Baltasar Garzón

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Baltasar Garzón
Baltasar Garzón

Escudo de España (mazonado).svg
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional
29 de enero de 1988-9 de febrero de 2012
Designado por Consejo General del Poder Judicial
Predecesor Francisco José Castro Meije
Sucesor Pablo Ruz

31 de julio de 1993-13 de mayo de 1994
Sucesor Carlos López Riaño

6 de junio de 1993-9 de mayo de 1994

Datos personales
Nacimiento 26 de octubre de 1955 (58 años)
Bandera de España Torres, Jaén, España
Cónyuge Rosario Molina Serrano
Hijos María, Baltasar y Aurora
Profesión Jurista
Alma máter Universidad de Sevilla

Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, Andalucía, 26 de octubre de 1955) es un jurista español. Juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988, intervino en la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante esa época: crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica.

Fue designado como aspirante a diputado independiente en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado.[1] En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.

En 2012, fue expulsado de la carrera judicial[2] tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante las escuchas del caso Gürtel.[3]

Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange.[4] Poco después, recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner su documento de identidad de residente extranjero en Argentina. Sigue desarrollando su actividad en dicho país, en Colombia, donde asesora a la Fiscalía General, y en Ecuador, donde elabora un informe para una reforma judicial.[5] [6]

Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén,[7] [8] y por veinte universidades más en el extranjero.[9]

Biografía[editar]

Después de terminar el bachillerato en el Instituto Santísima Trinidad de Baeza en 1974, se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Antes de terminar sus estudios, desempeñó distintos trabajos como albañil, camarero, y ayudó a su padre en una gasolinera.

Aprobó las oposiciones para juez en 1981. Su primer destino fue Valverde del Camino (Huelva). Posteriormente, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería. En 1987 se le nombró inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial, y el 29 de enero de 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional.[10] También ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Baltasar Garzón está casado y es padre de tres hijos.

Últimas controversias[editar]

Fue suspendido en forma cautelar en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo de 2010, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra Garzón por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional.[11] El juicio se abrió tras admitir a trámite una querella presentada por el partido político de ultraderecha Falange Española de las JONS, por el sindicato[12] Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Estuvo imputado en tres causas en el Tribunal Supremo.[13] [14] En la primera recayó un fallo contrario a Garzón: el 9 de febrero de 2012, este tribunal le condenó por prevaricación de forma unánime por las escuchas ilegales a los abogados de la defensa durante la investigación del caso Gürtel con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta».[15] [16] En la segunda, fue absuelto del delito de prevaricación del que se le acusaba por haber decidido incoar un proceso penal para investigar los crímenes del franquismo durante la guerra civil y la posguerra.[17] [18] La tercera, en la que se le acusaba de los delitos de cohecho impropio y de extorsión por la solicitud de patrocinios para dar unos cursos en la Universidad de Nueva York a Banco de Santander, BBVA, Telefónica y Cepsa (que tenían en común haber sido objeto de investigación en la Audiencia Nacional por hechos imputados a sus directivos), fue archivada por el instructor al no apreciar indicios de extorsión y considerar que, en todo caso, el cohecho impropio habría prescrito.[19] [20]

Trayectoria judicial[editar]

Operaciones contra el narcotráfico[editar]

Baltasar Garzón ha dirigido importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia, con la operación «Nécora» (1990), con la que desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña,[21] y con la operación «Pitón» (1991), con la detención de los integrantes del llamado «clan de los Charlines», que «faenaban» en las costas gallegas.[22]

En relación con la operación «Nécora», durante una conferencia en 1994, el magistrado declaró que, a pesar de lo que se manifestaba desde algunos foros, con la legislación vigente en ese momento no se podía luchar eficazmente contra las organizaciones criminales, particularmente contra las redes de narcotraficantes, y se posicionó en una postura crítica hacia el Gobierno y las instituciones, afirmando que en estos aspectos el sistema fallaba "estrepitosamente". Poco antes, en otros medios y en relación al mismo caso, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, había declarado que hubiera preferido una sentencia "más dura", y que la intención del ejecutivo a este respecto era "romper el espinazo" a las redes del narcotráfico.[23]

