Ley de Defensa Permanente de la Democracia

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Bandera del Partido Comunista de Chile. Durante la década de 1940 la colectividad usó el nombre legal de Partido Progresista Nacional.

La Ley n.º 8987, de Defensa Permanente de la Democracia fue una ley chilena publicada en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 1948, conocida también como la Ley maldita, que tuvo por finalidad proscribir la participación política del Partido Comunista de Chile (PCCh).[1] Esta fue una modificación a la Ley n.º 6026 de 1937 promulgada en el gobierno de Arturo Alessandri, a pesar de su impopularidad esta ley siguió siendo utilizada hasta 1958, hacia el final del periodo presidencial de Carlos Ibañez del Campo.

Esta ley dispuso la cancelación de la inscripción del Partido Progresista Nacional (nombre que usaba el PCCh en las elecciones) y el PCCh. Asimismo, el borrado del registro electoral de sus militantes y de las personas sospechosas de participar en dicha organización. Esto significó que los regidores, alcaldes, diputados y senadores electos serían inhabilitados y despojados de sus cargos.

Similares sanciones se aplicaban para la administración pública, en las municipalidades y la educación primaria, secundaria y universitaria en la designación, contratación de sus empleados, además de prohibir toda organización, propaganda y toda asociación similar. Se sancionaban todas las reuniones o actos que interrumpieran el normal desarrollo de las actividades productivas (se permitió el derecho a huelga sólo en el sector privado). También sancionaba a quienes cooperaran o efectuaran actos contrarios a la misma.

Fue derogada por Ley n.º 12.927, sobre Seguridad del Estado, de 6 de agosto de 1958.[2]

Historia[editar]

Antecedentes[editar]

La idea de esta ley tuvo su origen en 1932 bajo el gobierno provisional socialista de Carlos Dávila Espinoza, producto de las múltiples revueltas instigadas por el partido comunista se pensó en ilegalizar dicho partido, pero debido a que el congreso se había cerrado durante esta corta transición esta acción no se pudo llevar a cabo. Luego en el segundo periodo presidencial de Arturo Alessandri bajo un clima de rebeliones, intentos golpistas y férrea oposición se dio curso a la ley de seguridad del estado n.M 6026 de 1937. En 1941 se presenta un proyecto de ley para ilegalizar el partido comunista en la cámara de diputados y senadores,[3] sin embargo en un gesto conciliador esta ley es vetada por el presidente Aguirre Cerda. Ese mismo año el futuro presidente Rios lanzaría encendidas proclamas contra el partido comunista:[4] "Los comunistas no sólo han traicionado al partido radical, como partido signatario del Frente Popular, sino que a la inmensa mayoría del país.." en un claro quiebre entre Radicales, Comunistas y Socialistas que tendría su resolución en el gobierno de Gonzalez Videla, a pesar de ello, en una acción tildada de populista, Rios en su gobierno abre relaciones diplomáticas con la URSS.

Relaciones entre González Videla y el PCCh[editar]

Gabriel González Videla junto con Harry S. Truman en su visita oficial a Estados Unidos en 1950.

No existe acuerdo entre los historiadores sobre las razones que impulsaron al gobierno de Gabriel González Videla a impulsar una ley de esta naturaleza.

Una de las tesis plantean que el Partido Comunista no supo establecer una relación fluida entre su nueva posición de partido gobernante y su tradicional política de agitación social. Esta dicotomía llevaba a que frecuentemente funcionarios del gobierno, militantes comunistas, aprobaran alzas de precios que posteriormente el partido rechazaba a través de violentas protestas callejeras, las cuales se fueron radicalizando aún más al entrar en escena las disputas entre comunistas y socialistas por el control del movimiento sindical. Otra teoría centran los orígenes de la Ley Maldita en la conformación de la Guerra Fría y el traspaso de dicho conflicto a Chile.[5] Por otra parte es posible observar que la razón de fondo contiene tintes de ambas tesis.

El 3 de noviembre de 1946 al asumir Gabriel González Videla conforma un gabinete integrado por radicales, liberales y comunistas como era el compromiso de su campaña presidencial. Lo cierto era que la inusual coalición de gobierno chilena era difícil de sostener en el escenario internacional que comenzaba a mostrar signos de distanciamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a lo que se unía la urgente necesidad de obtener financiamiento externo para los planes del gobierno. A los pocos meses (15 de abril de 1947) en virtud de la agitación sindical y sucesivos paros, González Videla decide conformar un nuevo gabinete de administración conformado principalmente por figuras ajenas a la política partidista como Jorge Alessandri Rodríguez en Hacienda. Este gabinete enfrentó una ola de protestas y huelgas sindicales organizadas por el partido comunista como la de los transportistas de Santiago donde el hecho terminó con varios muertos (junio de 1947), de algunas secciones de los ferrocarriles del Estado[6] , la de los mineros del carbón en el sur de Chile (agosto y octubre de 1947), la huelga de los mineros de Chuquicamata[7] (octubre de 1947) en protesta a la exclusión de los comunistas del gobierno, las cuales alcanzaron radical violencia en las zonas mineras del país, las que fueron controladas con la intervención de las Fuerzas Armadas y la relegación de dirigentes comunistas en la localidad de Pisagua.

