Ley de la Selva en el Perú

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Selva del Perú, en verde.

La Ley de la Selva en el Perú se refiere a la aplicación de diez decretos legislativos y leyes en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos.

Los nativos de la Amazonia del Perú no están de acuerdo.[1] Al promulgar los decretos, el gobierno peruano incumple el Convenio 169 de la OIT al que está obligado como parte signataria, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los artículos 26, 29 y 32, entre otros, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos a la tierra de los pueblos indígenas.[2]

Estos Pueblos Indígenas están en oposición a diversos decretos impulsados por el gobierno peruano para su adecuación con el TLC con Estados Unidos.[3] Este conflicto ha sido descrito como la peor violencia política del Perú en años y es la peor crisis del segundo periodo de gobierno del Ex-Presidente Alan García, mientras que al Primer Ministro Yehude Simon se le pidió que renuncie a su puesto.[4] [5]

Los nativos representados por la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) cuestionan los decretos legislativos 1015, 1073, 994, 1020, 1064, 1081 y 1090. Igualmente cuestionan las leyes del congreso 840, 1770 y 1992.[6]

Análisis del Congreso del Perú[editar]

Chamán Urarina.

El 19 de mayo de 2009, la Comisión de Constitución del Congreso declaró inconstitucional la norma 1090, un análisis el cual concluyó en lo siguiente:[7]

Constitución peruana de 1993[editar]

El Decreto Legislativo 1090 emitida por el Poder Ejecutivo, por delegación del Congreso, versa sobre la disposición de las áreas forestales para fines maderables. Los problemas que encuentran las Organizaciones Indígenas respecto de esta norma no se limitan a su contenido. Sin embargo, la ilicitud de la forma de emisión resulta ser su principal problema al contravenir a la propia constitución.

La carta magna del Perú otorga protección especial a la Amazonía dentro de todos los recursos naturales, aun así, contempla que cualquier disposición sobre la explotación y empleo de recursos naturales debe ser emitida mediante Ley Orgánica, lo que supone según otro precepto constitucional, su indelegabilidad al Poder Ejecutivo; por lo tanto la promulgación mediante Decreto Legislativo es inconstitucional.

Artículo 104°. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.

Artículo 101°. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Constitución del Perú de 1993

Convenio 169 OIT[editar]

El Convenio 169 de la OIT[8] expresa que los pueblos nativos deben ser consultados ante leyes que los involucren. Las normas atentan contra el Derecho Internacional Público, el Convenio OIT referido a las Comunidades Indígenas y Tribales, ordena a los estados firmantes (el Perú está adscrito al Convenio) a concertar y escuchar las opiniones de los Pueblos Indígenas que pudieran resultar afectados con alguna ley.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente...

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Convenio 169. OIT. 27 de junio de 1989[4]

Cronología del Baguazo[editar]

Octubre 2007[editar]

El 28 de octubre de 2007 el presidente del Perú publicó un artículo, titulado "El síndrome del perro del hortelano", donde indicó que algunas comunidades nativas del Perú mantenían improductiva su tierra, oponiéndose al progreso. Esto fue interpretado como un agravio por los pueblos amazónicos.[9]

En diciembre de 2007, el Congreso de la República le otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Junio 2008[editar]

Nativo Yagua.

Dentro de la legislación para el TLC, el Poder Ejecutivo emite decretos que tratan sobre los pueblos nativos del Perú.

Los nativos amazónicos de los Pueblos: Achuar, Aguaruna, Amahuaca, Asháninka, Bora, Candoshi, Cashibo-Cacataibo, Cashinahua, Chayahuita, Cocama-Cocamilla, Culina, Ese Eja, Harakmbut, Huambisa, Huitoto, Jebero, Matsiguenga, Ocaina, Quechua del Napo, Quechua Pastaza-Tigre, Secoya, Sharanahua, Shipibo, Shipibo-Conibo, Urarina, Yagua, Yaminahua, Yanesha, Yine.;[10] que se encontraban organizados en AIDESEP y CONAP, iniciaron protestas por estos decretos.

Agosto 2008[editar]

Indígenas de la selva del Perú.