El tribunal sentenciador de la operación «Nécora» no pudo tener en cuenta como prueba los pinchazos telefónicos realizados durante el periodo de instrucción, pues no los consideraron ajustados a derecho. Al análisis de las deficiencias legales de dichas escuchas se dedicaron cuarenta folios de la sentencia.[24]

Caso GAL[editar]

Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE, volvió a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, Ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo. Éste fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1996.[25]

Respecto al Caso Marey (primero de los del GAL), Rafael Vera presentó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 6 de enero de 2010.[26] En dicha sentencia se afirma que "la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el Magistrado (Garzón)". Dicho Tribunal no condenó a España, pues otro Juez, esta vez D. Eduardo Moner del Tribunal Supremo, llevó a cabo una nueva instrucción.[27] [28]

Investigaciones a ETA y su entorno[editar]

Garzón ha investigado también a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y lo que se considera su entorno:[29]

  • En 1998 ordenó el registro de varias sedes de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos (AEK) y el arresto de su tesorero.
  • En julio de ese año ordenó el cese de actividades de Orain SA, empresa vasca de comunicación que gestionaba el diario Egin y su estación radiofónica de este último, Egin Irratia. Acabada la instrucción de Garzón, el cierre fue levantado por la Audiencia Nacional, pero Orain SA quedó en bancarrota.
  • Posteriormente ordenó el cese de actividades de Zabaltzen y el cierre de Egunkaria, el único diario que se editaba íntegramente en lengua vasca. Tras siete años de juicio, la Audiencia Nacional absolvió de todos los cargos a los imputados por el caso Egunkaria.

Estos hechos han sido duramente criticados por los movimientos de defensa del euskera, que consideran que el cierre de periódicos atenta más contra la cultura vasca que contra el terrorismo de ETA.[cita requerida]

Casos relevantes internacionalmente[editar]

Causa contra Augusto Pinochet y las dictaduras en Chile y en Argentina[editar]

Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.[29] Garzón ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor. Garzón no ha sido el único magistrado no estadounidense que ha intentado investigar el papel de Kissinger en el golpe de estado pinochetista, destacando en esta tarea la magistrada francesa Sophie Hélène Chateau.

Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.[32] [33]

Otros casos relevantes internacionalmente[editar]

En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.

En diciembre de 2001, Garzón puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero. En enero de 2003, el magistrado criticó acremente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Irak de 2003, y ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al Qaeda.

Caso Paracuellos[editar]

En 1998, al amparo del proceso emprendido en España contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo. Los hechos a que se refería son conocidos como matanzas de Paracuellos, una serie de asesinatos de presos cometidos por el bando republicano en la Guerra Civil Española.

El juez Baltasar Garzón rechazó de plano la querella alegando la «mala fe procesal» y «abuso del derecho» por parte de los querellantes,[34] por lo que no admitió recurso alguno contra la resolución.[35] Según Garzón, los preceptos jurídicos alegados eran inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los hechos relatados en el escrito, y su cita quebrantaba absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad.

Causa contra los crímenes del franquismo[editar]

Instrucción del caso[editar]

Desde septiembre de 2008 Garzón estuvo recabando información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española. El 16 de octubre del 2008, Garzón emite el primer auto declarándose competente y justificando su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.

