mayor encargado Hernán Orozco se lo puso al tanto de la situación por el Juez de Mapiripán Leonardo Iván Cortés Novoa, el primero informo a su superior General Jaime Humberto Uscátegui, recomendándole un operativo militar sorpresivo sobre los paramilitares para evitar asesinatos masivos en los próximos días, el general ordenó al Mayor eliminar el comunicado y cambiarlo y no mencionar nada relacionado sobre los paramilitares.[3]

Durante 5 días con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales, cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quienes habitaban, con una “lista negra” previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban, desvisceraban y degollaban a sus víctimas, muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare, así fueron eliminando las pruebas los victimarios.[3] Las autoridades informaron que fueron asesinadas al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazados.[4]

Evacuación[editar]

Los habitantes fueron evacuados vía aérea, fluvial y por carretera desde el 21 de julio, por la Cruz Roja Internacional, llevados a Villavicencio la capital del departamento y San José de Guaviare, en esta última ciudad, en el aeropuerto algunos paramilitares estaban presentes recibiendo entrenamiento militar, a pesar de la presencia del Ejército y Asesores de Estados Unidos. [8]

Post-masacre[editar]

Hasta el 21 de julio los paramilitares permanecen en el poblado, esa misma mañana los colombianos conocen por los medios de comunicación la magnitud de los asesinatos, y se inicia la investigación de la Fiscalía y señalamientos a los militares y a la policía. Inicialmente se pretende que la Justicia Militar asuma la investigación de lo ocurrido, pero los tribunales civiles asumen el asunto, por orden de la Procuraduría, no obstante la Justicia Colombiana no logra avanzar en el esclarecimiento real de los hechos. [9]

El Ejército proveniente de Calamar llegaría al municipio hasta el 23 de julio, informando que no encontró perturbación del orden público ni elementos sospechosos en la zona. [10]

Los paramilitares se concentran en los alrededores del poblado, asumen control de algunas fincas cocaleras, posteriormente se producirá la Batalla de Mapiripán, luego la segunda masacre o Masacre de Puerto Alvira, y en años posteriores los habitantes abandonarían la población en repetidas oportunidades, ante los continuos enfrentamientos entre la guerrilla por un lado y los paramilitares, Ejército y Fuerza Aérea por el otro. Los familiares de las víctimas terminan desplazados, viviendo en otras poblaciones, en la indigencia y algunos exiliados en diferentes países. [11]

Juicio[editar]

Investigación[editar]

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía formuló imputación de cargos contra cuatro integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos los criminales Salvatore Mancuso y el capitán Jorge Humberto Victoria, por la masacre de Mapiripán. La Fiscalía argumentó que la masacre de Mapiripán, que se dio accidentalmente porque su objetivo era Caño jabón, considerado foco de las FARC.[5]

El 25 de marzo de 1999, el ya Coronel Orozco, es llamado a indagatoria por la Fiscalía, se ve obligado[cita requerida] a confesar al ver que el primer documento (que estaba presuntamente destruido) y el falso estaban en manos de la justicia. Este Coronel es amenazado, al igual que su familia, por militares y particulares. Su hermano Andrés (Jefe de un grupo Gaula del Ejército) es asesinado. Orozco termina exiliado en los Estados Unidos con su familia.[6]

El 31 de julio de 2001, son citados por el caso a la Procuraduría, la directora de la DIAN (Departamento Nacional de Impuestos) Fanny Kertzman y al general (r) de la Policía José L. Gallego, para ampliar la declaración del ex secretario de Antioquia Pedro Moreno, quien los acusa de amenazarlo sí no colabora manteniéndose callado, ya que este último señala que el general (r) le mando a decir que sabia de antemano lo que ocurriría y la participación del Ejército Nacional y del Ejército de los Estados Unidos en la Masacre. [12]

Sentencia contra las AUC[editar]

En abril de 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condena en ausencia al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a 28 años y dos meses de cárcel, tras considerar que la evidencia recolectada por el CTI de la Fiscalía no era suficiente para determinar su muerte.

El Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó[7] a 320 meses de cárcel al extraditado jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso, por la masacre de Mapiripán, Meta. El juez encontró a Mancuso responsable de los delitos de homicidio múltiple agravado, secuestro extorsivo agravado y terrorismo. Además encontró que Salvatore Mancuso fue autor[8] intelectual de esta masacre. Por el caso Mapiripán el extraditado exjefe paramilitar aceptó[9] los cargos que le imputa la Fiscalía para recibir una rebaja en la pena.