Otra teoría centra el cambio de postura del Presidente en los resultados de las elecciones municipales de abril de 1947 donde el PCCh se transforma en la tercera fuerza política (16.5% de los votos) antecedido por los radicales (20%) y conservadores (20,2%). En dichas elecciones el PC logró captar parte importante de la votación del Partido Socialista y del Partido Radical, lo que llevó a miembros de este último a protestar en contra de los militantes comunistas en el gobierno a quienes acusaba de intervención electoral. Por su parte, un segmento del radicalismo abandonó el partido en protesta por la coalición con los comunistas conformando el Partido Radical Democrático.

Implementación[editar]

El 19 de abril de 1948, el Presidente envía un mensaje de proyecto Sobre Defensa Permanente del Régimen Democrático, con el cual solicita al Congreso Nacional poderes especiales para controlar la agitación comunista que se expresa por medio del movimiento sindical. Partidarios de la dictación de la ley son liberales, conservadores, agrario-laboristas, la mayoría de los radicales y un sector de los socialistas; en contra están los comunistas, una minoría de los radicales, un sector de los socialistas y la Falange Nacional (futuro PDC). En septiembre de 1948, el Presidente González Videla conforma un nuevo gabinete denominado de Concentración Nacional, conformado por los partidos Radical, Liberal, Conservador Tradicionalista, Democrático y una facción socialista minoritaria, coalición que se mantendría en el poder hasta enero de 1950 y que obtendría un amplio triunfo en las elecciones parlamentarias de 1949.

En plena puesta en marcha de la ley, el comunismo logró la elección del diputado Víctor Galleguillos Clett, quien se "camufló" como militante del Partido Socialista Auténtico. El parlamentamentario, que alcanzó la reelección como socialista en 1953, fue uno de los pocos dirigentes del PCCh que pudo evadir los efectos de la ley y participar activamente en la política nacional. Otros militantes que entraron al Congreso utilizando la legalidad del socialismo fueron José Oyarce y Sergio González Espinoza.[8] Aún así, Juan Lamatta y José Avendaño, que también lograron ser electos, no llegaron a la Cámara porque el Tribunal Calificador de Elecciones estableció su calidad de comunistas y anuló sus votos.

Los efectos de dicha ley no lograron evitar del todo la acción política del PCCh, que actúo principalmente a través de organizaciones sindicales. En marzo de 1950, el Presidente llama a los partidos de oposición a formar gobierno constituyendo un gabinete conformado por radicales, socialcristianos, falangistas y democráticos, la cual, pese a oponerse a la ley, no solo no la derogó, sino que hizo uso de ella de forma aún más radical que la coalición anterior.

Cabe destacar que la "ley maldita" a pesar de su dejo autoritario logró frenar la escalada de violencia que vivía el país y por si misma directamente no generó muertes[9] como han hecho creer algunos autores.[10]

La Ley de Defensa Permanente de la Democracia fue un tema de radical importancia en las elecciones presidenciales de 1952, en las cuales todos los candidatos prometieron su derogación. Sin embargo, el vencedor, Carlos Ibáñez del Campo, hizo uso de ella en reiteradas ocasiones durante su mandato.

En 1958 se constituyó el Bloque de Saneamiento Democrático, compuesto por la totalidad de los partidos políticos, salvo conservadores y liberales. Detrás de este movimiento convivía un legítimo interés en terminar con el cohecho, práctica extensamente difundida en la democracia chilena, así como restituir sus derechos políticos a los sancionados por la ley, como al mismo tiempo la no disimulada intención de recuperar los votos comunistas y frenar al candidato presidencial de derecha Jorge Alessandri Rodríguez, que había mostrado una sorprendente alza en sus aspiraciones en las elecciones presidenciales de ese año, de las que saldría vencedor. Este bloque, con mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, se plantea como objetivos la reforma la ley electoral al establecer la cédula única electoral (hoja de votación impresa única), aprobar una ley de probidad administrativa y la derogación de la ley de Defensa de la Democracia. Todas las medidas resultan en las leyes de 1958.

Consecuencias políticas[editar]

La dictación de esta ley generó divisiones internas en casi todos los partidos políticos legalmente constituidos:

El propio PCCh tuvo que inscribir militantes en los partidos Socialista y Socialista Popular para tratar de ingresar a cargos por la vía electoral, obteniendo magros resultados. Recién en las elecciones parlamentarias de 1957 la colectividad pudo elegir a seis diputados a través del Partido del Trabajo y del PS. Los parlamentarios tuvieron que esperar hasta la derogación de la ley en 1958 para regresar al partido.

Esta ley además le costó la carrera política a Gabriel Gonzalez Videla, relegándolo a la impopularidad, especialmente por personajes de gran influencia[11] y sectores de índole izquierdista que fueron afectados por dicha ley.

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

  • Chile, República de. 1958. Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Santiago (copia en PDF en Memoria Chilena)
  • Trabucco Godoy, Luis. 1953. Sobre la Ley n.º 8.987 (de Defensa Permanente de la Democracia)'. Editorial Jurídica de Chile. Santiago.