La decisión de declararse competente contó con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que interpuso recurso de apelación ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia (no ante el propio Juez, sino al organismo superior). El 18 de noviembre de 2008 el juez se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las respectivas fosas. Posteriormente el 28 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declaró la incompetencia de Garzón en este caso por catorce votos contra tres.[36]

Querella acumulada de Manos Limpias, Falange y la Asociación Libertad e Identidad ante el Supremo[editar]

Admisión a trámite de la querella[editar]

El 26 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Baltasar Garzón por prevaricación al declararse competente en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, presentada como acusación popular por la organización Manos Limpias —presidida por Miguel Bernad Remón— y por Falange Española de las JONS.[37] Desde 1997, Manos Limpias había planteado diecisiete querellas, denuncias y quejas contra Garzón, todas ellas desestimadas.[38] [39] [40] La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde Ferrer y Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.[41] Por su parte una entidad llamada Asociación Libertad e Identidad había presentado una querella por prevaricación el 10 de marzo de 2009.[42]

El Tribunal Supremo, mediante auto del magistrado instructor Luciano Varela de 7 de abril de 2010, estimó que procedía continuar el procedimiento por el delito de prevaricación contra Garzón, siendo recurrido dicho auto por el magistrado.[43] [44] [45] [46]

El 23 de abril de 2010, el magistrado instructor Varela decidió expulsar del proceso contra Garzón a Falange Española de las JONS,[47] al no atender dicha formación dentro del plazo establecido al requerimiento que el mismo Varela ponía un día antes, en el cual les instaba a que corrigiera el escrito de acusación presentado, al considerar que incumplía "de manera notoria" a las obligaciones procesales, al extenderse en múltiples «valoraciones» y no limitarse a la «descripción» de hechos.[47] [48]

El día 24 de abril, Garzón presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de recusación contra el magistrado instructor Luciano Varela, acusándole de tener «interés directo en el procedimiento y parcialidad en el mismo» y de haber realizado «una labor más próxima a una asesoría o consejo jurídico» al haber concedido un plazo a los querellantes para corregir una serie de defectos de sus escritos de acusación, hecho que definió como «dar oportunidades atípicas y extraprocesales» a una de las partes. En opinión de Garzón, «la intervención del instructor no se encuentra amparada en ningún precepto de la normativa procesal vigente y es manifiestamente ajena a las normas esenciales del procedimiento».[49] El 3 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó un escrito de rechazo a la recusación de Luciano Varela por parte de Garzón donde expresaba que era «absolutamente inviable por carecer de fundamentación y justificación alguna» y que, por esta razón, interesaba «la desestimación del incidente de recusación planteado».[50] El día 6 de mayo de 2010 el Magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, dictó un auto donde no admitía a trámite el recurso de recusación planteado por Garzón.[51]

Reacciones[editar]

Miles de personas participaron el 24 de abril de 2010 en las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España para denunciar la impunidad del franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón, convocadas por plataformas de reconocimiento a la Memoria Histórica.[52]

El acto más multitudinario tuvo lugar en Madrid, donde los organizadores reconocieron que la asistencia a la marcha que transcurrió entre la puerta de Alcalá y la del Sol superó "con creces" sus expectativas más optimistas (calculaban unos 100.000 asistentes). El acto concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del cineasta Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana, que pasó 23 años en las cárceles franquistas. En el texto, al que siguió un minuto de silencio por todas las víctimas del franquismo, se lamentaban "las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia" la memoria de las víctimas del franquismo, "desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas".[52]

Mientras, en Barcelona fueron más de cuatro mil personas que llenaron la plaza de Sant Jaume. La concentración convocada en Sevilla contó con la presencia de la madre y las hermanas de Garzón, natural de Jaén, donde también unas trescientas personas participaron en un acto de apoyo al juez que se repitieron en localidades como Zaragoza, Murcia, Cáceres, Valladolid, León, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santander, Valencia o Gijón, entre otras.[52]

Los actos de apoyo a Garzón contaron con la presencia de numerosos políticos de los partidos de izquierda -como Cayo Lara y Gaspar Llamazares (IU), Pedro Zerolo (PSOE) o Joan Herrera (ICV)-, mientras que fueron duramente criticados por el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, los calificó de campaña "brutal y antidemocrática" contra el Tribunal Supremo.[52]