Caso José Jaime Uscáteguí[editar]

Juicio[editar]

El 10 de marzo de 2003, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía llamo a juicio al general Uscátegui. En declaraciones publicadas por la Revista Cambio, el general afirma que es inocente, cuestiona la responsabilidad de otros mandos militares y da a entender que durante el juicio podría aportar pruebas sobre los nexos entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el ejército.[10]

Absolución[editar]

Uscategui estuvo preso desde el año 1999,[11] ocho años y seis meses después de que un fiscal de derechos humanos ordenó su captura por los delitos de omisión, homicidio y secuestro.En noviembre del 2007, un juez especializado declaró inocente[12] a Uscátegui por los cargos de homicidio y secuestro que le imputaban[13] por este hecho. El juez consideró que Uscátegui, que era comandante de la Brigada VII, no participó en el plan criminal que movió a unos 180 paramilitares desde Urabá, en dos aviones, hasta el lugar de los hechos.

El juez noveno especializado de Bogotá absolvió por la masacre de Mapiripán descartó[14] la omisión en lo que fue la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 15 y el 20 julio del año 1997.

Revocatoria de Absolución[editar]

El 25 de noviembre del 2011 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y le impuso condena de 40 años, que fueron rebajados a 37.

En medio del proceso contra el general se presentó una certificación firmada por Juan Manuel Santos hoy presidente de la República de Colombia, cuando era ministro de Defensa, en el que asegura que para el momento de la masacre, el Batallón París, que habría colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia que llegaron desde Urabá, no dependía de José Jaime Uscátegui sino de la Brigada Móvil número 2, con sede en San José del Guaviare.

"Uscátegui no tenía responsabilidad o mando operacional en las tropas de Mapiripán"[15]

Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa

Algunos tribunales son declarados incompetentes, lo que da tiempo para que varios responsables evadan la justicia, el integrante de las AUC, Rene logra escapar de la cárcel en Villavicencio, y solo algunos militares son detenidos y ex funcionarios públicos. Los afectados por la perdida de sus familiares ven la posibilidad de la impunidad al no ser capturados a los responsables y a los actores materiales del hecho. El Coronel Lino Sánchez Pardo es condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá. [13]

Sentencia contra Uscátegui[editar]

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme[16] la condena de 37 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples perpetrados durante la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. La Corte determinó que Uscátegui, en calidad de comandante de la VII Brigada del Ejército, tenía mando operacional sobre el Batallón de Infantería Joaquín París, el más cercano al lugar y cuyo comandante, el mayor Hernán Orozco Castro, le informó oportunamente la toma violenta del municipio de Mapiripán por parte del grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Sin embargo, la Corte descartó[17] que haya sido aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia que cometieron la masacre.

La Procuraduría pidió[18] dejar en firme la absolución proferida en primera instancia por un juzgado de Bogotá y revocar la condena proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, así como establecer plenamente las víctimas de la masacre y compulsar copias para determinar judicialmente el número de las víctimas de la masacre y las personas que fueron secuestradas por los paramilitares. La Procuraduría General de la Nación instó a la Corte Suprema de Justicia para que, en el evento que se decida mantener en firme la sentencia condenatoria, precisara que el general (r) Uscátegui cometió el delito a título de autor por omisión impropia o comisión por omisión, y no como coautor impropio por acción.

Controversias[editar]

  • Daniel Coronell columnista de la Revista Semana calificó de "chambonada jurídica" la sentencia de segunda instancia contra el General (R) José Jaime Uscátegui. Según Coronell, los magistrados han considerado como pruebas irrefutables frases que Uscátegui jamás ha pronunciado, añade además que la lectura poco cuidadosa del expediente llevó a los altos jueces a atribuirle al hoy condenado lo que en realidad dijo otra persona.

"Si el general Uscátegui no era comandante en la zona de la masacre, ni en el lugar de Urabá, de donde partieron en vuelos charter los paramilitares que cometieron el múltiple crimen, mal podría atribuírsele responsabilidad por omisión o por acción en ese crimen múltiple."[19]

Daniel Coronell, Revista Semana
  • En septiembre del año 2006 el entonces congresista Gustavo Petro[20] salió en defensa de Uscátegui y sostuvo que la brigada del general no tenía jurisdicción sobre Mapiripán. Y añadió que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ayudó al coronel Orozco a buscar refugio en Estados Unidos si señalaba a Uscátegui.