El 18 de agosto de 2008, Alberto Pizango (presidente de AIDESEP) apoyó las protestas de los Pueblos Indígenas Amazónicos que tomaron control de dos instalaciones petroleras: un yacimiento de gas natural en el sur del Perú explotado por la compañía argentina Pluspetrol, y un oleoducto en el norte, de propiedad de Petroperú. Durante las protestas, los indígenas tomaron como rehenes a dos oficiales de policía. En respuesta, el gobierno declaró el estado de emergencia en los departamentos de Cusco, Loreto y Amazonas, lo que le daba el poder de enviar tropas para desalojar por la fuerza y detener a los manifestantes. La tensión se incrementó cuando Pizango respondió a la amenaza gubernamental de enviar tropas declarando que "los indígeneas se defienden contra la agresión del gobierno".[11] Según el director de Survival, Stephen Corry, “se está llevando a los indígenas peruanos a adoptar medidas desesperadas para intentar salvar sus tierras, que durante cinco siglos les han sido robadas”.[12] Las protestas terminaron cuando Pizango y la AIDESEP recibieron el apoyo del congreso peruano.

El 20 de agosto de 2008 el Congreso del Perú aprueba el pedido de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Parlamento, derogando los decretos legislativos 1015 y 1073. Los nativos consideran que facilitan la venta de sus tierras a empresas. El gobierno lamentó esta decisión del Congreso ya que hubieran permitido abrir las áreas tribales de la Amazonia a las compañías petroleras.[13] Alan García califica la derogación como un "error histórico".[14] Alberto Pizango declaró que se trataba de "un nuevo amanecer para los Pueblos Indígenas del país".[15]

Septiembre 2008[editar]

El Presidente del Perú no promulgó la derogación de los decretos. Al vencer el plazo lo realizó el Presidente del Congreso como lo prevé la constitución peruana. El 2 de septiembre quedan derogadas las leyes 1015 y 1073 restableciéndose los artículos 10 y 11 de la Ley 26505 sobre el uso de tierras de las comunidades nativas.[16]

Marzo 2009[editar]

El Congreso forma una comisión para estudiar los demás decretos, sobre todo los puntos que entran en conflicto con la Constitución y tienen que ver con la violación del Convenio 169 de la OIT]. AIDESEP envía cartas al Congreso y al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la comisión emita opinión respecto a los demás decretos.

Abril 2009[editar]

A falta de respuesta, el 9 de abril se inicia el paro amazónico. Las protestas indígenas continuaron exigiendo la derogación de seis decretos, considerados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del congreso peruano, que permitirían que el 60% de los bosques primarios de la Amazonia peruana sean vendidos a empresas transnacionales para explotación de hidrocarburos o el cultivo de biocombustibles.

El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los días siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del país. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegación en algunos ríos y se toma infraestructura petrolera. Según el auto apertorio judicial 281-2009, la toma de la Estación 6 de Petroperu se inició de forma pacífica 23 de abril. En ese momento 38 policías custodiaban el lote. El 9 de mayo, el Gobierno declara por 60 días en emergencia a distritos de cuatro departamentos.

La presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), Victoria Tauli Corpuz, ha expresado su preocupación en su condición de líder de esta.

Mayo 2009[editar]

El 15 de mayo, al no haberse establecido la nueva comisión, Alberto Pizango hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusión en el pleno del Congreso.

El 20 de mayo, por Decreto Supremo 031-2009-PCM, se crea la Comisión Multisectorial para iniciar el diálogo entre el gobierno y los nativos. En ella participan el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango y el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Esta comisión tiene la misión de coadyuvar el análisis y búsqueda de acuerdos consensuados de los asuntos planteados por los amazónicos y el Estado.

Los diversos requerimientos de los amazónicos fueron aceptados por el ministro Simon.[cita requerida]En esta agenda no se incluía la derogatoria de la ley 1090 que los amazónicos exigían. La última reunión fue el 30 de mayo.