En la misma tarde, el representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) Reed Brody denunció el "doble rasero" de la Justicia española, que investigó dictaduras como las de Chile y Argentina pero ha encausado a un juez por hacer lo mismo con el franquismo.[52] En la misma línea, Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y abogado de la parte civil en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad,[53] mostró su sorpresa «de que los países no quieran a los jueces que justamente legitiman a su Poder Judicial, que son independientes y que prefieren el honor y la justicia al pasado vergonzante».[54]

Por otra parte, entre las personalidades que han entendido que algunas actuaciones de Garzón son merecedoras de imputación se encuentra Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, que ha acusado a Garzón de prevaricación tanto en los casos que tiene abiertos en el Tribunal Supremo,[55] como sobre todo por la condena a Rafael Vera, que fue estudiada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo,[55] [56] si bien se desdijo posteriormente sobre su valoración sobre Garzón en relación con los crímenes del franquismo.[56]

Mientras tanto más de un centenar de antifascistas reconocidos latinoamericanos vinculados con organizaciones independentistas del País Vasco, firmaron un documento en el que rechazaban el franquismo, pero no apoyaban a Garzón, al que acusaban de perseguir a los vascos, catalanes, gallegos y al gobierno de Venezuela.[57]

Según el periódico El Mundo, representantes de la Comisión Internacional de Juristas, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, presentes en Madrid como observadores internacionales[54] opinan «que se daña la imagen, que desde muchos países se tiene, de la justicia española».[54] Así, el representante de Human Rights Watch señaló que «es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos; la primera vez en la UE que un juez es sometido al derecho penal por defender derechos humanos y perseguir crímenes internacionales».[54] El consejero jurídico de Amnistía Internacional dijo que "la obligación de España y de cualquier estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo", y pide que se desestimen las acusaciones contra Garzón para cerrar así "un proceso de naturaleza escandalosa".[54]

En este mismo sentido, un editorial de The New York Times, fechado el 5 de febrero de 2012, afirmaba que «Perseguirle atenta contra la Justicia».[58]

Por otra parte, algunos medios han comentado un posible doble rasero de Garzón, quién archivó en 1998 la querella contra Santiago Carrillo y, en cambio, abrió una investigación de los crímenes del franquismo.[59] [60] Este hecho ha sido mencionado también por el letrado de la acusación popular contra el juez Garzón por presunto delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.[61]

Suspensión cautelar en sus funciones como magistrado[editar]

Decisión del Consejo General del Poder Judicial[editar]

El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el 14 de mayo de 2010, por unanimidad, suspender cautelarmente en sus funciones a Baltasar Garzón, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara el 12 de mayo la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo.[11]

La suspensión estará vigente al menos hasta que el Tribunal Supremo, en el que Garzón tiene abiertas contra él otras dos causas, decida sobre la culpabilidad o la inocencia del juez, a quien se acusa de prevaricación. Al mismo tiempo, Carlos Dívar, Presidente del Consejo, convocó una reunión de urgencia de la Comisión Permanente del CGPJ para estudiar la solicitud de una comisión de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya como asesor de la Fiscalía.[11]

Reacciones[editar]

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch lamentó la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón:[62]

Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país... Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del juez Garzón de investigarlos

El presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica aseguró que la suspensión "motivo de mucha tristeza", en especial por el "ensañamiento" del magistrado Luciano Varela. La Federación Estatal de Foros por la Memoria calificó la suspensión como el resultado del "bajo perfil democrático del Estado español. Esto muestra que cualquiera que hable o se meta o investigue el franquismo será perseguido".[63] [64]

Antes de abandonar la Audiencia Nacional el mismo día 14 de mayo, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional pasaron a mostrar su solidaridad con el magistrado: los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri, los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, y los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado.[65]

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, declaró que estaba muy triste y muy preocupado por el crédito democrático de España:[64]

La suspensión de Garzón es la crónica de una ignominia anunciada. El juicio oral a Garzón va a ser un espectáculo internacional bochornoso. Lo más clamoroso de este proceso ha sido el absoluto desprecio a los dictámenes del Ministerio Fiscal y el cerrarse de una forma tan irracional al derecho internacional que rige en España.