"A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión nacional e internacional, la condena del general que la del que verdaderamente había propiciado la masacre"[21]

Gustavo Petro Urrego, Congreso de la República de Colombia (2006)

Condena Internacional[editar]

Petición[editar]

El 6 de octubre de 1999, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de la República de Colombia en la cual se alega que entre el 15 y el 20 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de miembros del grupo paramilitar conocido como “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) privaron de la libertad, torturaron y masacraron a aproximadamente 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos a las aguas del río Guaviare, en el municipio de Mapiripán, Departamento del Meta, con la colaboración, por acción y omisión, de miembros del Ejército Nacional colombiano.[22]

Alegato del Estado Colombiano[editar]

El Estado alegó[23] que el proceso judicial sustanciado en el ámbito doméstico para esclarecer los hechos de Mapiripán y juzgar a los responsables se encuentra aún en marcha. Consecuentemente solicitó a la Comisión que declarara el caso inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos, en aplicación del artículo 46 de la Convención Americana. En respuesta, los peticionarios alegaron que el caso se encuadra en las excepciones al agotamiento de los recursos internos previstos en el artículo de ese Tratado debido a que ciertos miembros del Ejército presuntamente involucrados en los hechos estaban siendo juzgados por la justicia penal militar.

Admisión[editar]

. La CIDH aprobó un informe de fondo en que encontró violación a los derechos humanos en el caso, y emitió una serie de recomendaciones al Estado para reparar la situación y adoptar medidas de no repetición, de acuerdo al Artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. [14]. Debido a que el Estado no cumplió con esas recomendaciones, la Comisión decidió litigar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.[15] En su informe anual correspondiente a 2005, la Comisión Interamericana señaló: [16]

Demanda[editar]

"El 5 de septiembre de 2003, la Comisión presentó ante la Corte la demanda en el caso 12.250, Masacre de Mapiripán, contra Colombia, que concierne la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal), en perjuicio de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán. La Comisión también solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la masacre y sus familiares. El 7 de marzo de 2005, tras haber escuchado el mismo día a las partes en audiencia pública sobre excepciones preliminares, y haber recibido del Estado el retiro de una de ellas y un allanamiento estatal a algunas de las pretensiones presentadas por la Comisión, la Corte emitió una sentencia en la cual

a. admitió, para todos sus efectos, el desistimiento por parte del Estado de la primera excepción preliminar referente a la “aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana”;

b. admitió, para todos sus efectos, el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 29 y 30 de la presente Sentencia;

c. desestimó la segunda excepción preliminar relativa al agotamiento de los recursos internos y decidió continuar con el conocimiento del caso; y

d. decidió continuar con la audiencia pública, así como los demás actos procesales relativos al fondo y las eventuales reparaciones y costas en el caso.

Sentencia[editar]

El 15 de septiembre de 2005 la Corte emitió sentencia sobre el fondo del caso. En ella, declaró violados en perjuicio de las víctimas del caso los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado; que el Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado; y violó en perjuicio de las víctimas menores de edad los derechos de los niños consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 4, 5 y 1.1 de la misma.

La Corte declaró también que el Estado violó en perjuicio de quienes fueron niños y niñas desplazados de Mapiripán los derechos de los niños consagrados en dicha disposición de la Convención, en relación con los artículos 4, 22 y 1.1 de la misma, y en perjuicio de varias víctimas de desplazamiento el derecho de circulación y residencia consagrado en el artículo 22.1 de la Convención.

Por último, la Corte declaró que el Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

En la sentencia, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes". (Todo el texto de arriba es cita del informe anual 2005 de la CIDH, disponible en [17])

El texto íntegro de la sentencia de la CorteIDH está en: Sentencia de la CorteIDH sobre el caso de la masacre de Mapiripán. en esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano como responsable por la masacre, al determinar que servidores estatales y particulares coordinaron las acciones que producirían el lamentable suceso, por consiguiente considera la Corte que el Estado violo los derechos a la libertad personal, la integridad personal y a la vida, igualmente los derechos a los niños, y asimismo al no dar ningún tipo de apoyo a los familiares de las víctimas violo los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en dicho convenio. Y da las recomendaciones y ordena el esclarecimiento de la verdad y reparación de las víctimas por el Estado.