El 31 de mayo, Alberto Pizango, en la clausura de la "IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas" en Puno, declara que radicalizarán sus medidas buscando la derogatoria de los decretos "en defensa de los territorios originarios". Decide no participar más en la mesa de diálogo y exige hablar directamente con el Presidente del Perú. Además anuncia que pedirá al Tribunal Constitucional que declare los decretos inconstitucionales, y de no ser respaldado en esa instancia, presentará su demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También convoca un paro nacional para el 3 de junio.

Junio 2009[editar]

El 4 de junio la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera los derechos de propiedad de la tierra y de consulta previa de los Pueblos Indígenas. Mientras, el congreso decide no debatir la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090 en una votación con mayoría del partido del gobierno APRA; y sin la participación del Partido Nacionalista Peruano, los principales opositores.

El 5 de junio tras la incursión policial ordenada desde el ejecutivo en la zona de la Curva del Diablo, en Bagua, resultó en un saldo fatal de 23 policías muertos[17] y un número indeterminado de civiles (entre indígenas y habitantes locales). Los nativos afirman que los policías dispararon primero. La policía reporta que fueron los nativos quienes dispararon primero, luego de quitarles algunas armas. En la carretera había unos 2.500 civiles protestando, entre indígenas y habitantes locales. Los sucesos generaron mucha atención en la prensa del Perú y subsecuentemente fue descrito como el Baguazo.

Según los primeros informes oficiales, al menos 24 policías y 9 nativos han sido asesinados. Mientras que el informe de la (AIDESEP), organizadora de las protestas, afirma que más de 40 nativos (entre ellos tres niños) han fallecido. Además, 155 personas resultaron heridas, un tercio por heridas de bala.[18] Por su parte, periódicos extranjeros comentan que más de 50 nativos han muerto.

Hasta la fecha se han identificado 10 fallecidos civiles, de los cuales 3 pertenecerían a los Pueblos Indígenas involucrados en las protestas. Esta cantidad de fallecidos es corroborada por la Defensoría del Pueblo, y organizaciones de la Iglesia Católica, así como por la prensa peruana. Que es contrario a lo difundido por la prensa extranjera. [19] Por el lado de las fuerzas policiales, las víctimas se produjeron en la Estación 6 de Petroperú. Al encontrarse en franca inferioridad numérica ante los manifestantes, los efectivos depusieron sus armas. Tras esto fueron capturados y varios de ellos, torturados y degollados por los nativos. Aún hay un policía desaparecido.

Como resultado de la intervención policial quedó herido el conocido líder awajún Santiago Manuin Valera acompañado por múltiples activistas que defienden esta noble causa, quien recibió 8 disparos de AKM en el cuerpo.[20]

La organización internacional Amazon Watch que a través del joven activista defensor de los Derechos Humanos, Faunier Hernán Ríos Jaramillo, ha denunciado que la policía estaría haciendo desaparecer cadáveres de indígenas cuyas muertes aún no han sido contabilizadas.[21] En un intento de contrastar las cifras oficiales, un periodista de la revista Caretas (11 de junio) recorrió los diferentes lugares donde se habría procedido a ejecuciones extrajudiciales. A pesar de las múltiples tentativas, no pudo encontrar prueba alguna de ello.[22]

El 8 de junio la Embajada de Nicaragua en Lima, auncia que otorgó refugio al presidente de AIDESEP y dirigente de las protestas, Alberto Pizango. Días antes, el dirigente había sido requerido por la Fiscalía para ser investigado por delitos de homicidio calificado y sedición, acusándolo de ser responsable de las muertes a los efectivos policiales. Días después el ministro de Relaciones Exteriores peruano, afirmaba que Estados Unidos, Francia y Bolivia previamente le habían negado el asilo al dirigente nativo.

El 8 de junio, la titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso Chirinos, renunció a su cargo como protesta hacia un video difundido por el gobierno peruano en la televisión local, donde se muestra a los pueblos nativos como responsables de la violencia.[23]

El 10 de junio el congreso decide suspender indefinidamente la aplicación de las leyes en cuestión y buscar el diálogo con los líderes nativos.