Por su parte, Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción señaló:[64]

Este es un golpe similar al del 23-F. 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice.

Las principales asociaciones españolas de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, valoraron la decisión de suspender cautelarmente al juez Garzón como «la única» que se podía tomar de acuerdo con lo que marca la ley.[66]

En los medios de comunicación más destacados de Estados Unidos y Europa que trataron la noticia, The New York Times, bajo el título del editorial, «Una injusticia en España», señalaba el 15 de mayo que «a Garzón debería permitírsele regresar cuanto antes a su trabajo. España necesita una explicación honesta sobre su turbulento pasado, no la persecución de aquellos que tienen el coraje para demandarla».[67] Por su parte, el británico The Guardian calificaba la separación de la judicatura como una «persecución por motivos políticos».[68] El también británico, The Times señalaba a Garzón como «el juez de las cruzadas»[69] y el diario francés Le Figaro lo calificaba de «superjuez», afirmando que en medios políticos y judiciales españoles se señalaba que, apartando a Garzón de la Audiencia Nacional, «se le acabarían todos los problemas».[70]

Tiempo después la fundación José Saramago propondría a Baltasar Garzón para Premio Nobel de la Paz, «por estar involucrado en la defensa de los derechos humanos y por no haber bajado la cabeza ante ninguna artimaña, ni ningún poder, por haber seguido adelante y por haberse puesto en cualquier continente y país de parte de las víctimas».[71]

El 7 de julio de 2011 es elegido miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes.[72]

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, miró arriba a la derecha, hacia las gradas donde se hallaba el juez para decirle: “Agradezco a Baltasar Garzón que pusiera preso a Scilingo por los vuelos de la muerte”. Garzón, flanqueado a su izquierda por Hebe de Bonafini y del otro lado a Estela de Carlotto, fue aplaudido de pie por todo el Congreso; el Poder Ejecutivo y miembros de la Corte de Justicia como Eugenio Zaffaroni.[73]

Sentencia absolutoria[editar]

El Tribunal Supremo absolvió a Baltasar Garzón el 27 de febrero de 2012. La sentencia dictaminó que el magistrado incurrió en un exceso interpretativo de las normas, pero que dicha conducta no constituyó delito de prevaricación. También resaltó que, mediante la incoación de la causa contra el franquismo, pretendió tutelar a personas víctimas de una lesión constatada fundamentando sus resoluciones en la cultura de la fuerza expansiva de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, no tuvo en cuenta que dicha argumentación debía ajustarse al principio de legalidad recogido en el artículo 9.3 de la Constitución española.[17] [18]

Caso Gürtel[editar]

La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. La trama se denomina Gürtel por el apellido de Francisco Correa (se trata de hecho de un error de traducción ya que "cinturón" significa "Gürtel", y "correa" significa "Leine" en alemán), principal sospechoso de encabezar la red. Actualmente hay 71 imputados relacionados con el Partido Popular.

Tras las peticiones de la Fiscalía y el Partido Popular, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, dejando un caso con 43 imputados vinculados al Partido Popular, aunque antes de hacerlo ordenó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas a las conversaciones entre los imputados y sus abogados, que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente motivaron la presentación de una querella ante el Supremo por supuesta prevaricación y vulneración de la intimidad.[74] El Partido Popular —que había tratado, sin resultado, de recusar a Garzón como instructor del caso alegando "enemistad manifiesta contra el partido" e "interés directo e indirecto",[75] luego se querelló por prevaricación contra él, siendo dicha querella desestimada— expresó en un comunicado que celebraba que la querella contra Garzón por las escuchas se admitiese a trámite.[76]

Condena por prevaricación por escuchas ilegales en el Caso Gürtel[editar]

El 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León, implicado por las escuchas del caso Gürtel.[77] La querella estaba motivada en el hecho de que Garzón ordenara grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que entiendía que el juez habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. Estas escuchas ya fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha intervención vulneraba "el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías".[74] El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010[78] afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley "de forma errónea" y, sin motivación alguna, ante la "mera posibilidad" de que los letrados actuaran de "enlaces" de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación "conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa" y con ello, Garzón "transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados".[79]