En el marco del proceso de este caso ante la CorteIDH, las víctimas del caso que estaban citadas a testificar ante la Corte Interamericana en una audiencia fueron amenazadas, y solicitaron a la Corte la adopción de medidas de protección. Relato completo en párrafos 373 y 374 de la sección sobre Medidas Provisionales del Informe Anual 2005 de la Comisión Interamericana. El Presidente de la Corte adoptó medidas urgentes de protección el 4 de febrero de 2005, y la Corte en pleno adoptó medidas provisionales el 27 de junio de 2005, para la protección de los testigos amenazados. [18], en base a las atribuciones que le confiere el Artículo 63 de la Convención Americana [19].

El texto completo de la decisión de la CorteIDH para la adopción de medidas provisionales (acción urgente en que la Corte ordena al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad de las personas amenazadas) está disponible en la página de la Corte. texto de la Resolución de la Corte del 27 de junio de 2005.

Desestimiento de Revisión[editar]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó[24] un pedido de revisión del Estado colombiano de una sentencia sobre una masacre ocurrida en 1997.La corte, basada en Costa Rica, afirmó que sus sentencias tienen carácter "definitivo e inapelable" y de esta manera desestimó la solicitud de revisión que el Estado le presentó febrero pasado por una condena impuesta en el 2005 por la CIDH a Colombia por una masacre paramilitar en el sur colombiano.

Desarrollos posteriores[editar]

La Corte manifiesta que ninguna ley interna puede impedir al Estado cumplir con la obligación de castigar a los responsables por la grave violación de los derechos humanos.Ver sentencia de la CorteIDH sobre el caso

Al ser promulgada la “Ley de Justicia y Paz” cobijó a varios de los implicados que se encuentran en un proceso de desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hacia finales de 2005 y durante el 2006. Así la medida de aseguramiento contra Salvatore Mancuso (condenado a 40 años de prisión) fue suspendida temporalmente por la Fiscalía.[cita requerida] Mancuso fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz y extraditado a los Estados Unidos por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

El 28 de noviembre de 2007, el Juzgado 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al General Jaime Humberto Uscátegui por los delitos de homicidio agravado y secuestro en el proceso de la masacre de Mapiripán. El 23 de noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución y condenó al General Uscátegui a 40 años de prisión por estos mismos delitos.[25]

Falsas Víctimas[editar]

En el año 2000 la señora Mariela Contreras Cruz le dijo a la Fiscalía General de la Nación que su esposo había sido asesinado[26] por las FARC. Tiempo después acudió a poner en conocimiento de las autoridades, que su pareja y sus dos hijos habían sido desaparecidos durante la masacre Mapiripán. A las manifestaciones de Contreras se les sumó las declaraciones que para el año 2007 entregaron su hija Zuly y su yerno Argemiro, en las cuales corroboraron las versiones que hasta ese entonces conocían las autoridades. Según la Fiscalía, buscaban darle fuerza y credibilidad a su papel de víctimas, por lo que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió condenar al Estado colombiano a pagar una indemnización por la pérdida de sus tres seres queridos.

Posterior a recibir 3.500 millones[27] de pesos como indemnización la Fiscalía siguió indagando sobre el caso de Mariela y su familia, lo que los llevó a conocer que ninguna de las tres presuntas víctimas había muerto durante la masacre. Se logró comprobar que las personas supuestamente asesinadas por los paramilitares, identificadas como Gustavo Caicedo, esposo de Mariela, y dos de sus hijos, de nombre Diego y Hugo, para la fecha de la masacre se encontraban con vida.

Dentro de las evidencias fueron tenidas en cuenta las declaraciones de diez postulados a la Ley de Justicia y Paz, los cuales aseguraron que estuvieron en la masacre. Indicaron que durante la incursión solo seis personas fueron asesinadas, cuatro más desaparecidas y tres que se habían llevado secuestradas quedaron libres. En ningún momento incluyeron en ese grupo de víctimas al esposo o los hijos de Mariela.

La Fiscalía reveló[28] la existencia de seis falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, el ente acusador tiene evidencias que comprometen los casos de otras cinco personas que no habrían muerto en ese ataque perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia en julio de 1997. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene en su poder un informe que apunta a que los Pinzón, por los cuales Colombia fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó indemnizar a sus familias, no murieron en la masacre.

Según el trabajo de campo de los investigadores, hay vacío en los relatos de los testigos y la información entregada por sus familiares. De hecho, en el caso de José Alberto Pinzón hay un registro de la Registraduría que dice que murió en 1989, ocho años antes de la masacre.