El 11 de junio se desarrolla una protesta a nivel nacional para pedir la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Varias organizaciones sindicales y frentes de defensa de diversas regiones del país, convocaron a un paro nacional en protesta sobre el manejo político, que el gobierno hizo de la situación en el nororiente peruano; siendo acatado parcialmente en varias regiones del país. Al respecto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al gobierno de Perú de humillar a los indígenas, y expresó su deseo de que las protestas contribuyan a la comprensión de las demandas de los pueblos originarios de la amazonía. El presidente peruano Alan García, respondió acusando a Morales de "intervencionismo político en asuntos internos del Perú".[24] El ministro Yehude Simon reorganiza el gabinete ante la renuncia de la ministra Carmen Vildoso. Diecinueve congresistas del Partido Nacionalista fueron sancionados por realizar protestas en el hemiciclo del Congreso.

El 12 de junio las protestas y bloqueos continúan en Yurimaguas y Bagua Grande, pero con un libre pase de 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde.

El 15 de junio el gobierno, en conversaciones con dirigentes nativos en plena selva peruana, plantea la derogación de dos de los siete decretos legislativos cuestionados, el 1090 y el 1064.

El 18 de junio el Congreso del Perú, en el marco de un nuevo diálogo con los nativos amazónicos, derogó los decretos legislativos 1090 y 1064 con el voto en contra del Partido Popular Cristiano.

El 30 de junio, luego de la interpelación al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y a la titular del Ministerio del Interior, Mercedes Cabanillas; el Congreso decide no censurarlos.

Julio 2009[editar]

El 3 de julio la Defensoría del Pueblo emitió un reporte sobre los hechos.[cita requerida] Un policía desparecido y 33 muertos (12 policías murieron en una carretera en enfrentamientos con los nativos y 11 en un campo petrolero mientras eran rehenes de los nativos). 10 civiles muertos (en la carretera murieron 4 nativos; en Bagua murieron 1 nativo y 5 pobladores de la ciudad). 200 heridos y 83 detenidos. Hubo 82 heridos de bala y 9 siguen hospitalizados. Están acusadas 84 personas, de ellos 41 con orden de detención.[25]

Legislación relevante[editar]

Notas[editar]

  1. "El Mundo", 6 de junio de 2009, http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/06/internacional/1244317064.html.
  2. Declaración del Foro para las Cuestiones Indígenas de la ONU [1]
  3. «Los decretos de la discordia». BBC (6 de junio de 2009).
  4. «El origen del conflicto». BBC (5 de junio de 2009).
  5. «Tension roils Peru after deadly Amazon clashes». Reuters (7 de junio de 2009).
  6. [2] Ley de la Selva. Por: Carolina Martín, 1º de septiembre de 2008
  7. Declaran inconstitucional una norma objetada por los nativos
  8. Texto completo del Convenio 169 de la OIT[3]
  9. La ley de la selva y el perro del hortelano. Diario El Clarin. 12 de junio
  10. Organizaciónaciones amazónicas indígenas en el Perú
  11. Reuters News Online - Peru may use army to end protests at energy sites
  12. Diario La Primera - Deberían suspender actividades
  13. Congreso deroga Ley de la Selva, pese a oposición del PAP
  14. García: Sería un error histórico derogar decretos sobre posesión de tierras
  15. BBC News Online - Peru throws out Amazon land laws
  16. Presidente del Congreso promulgó ley que deroga decretos 1015 y 1073
  17. Diario La Primera - Gobierno no mostró restos a familiares
  18. . El Comercio (7 de junio de 2009).
  19. «Enfrentamientos por el Petroleo en Bagua». Consultado el 13 de junio de 2009.
  20. Video: Santiago Manuin y su lucha por la vida. - Agencia de Noticias SERVINDI
  21. Amazon Watch: Eyewitness Reports Accuse Peruvian Police of Disposing the Bodies of Dead Indigenous Protesters.
  22. Caretas "Carretera al infierno"
  23. "Ministra peruana renuncia en protesta por manejo de crisis en la Amazonía"
  24. Evo Morales acusa a Perú de humillar a indígenas
  25. Informe sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo en los sucesos acontecidos en las ciudades de Bagua y Utcubamba.

Enlaces externos[editar]

Véase también[editar]