El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó al juez Garzón por prevaricación de forma unánime con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta» (véase la sentencia). El pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocado el 23 de febrero de 2012, ratificó, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón.[80]

Querella por presuntos delitos de prevaricación y cohecho[editar]

Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea,[77] presentaron una querella contra Baltasar Garzón en relación con los cursos organizados por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York que el juez impartió entre 2005 y 2006, cuando se encontraba en la ciudad estadounidense disfrutando de un permiso de estudios. Según los querellantes, Garzón se habría beneficiado del dinero que el Banco Santander aportó para financiar los cursos. Al regresar de Estados Unidos y reincorporarse a sus labores profesionales, una de las querellas de las que se hizo cargo acusaba a varios directivos del Banco Santander de apropiación indebida de la sociedad SCI Gestión. En un auto del 27 de noviembre de 2006, el juez decidió archivar la causa, previo informe favorable del fiscal, y posterior confirmación de la Sala Penal de la Audiencia.[81] La supuesta relación entre estos hechos fueron la base de la acusación para presentar una querella contra Garzón por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.[77] [82] [83]

Tanto el Banco Santander como la Universidad de Nueva York negaron que el banco efectuase ningún pago a Garzón, sino que fue esta Universidad, a través del Centro Rey Juan Carlos, la que pagó a Garzón por su participación en los cursos. Este hecho fue confirmado por Garzón durante su declaración como imputado ante el Tribunal Supremo el 15 de abril de 2010, donde explicó que durante 2005 y 2006 cobró aproximadamente 160.000 euros de dicha entidad dependiente de la Universidad de Nueva York, y no del Banco Santander, del que afirmó no haber percibido «ni un centavo». También contestó a las preguntas de los abogados querellantes al respecto de sus retribuciones dinerarias aclarando que viajó a Nueva York «sin saber entonces cuáles serían finalmente sus honorarios».[84] [85] Asimismo, expresó que el lenguaje cercano y el cometido de la carta[86] que el juez remitió a Botín —en la cual la acusación estimó que Garzón le habría pedido dinero para la financiación de los cursos— fue «mal interpretada» y que nunca se dirigió al Santander «para pedir fondos».[84] Junto a su declaración, el magistrado imputado aportó otras cartas enviadas a diferentes personalidades —como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre— en las que se despide con «un abrazo» o «un gran abrazo», así como otras a Felipe González y a Alberto Ruiz-Gallardón en las que habría usado un lenguaje similar.[87]

El 9 de septiembre de 2010 el Magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó a la Guardia Civil que investigara las cuentas, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y las participaciones que Baltasar Garzón pudiera tener en cualquier entidad, para conocer con exactitud qué importe cobró de la Universidad de Nueva York durante su excedencia remunerada como Magistrado Juez de la Audiencia Nacional en los años 2005 y 2006, ante la imposibilidad de conocer dicho importe por las «inexactitudes y contradicciones» de Garzón y la «continua desatención y evasivas» de dicha Universidad.[88] El instructor afirmaba que existían indicios de que Garzón «impartió las instrucciones precisas» a sus contactos en la Universidad «para silenciar toda mención» a retribuciones en especie.[89]

Finalmente, la querella fue archivada por el instructor al no apreciar indicios de extorsión y considerar que, en todo caso, el delito de cohecho impropio habría prescrito.[19] [20]

Otros casos en España[editar]

Investigó a Jesús Gil, antiguo alcalde de Marbella y dueño del Club Atlético de Madrid, por corrupción.