Juicio contra las falsas víctimas[editar]

Mariela Contreras,[29] Zuli Herrera y su esposo, Argemiro Arévalo, aceptaron los cargos por fraude procesal y estafa agravada al confesar que se presentaron como víctimas de la masacre de Mapiripán cuando no lo eran. Según la Fiscalía, estas y otras 10 personas recibieron indemnizaciones por cuenta del Estado que ascendieron a los 3 mil 343 millones de pesos. El ente investigador le dijo al juez que la señora Mariela Contreras conformó una organización para inducir en error a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que finalmente terminó condenando al Estado por esa masacre.

"La Fiscalía ha podido verificar que el señor Gustavo Caicedo Rodríguez murió en hechos diferentes a esta masacre y por acción de miembros de la guerrilla, y que igualmente su hijo Diego Armando Martínez Contreras no desapareció para la fecha de la masacre, sino que se tiene certeza que el 14 de noviembre de 2001 aún se encontraba con vida, y se enfiló en las filas de grupos paramilitares que actuaban en la región en la que ustedes residían, que su hijo Hugo Fernando Martínez Contreras inscribió la cédula de ciudadanía el día 19 de mayo de 1999 en Bogotá para ejercer el derecho al voto, que no desapareció tampoco con motivo de la masacre de Mapiripán, sino que hizo parte, se alistó en el frente 39 de las Farc desde el año 1995 hasta el 6 de agosto de 2005, fecha en la cual se desmovilizó"[30]

Ficalía General de la Nación, Colombia

De los 3.500 millones de pesos que habrían recibido Mariela, Zully y Argemiro, estos han manifestado tener parte del dinero, según la Fiscalía General de la Nación tendrían apenas 400 millones de pesos invertidos en una casa y una finca. Del resto del dinero no se sabe cuál fue su paradero.

Controversias[editar]

Mariela Contreras Cruz ha afirmado[31] que fue engañada en su buena fe por los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo que se aprovecharon de su ignorancia. Añadió que en ningún momento dijo que sus dos hijos estaban muertos. En 2008, tres años después de la condena en contra del Estado emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hijo de doña Mariela apareció en una población cercana a Mapiripán.

"Yo después de muchos trasegares lo traje a Bogotá y lo presente ante el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y les dije aquí está mi hijo, ellos se mostraron sorprendidos. El doctor Carreño habló con él y después de que yo le preguntará cuál era el paso a seguir, él (Carreño) me dijo que ‘dejáramos así"[32]

Mariela Contreras Cruz

Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirmó que desde que tuvieron conocimiento de que al parecer la señora Contreras, se hizo pasar como víctima de la masacre, comenzó el proceso de rembolso del dinero, que un fallo judicial ordenó pagar a la familia.

"Ellos (los abogados del colectivo José Alvear Restrepo) negociaron con nosotros, ahora no sé qué va a pasar. En estos momentos estamos peligrando mis hijos y yo"[33]

Mariela Contreras Cruz

Efectos por Falsas Víctimas[editar]

Se aceptó como víctima[34] en el proceso que se le adelanta a Mariela, su hija y su yerno al general Jaime Humberto Uscátegui, ya que este fue condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre.

Pronunciamiento de la CIDH[editar]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió[35] un comunicado en el que recuerda que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la masacre cometida por paramilitares en 1997. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió un comunicado de prensa el 31 de octubre de 2001, que puede verse aquí: Comunicado de Prensa Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el comunicado señala: "(...) para la determinación de las víctimas es fundamental la información que adjuntan las partes al proceso y las declaraciones de testigos. En este caso, más allá de las declaraciones de los testigos, la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía Nacional de Colombia y en la información y documentación oficial que el Gobierno colombiano aportó a los procesos internos y al proceso en el sistema interamericano de derechos humanos."

"Durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó. La Comisión reitera que es obligación del Estado investigar debidamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia que han costado la vida a miles de colombianos y que han contado con la comprobada aquiescencia y/o participación de agentes estatales. Asimismo, reitera su reconocimiento a las organizaciones de derechos humanos colombianas, que a lo largo de estas últimas décadas han desarrollado su trabajo en defensa de derechos humanos en situaciones de serio riesgo, lo cual ha costado la vida a defensores y defensoras y que ha llevado a la Comisión Interamericana a solicitar reiteradamente al Estado colombiano a respetar y proteger su accionar. "

Controversias[editar]

El entonces vicepresidente de la República de Colombia afirmó que El caso Mapiripán debilita credibilidad en la CIDH, añadido a esto Garzón se sostiene en que los grandes perdedores con el caso Mapiripán son estos organismos porque no se puede conciliar con la mentira y la calumnia.[36]

Referencias[editar]

  1. Giro en Mapiripán
  2. Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por masacre de Mapiripán. FIDH. 13 de octubre de 2005. http://www.fidh.org/spip.php?article2753. Consultado el 28 de febrero de 2009. 
  3. a b c Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
  4. Las masacres cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
  5. El Tiempo (4 de febrero de 2013). «Fiscalía acusa a jefes paramilitares por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  6. Por denunciar, “persona no grata”
  7. Caracol Radio. «Condenado Salvatore Mancuso por la masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.
  8. El Espectador (26 de junio de 2013). «Condenan a Salvatore Mancuso por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.
  9. Revista Semana (17 de febrero de 2012). «Salvatore Mancuso aceptó cargos por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.
  10. ¿Se resolverá el caso Mapiripán?
  11. EL TIEMPO (29 de noviembre de 2007). «Tras 8 años preso, absuelto el general Uscátegui por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  12. El Tiempo (28 de noviembre de 2007). «[Absuelto general (r) Jaime Humberto Uscátegui por masacre de Mapiripán http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3836878(en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  13. El Colombiano. «Uscátegui, absuelto por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  14. Caracol Radio (28 de noviembre de 2007). «Absuelto el general (r) Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  15. El Tiempo (23 de noviembre de 2013). «La certificación que beneficia al general Uscátegui por caso Mapiripán». El tiempo. Consultado el 30 de octubre de 2014.
  16. Blu Radio (10 de junio de 2014). «En firme condena contra gral. Uscátegui por masacre de Mapiripán: Corte Suprema» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  17. El Tiempo. «En firme condena contra general (r) Uscátegui por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  18. El Universal. «Procuraduría pide revocar sentencia de general (r) Uscátegui» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  19. Revista Semana (10 de octubre de 2012). «Descuido fatal». Revista Semana. Consultado el 30 de octubre de 2014.
  20. El Espectador (15 de febrero de 2014). «Corte, dividida por condena al general (r) Uscátegui» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  21. Revista Semana (8 de octubre de 2011). «Miami por cárcel». Revista Semana. Consultado el 30 de octubre de 2014.
  22. RCN la Radio. «Martín Llanos ordenó masacre de Mapiripán, Meta» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.
  23. CIDH (22 de febrero de 2001). «INFORME N° 34/01 CASO 12.250 MASACRE DE MAPIRIPÁN COLOMBIA» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.
  24. El País. «CIDH desestima revisión de su sentencia por masacre de Mapiripán» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.
  25. http://www1.lafm.com.co/noticias/2009-11-25/condenado-general-usc-tegui-por-masacre-de-mapirip-n
  26. Revista Semana (2 de agosto de 2013). «Así se delataron las falsas víctimas de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  27. EL TIEMPO (2 de agosto de 2013). «Fraude de falsas víctimas de Mapiripán fue de más de $3 mil millones» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  28. EL TIEMPO (27 de mayo de 2013). «Lupa a otras cinco falsas víctimas de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  29. EL TIEMPO (9 de julio de 2013). «Habría cárcel para falsas víctimas de Mapiripán» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  30. EL TIEMPO (2 de Agosoto de 2013). «Murió cerati». El tiempo. Consultado el 30 de octubre de 2014.
  31. El Espectador (27 de octubre de 2011). «'Los abogados negociaron con la masacre de Mapiripán'» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  32. El Espectador (2 de Agosoto de 2013). «'Los abogados negociaron con la masacre de Mapiripán'». El espectador. Consultado el 30 de octubre de 2014.
  33. El Espectador (2 de Agosoto de 2013). «'Los abogados negociaron con la masacre de Mapiripán'». El espectador. Consultado el 30 de octubre de 2014.
  34. El Colombiano (21 de enero de 2014). «Decisión sobre falsas víctimas de caso Mapiripán se conocerá en marzo» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  35. El Espectador (31 de octubre de 2011). «CIDH dice que supuestas falsas víctimas de Mapiripán fueron avaladas en Colombia» (en español). Consultado el 30 de octubre de 2014.
  36. Vanguardia. «"El caso Mapiripán debilita credibilidad en la Cidh"» (en español). Consultado el 1 de noviembre de 2014.

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]