Lanzamiento (Derecho)

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En derecho se denomina lanzamiento al acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un bien inmueble, en ejecución de una resolución dictada por la autoridad gubernativa o judicial.

Procedimiento[editar]

Generalmente este tiene lugar en ejecución de sentencias que declaren el desahucio por resolución del contrato de arrendamiento (ya sea por falta de pago de la renta o por cualquier otra causa legalmente prevista) o como requisito para entregar la posesión judicial de un inmueble ocupado por una persona distinta de quien legalmente le corresponde.

Calificación del acto:

  • Coactivo (llevándose a cabo por la fuerza, sin que sea necesario recabar el consentimiento del lanzado)
  • Público (puesto que ha de ser ordenado por la autoridad pública y ejecutado por la misma o por su representante)
  • Ejecutivo (se realiza en ejecución de una resolución y con los límites de ésta).

Lanzamiento en España[editar]

En el Derecho español, el lanzamiento no se encuentra regulado de forma explícita en su modo de proceder, si bien es costumbre que éste se lleve a cabo, bajo mandato del juez, por una Comisión Judicial compuesta por un funcionario que actúa como su representante y que ejecuta el acto y por otro funcionario que lo documenta, levantando una acta del mismo conocida como Diligencia de Lanzamiento.

Al lanzamiento suelen acudir acompañando a la comisión judicial, la fuerza pública, un cerrajero y el demandante o su representante, constituyéndose todos en el domicilio del lanzado, el cual es requerido de desalojo y si este se niega a verificarlo se procede al mismo por la fuerza y a su costa, pudiéndose declarar legalmente abandonados todos los bienes del lanzado que se encuentren en interior del domicilio objeto del mismo.

Lanzamiento en Colombia[editar]

La figura del lanzamiento para amparar la tenencia de predios urbanos y rurales, sin o con explotación económica, está regulada por el artículo 15 de la ley 57 de 1905, Decreto 992 de 1930 y Decreto 947 de 1992 (Ley 200 de 1936 y Decreto 1355 de 1970). La normativa para predios urbanos y rurales sin explotación económica fue estudiada por la Corte Constitucional en Sentencia C-241 de 2010, declarándose inhibida para realizar juicio de mérito por considerar subrogada la ley 57/05 por el Decreto 1355/70. Implicaciones de la sentencia C-241-2010

Véase también[editar]