En 2009, por solicitud del fiscal anticorrupción, Luis Pastor, ordenó el ingreso en prisión de dos ex altos cargos de la Generalidad de Cataluña durante el gobierno de Jordi PujolLluís Prenafeta y Macià Alavedra, de Convergència i Unió—, del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del ex diputado del PSC Luis García, y el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, tras tomarles declaración en la Audiencia Nacional de Madrid, en relación con la Operación Pretoria contra la corrupción urbanística en Cataluña. En dicha operación se investigaba el fraude de 44.754.000 euros por parte de los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.[90] Además aparecen como imputados, el empresario madrileño Manuel Carrillo, y los empresarios catalanes Josep Singla, y Lluís Casamitjana.[91] [92]

En relación con sus investigaciones al entorno de ETA, Pepe Rei —antiguo redactor jefe del diario vasco de ideología abertzale Egin, y director de la desaparecida revista mensual Ardi Beltza—, y que fue procesado por el propio Garzón por su supuesta relación con ETA, publicó en 1999 el libro Garzón. La otra cara. En éste, Rei le acusa de permitir torturas a los presos etarras prolongando el tiempo de detención y no atendiendo sus denuncias.[cita requerida]

Expulsión de la carrera judicial. Reacciones[editar]

El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó[93] [3] a Baltasar Garzón por prevaricación de forma unánime por las escuchas ilegales durante la investigación del caso Gürtel con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta» (véase la sentencia).

El pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocado el 23 de febrero de 2012 ratificó, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón.[94]

El 18 de mayo de 2012 la asociación Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL), en representación de unos 15.000 jueces y fiscales de once países de la Unión Europea, presentó en el Ministerio de Justicia una petición de indulto para que se devolviera a Baltasar Garzón la condición de juez que perdió tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo en febrero de 2012 por ordenar las escuchas del "caso Gürtel". En el escrito presentado al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, del gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, se considera la pena de 11 años de inhabilitación de una «severidad desproporcionada, indiscriminada y extraordinaria». La petición está firmada por el presidente de MEDEL, el portugués António Cluny, quien en unas declaraciones al diario El País afirmó:[95]

El caso Garzón puede crear precedentes en toda la comunidad jurídica internacional... [porque afecta a] la libertad de interpretación jurídica del juez... Creemos que la importancia de esta sentencia [contra Garzón] radica en que quizá podría ser utilizada en los distintos países que están intentando construir un sistema democrático de justicia para frenar la independencia y autonomía del juez.

Este expediente fue remitido, desde el Ministerio de Justicia al Tribunal Supremo, al cabo de poco más de un mes tras su presentación: el 29 de junio de 2012. No se solicitó que se acusara recibo de lo enviado. Después, transcurrió algo más de un año hasta que se descubrió que dicho expediente no había llegado al alto tribunal. Y ello a pesar de que se envió por correo postal y de que el Ministerio distaba del Supremo apenas 1500 metros. Alertada del incidente, el 9 de octubre de 2013 Justicia envió de nuevo la documentación y solicitó, esta vez sí, acuse de recibo. El Supremo, enterado por fin de la comunicación, dio traslado de la misma al ministerio público y al resto de las partes personadas. Finalizado el trámite, los informes del tribunal y de todas las partes, aunque no vinculantes, deben remitirse al ministro de Justicia y el Gobierno puede decidir libremente.[96]

Carrera política[editar]

En 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del PSOE como José Bono y Felipe González, Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política. Figura así como número dos por Madrid en las listas electorales del PSOE, como independiente, justo detrás de Felipe González, obteniendo escaño.[29]

Al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado, dentro del recién fusionado Ministerio de Justicia, e Interior, con Juan Alberto Belloch como ministro. Sin embargo, el 6 de mayo de 1994 anunció su dimisión como delegado del Gobierno y tres días después renunciaba a su escaño.[1] Garzón adujo como motivo "la actitud pasiva del presidente Felipe González respecto a la corrupción".[1] Años después, afirmó que en esa época había considerado positivo y útil desarrollar una carrera política, pero que sin duda se equivocó, ya que pecó "de soberbia creyendo que yo podía hacer algo".[1]

Libros[editar]

En el año 2002 publicó su primer libro Cuento de Navidad: es posible un mundo diferente. Es una obra que reúne el pensamiento de Baltasar Garzón acerca de los Derechos Humanos, la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional, el terrorismo, los fundamentalismos religiosos, la inmigración, y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En febrero de 2005 publicó su segundo libro, Un mundo sin miedo, en el que cuenta a modo de reflexión o bien como cartas dirigidas a sus tres hijos, Aurora, Baltasar y María, los puntos más destacables y polémicos de sus diecisiete años como juez de lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la impunidad. Expresa también su opinión acerca de temas de actualidad y revela datos (tanto de relevancia nacional como internacional) poco conocidos hasta entonces.

