Ley Lerdo

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La Ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort.[1]

La ley tenía como objetivos crear una clase media rural que, a semejanza de la estadounidense, tuviera deseos de desarrollarse; sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía al eliminar lo que, de acuerdo con lo estipulado al principio de la Ley Lerdo por Ignacio Comonfort, representaba uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación: la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz. También conocidos como "bienes en manos muertas".

Ante la gran cantidad de bienes inmuebles en poder de la Iglesia Católica y de las corporaciones civiles, el gobierno decretó su venta a particulares para fomentar el mercado y, al mismo tiempo, obtener ingresos provenientes de los impuestos de compra-venta. Tanto los grupos religiosos como las corporaciones civiles tuvieron prohibido adquirir bienes raíces a partir de la promulgación de la Ley Lerdo, a excepción de aquellos que fuesen estrictamente necesarios para sus actividades. Esta ley tuvo como consecuencia que muchas de las fincas quedaran en manos de extranjeros y dieran origen a los latifundios en años posteriores.

Esta ley formó parte de las llamadas Leyes de Reforma que establecieron la separación Iglesia-Estado, la abolición de los fueros eclesiásticos y la secularización del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios (dando origen al Registro Civil). La ley, la cual era de origen liberal, recibió su nombre por el papel relevante que tuvo Miguel Lerdo de Tejada en su formulación, reglamentación, interpretación y ejecución.[1]

Asignación de fincas[editar]

Todas las fincas rústicas y urbanas poseídas por las corporaciones civiles o eclesiásticas se adjudicaron en propiedad a quienes las tenían arrendadas por un valor correspondiente a la renta que pagaban calculada como rédito al seis por ciento anual.

Si fincas urbanas estaban arrendadas directamente a varios inquilinos, estas eran adjudicadas al inquilino que pagase la mayor renta (o al más antiguo en caso de igualdad) capitalizando la suma total de los arrendamientos. Si las fincas eran rústicas, se adjudicaba a cada arrendatario la parte que tenía arrendada.

Las fincas tanto urbanas como rústicas que no estaban arrendadas a la fecha de publicación de la Ley Lerdo, se adjudicaron al mejor postor.

Propiedades excluidas[editar]

Según lo estipulado en el artículo 8 de la Ley Lerdo, se exceptuaban de la enajenación los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aún cuando se arrendaba alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección de beneficencia. De las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptuaron también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones a las que pertenecían.

Saneamiento fiscal[editar]

Todas las traslaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas que se ejecutaran en virtud de la ley, causarían la alcabala de cinco por ciento, la cual debía pagarse en las oficinas correspondientes del gobierno general. Dicha contribución fiscal se haría en numerario y bonos de deuda, dependiendo del tiempo que hubiesen tardado en verificarse las adjudicaciones. Con estas políticas, el gobierno mexicano pretendía aumentar el bajo nivel de recaudación fiscal al que se enfrentaba y así mejorar las finanzas públicas.

Repercusiones a los indígenas[editar]

La Ley Lerdo, al exigir que las corporaciones civiles se despojaran de sus bienes raíces, dañó gravemente la base de la economía de las comunidades indígenas, las cuales poseían todas las tierras dentro de sus límites. Dichos territorios representaban un importante ingreso para las comunidades, ya que generalmente eran rentados a terceros para recaudar fondos, por lo que su pérdida empeoró aun más la situación de muchos indígenas que vivían ya en la pobreza.

Los indígenas exigían al entonces Ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada que se respetasen sus derechos de propiedad. Sin embargo, según la Ley Lerdo, esos derechos eran respetados al proteger el derecho de los arrendatarios a comprar sus propias tierras antes de ofrecerlas a compradores externos.

Para impedir que sus tierras fueran adquiridas por otras personas, en algunas ocasiones los indígenas acudían ante un juez para adquirirlas como un particular; sin embargo, estos funcionarios solían cobrar muy altos salarios y elevados impuestos de compraventa, por lo que el proceso de recuperación de las tierras se complicaba. En otros casos, los jueces hacían tratos fraudulentos con gente interesada en los territorios para permitirles adquirir las tierras incluso antes de que los indígenas se enteraran de la existencia de la Ley Lerdo, lo que hacía prácticamente imposible que las comunidades retuvieran sus territorios.

Referencias[editar]

  1. a b Garrido del Toral, Andréa (12 de julio de 2009). «Las Leyes de Reforma en Querétaro 1855-1863». Diario de Querétaro. Consultado el 4 de julio de 2012.

Bibliografía[editar]

  • Wikisource contiene obras originales es Ley Lerdo.Wikisource
  • Díaz, Lilia (2009). «El liberalismo militante». En Daniel Cosío Villegas. Historia general de México. México: El Colegio de México. pp. 583–632. ISBN 968-12-0969-9. 
  • Powell, Thomas (1974). El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850 a 1876) (1.ª edición). México: SEP. pp. 66–127. 
  • Comonfort, Ignacio (1856). Ley de desamortización de bienes de la Iglesia y de corporaciones. México. 

Enlaces externos[editar]

  • «Ley Lerdo». 500 años de documentos en México. Consultado el 5 de julio de 2012.
  • Ley de desamortización de bienes de la Iglesia y de corporaciones [1]