Masacre de La Cantuta

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La Masacre de La Cantuta tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina, pertenecientes al Ejército Peruano. El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la subsecuente impunidad que disfrutaron sus perpetradores[cita requerida]. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extraditación de Fujimori frente el gobierno de Japón el 2003 y es uno de los que también presentó al gobierno de Chile por el mismo motivo.

Contexto[editar]

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, logrando el estatuto de universidad en 1965. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú en 1977 y reabierto en 1980.

Debido a su remota ubicación, lejos del centro de la ciudad de Lima, la mayoría de sus estudiantes provienen de zonas empobrecidas del interior del país que buscaban tener la profesión de educadores, profesión que tenía un alto nivel de politización. De esa forma La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de cultivo de políticas radicales desde los años 1950[cita requerida]. Fue justamente una serie de protestas estudiantiles en el campus; incluyendo el bloqueo de la línea ferroviaria que une Lima con el interior del país – lo que llevó a la suspensión de sus actividades en 1977.

Con el retorno a la democracia en 1980, el presidente Fernando Belaúnde Terry reabrió la universidad. Los elementos radicales entre los estudiantes regresaron rápidamente y, a mediados de los años 1980, las principales organizaciones terroristas del país, Sendero Luminoso y el MRTA, tuvieron una fuerte presencia en dicho campus. A inicios de los años 1990, debido a un retiro estratégico del MRTA y a la fragmentación de los otros grupos izquierdistas en el campus (tanto legales como ilegales) Sendero Luminoso logró tener un rol predominante. Esto se logró a pesar de las operaciones policiales como la que se llevó a cabo el 13 de febrero de 1987 cuando 4.000 policías llevaron adelante una redada nocturna en los dormitorios de La Cantuta y otras dos universidades nacionales, el 20 de abril de 1989 cuando una fuerza conjunta de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú intervinieron a La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, arrestando a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión; o el 22 de mayo de 1991 cuando, en respuesta a la toma de rehenes y a los rumores de bomba en el campus, Fujimori ordenó que el ejército intervenga para restablecer el orden en la universidad. Gran cantidad de graffiti alusivo a Sendero Luminoso y a su líder, Abimael Guzmán Reynoso, fue remplazado por el ejército con slogans patrióticos; los estudiantes entraban a la universidad pasando varios puntos de control y bajo estricta supervisión de las fuerzas armadas, y el campus se mantuvo bajo control militar por varios años.

Secuestro de julio de 1992[editar]

En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, muchos de los cuales aparentemente miembros del recientemente establecido Grupo Colina[cita requerida], entraron a las residencias de la Universidad Enrique Guzmán y Valle.

Una vez dentro, las tropas forzaron a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones y echarse boca abajo en el piso. Nueve estudiantes, sospechosos de estar conectados a la explosión de Tarata, – Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, y Juan Gabriel Mariños Figueroa – fueron separados de los demás y llevados aparte. Mientras tanto, en las residencias de los profesores, un grupo de soldados irrumpió en la casa del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Luego de registrar su dormitorio, se lo llevaron.

Juicios y amnistía[editar]

En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el escuadrón de la muerte había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas rápidamente luego. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, las fuerzas armadas exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "soplones" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en el incidente, identificando al jefe de las operaciones – Mayor Santiago Martin Rivas – y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Fujimori quien también tenia conocimiento de estos acontecimientos.

El 6 de mayo, el General de División Rodolfo Robles Espinoza, tercer oficial de mayor rango del ejército, denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIN y las fuerzas armadas, incluyendo la matanza de La Cantuta. (Posteriormente fue dado de baja del ejército y fue víctima de amenazas de muerte. Finalmente huyó del país logrando el asilo político en Argentina.

En Junio de 1993, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que trabajaba, y su amigo Guillermo Catacora, entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista de Radio Comas Juan Jara Berrospi.[1] Cáceres compartió luego el plano con la revista que lo publicó en Julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por el fiscal reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses llevados en los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, revelaron que pertenecían a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. (Barreto fue asesinada algunos años después– su cuerpo decapitado y desmembrado, con muestras de haber sido torturada, se encontró en marzo de 1997.)

Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de 1993, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Un conflicto de jurisdicción se motivó entre los fueros militar y civil. La controversia se ventiló ante la Corte Suprema de la República la que, el 3 de febrero de 1994, decidió que no era capaz de determinar qué fuero debía aplicarse. Consecuentemente, la noche del 7 de febrero, el Congreso aprobó una ley según la cual la Corte Suprema podía decidir ese tipo de materias mediante la existencia de mayoría simple, en vez del voto unánime que se exigía. En un voto de tres a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió que el caso debía ventilarse bajo la jurisdicción militar.

El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años.

Luego de la reelección de Alberto Fujimorien abril de 1995, en otra sesión nocturna del 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley Nº 26749 conocida como la "Ley de Amnistía", que ordenaba la liberación de todos los oficiales policiales, soldados y civiles presos o acusados por crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. El 15 de julio, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de La Cantuta.

Derogación de la Ley de Amnistía[editar]

La Ley de Amnistía fue abrogada al final del gobierno de Fujimori en el 2000 y, el 21 de marzo del 2001, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta masacre y de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

Juicio a Fujimori: Las víctimas no eran terroristas[editar]

Durante el juicio al expresidente Alberto Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. [1] Fujimori recibió el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad.

El día 02 de enero del 2010, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]