El 24 de febrero de 2006 presentó su tercer libro, La lucha contra el terrorismo y sus límites.

En 2007 publicó El alma de los verdugos, sobre los crímenes de la dictadura argentina.[97]

Su última obra es La línea del horizonte, donde reflexiona de forma muy personal sobre la impunidad y el olvido de determinadas injusticias y atrocidades, los fenómenos migratorios, la educación en un mundo globalizado, y otras cuestiones; con una mirada crítica, comparativa y visión de futuro.

Ha colaborado con un artículo en el libro de 2011, Reacciona, coordinado por la periodista Rosa María Artal, y que pretende alertar de la crisis política que recorre la sociedades en la actualmente y en particular la sociedad española y de la necesidad de respuesta social a la corrupción, a los poderes financieros y económicos y a los poderes políticos, alejados cada vez más de la ciudadanía.[98]

Obras sobre Garzón[editar]

Aparte de las anteriores, hay otra obra destacable acerca de Garzón, cuya autora es la conocida periodista Pilar Urbano, titulada Garzón: El hombre que veía amanecer. Se trata de una biografía autorizada que algunos sectores tacharon de hagiografía,[cita requerida] pero que publicaba datos acerca de la vida e ideología del juez. En sus páginas, el exjuez acusaba al conocido abogado republicano Antonio García-Trevijano de ser el cerebro del llamado caso Sogecable y de estar preparando, junto con el juez Joaquín Navarro, una conspiración para derrocar a Juan Carlos I y proclamar una república[99] . El libro fue motivo de polémica al existir una supuesta responsabilidad del juez en la revelación de secretos sumariales. Este hecho supuso la incoación de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial el 13 de febrero de 2001, para averiguar si el magistrado había incurrido en una falta muy grave por revelación de secretos, y que finalmente fue archivado por decisión unánime de la Comisión Disciplinaria de este consejo, atendiendo a los informes del instructor y del fiscal, al no considerar probado que revelara secretos.[100]

En 1999, el periodista de investigación Pepe Rei publicó Garzón. La otra cara. Editorial Txalaparta, Tafalla, 1999. Se trata de una obra crítica con el magistrado en la que se muestra su inhibición en los numerosos casos de tortura que tuvo que afrontar, ignorando siempre las declaraciones de los afectados.

En 2001, el periodista argentino Eduardo Anguita escribió Sano juicio. Baltasar Garzón, algunos sobrevivientes y la lucha contra la impunidad en Latinoamérica.[101]

En las memorias de José Amedo se hace un retrato muy vívido del personaje y de las circunstancias que rodearon la segunda instrucción del caso GAL.[cita requerida]

En la película GAL, el actor Pedro Mari Sánchez interpreta al juez Serna, cuyo personaje está basado en el juez Garzón, ya que el director de la película, Miguel Courtois, consideró no mencionar de forma explícita al personaje real.

En 2010, Isabel Coixet filmó el documental Escuchando al juez Garzón.[102]

En 2011, Sebastián Arabia filmó el documental La tinta negra.[103] que gira en torno al llamado caso Garzón y los crímenes del franquismo

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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  100. elmundo.es (ed.): «El CGPJ archiva el expediente a Garzón al no considerar probado que revelara secretos» (20 de abril de 2001). Consultado el 22 de abril de 2010.
  101. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001. ISBN 950-07-2002-7
  102. La película de Garzón
  103. La tinta negra. Off Cinema 2001

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