Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

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Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de fin de año en 2010.

Cristina Fernández de Kirchner lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones de 2007 el 19 de julio de dicho año. El 28 de octubre se consagró ganadora en primera vuelta con el 45,29% de los votos positivos[1] sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta esa fecha.

El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección. Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.[2] En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a un segundo mandato.

Índice

Ciencia y tecnología[editar]

Cristina Fernández luego de producirse el traspaso del mando presidencial, el 10 de diciembre de 2007. Detrás su esposo y predecesor, Néstor Kirchner.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.[3] Entre 2003 y 2010 el CONICET ha incorporado más de 8000 personas, aumentando un 93.2% su personal. La cantidad de investigadores en 2003 era de 3804, incrementándose a 6350 en 2010. En 2010 el sueldo promedio de los investigadores fue de $10.894 y el de los becarios de $5164, esto representa un aumento mayor al 500%.[4]

Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.[5] [6] En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.[7]

Repatriación de científicos[editar]

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino así como la finalización de la Central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado junto con un programa especial de repatriación, permitió que regresen al país cientos de científicos e investigadores.[8] [9] [10] [11]

Compra de material rodante ferroviario[editar]

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se compraron 40 locomotoras, 25 coches eléctricos y 20 trenes diésel, en 2008, y 50 coches eléctricos, 20 trenes diésel y 10 locomotoras en 2009, material rodante proveniente de España y Portugal. También se compraron 709 nuevos coches cero kilómetros en la planta de CSR Qingdao Sifang que llegan a principio de 2014 y que van a sacan de circulación a formaciones de más de 50 años de antigüedad en las líneas Mitre, Sarmiento, Belgrano Sur y Roca. Esta empresa estatal china está en 17 países y desembarcó en Argentina, con la instalación de dos plantas para realizar tareas de mantenimiento del material rodante, generando fuentes de trabajo y aportando una importante transferencia de tecnología fundamental en el proceso de recuperación del ferrocarril. En esta línea, se recuperaron los talleres de Tafí Viejo y se continuaran produjendo los vagones de carga diseñados por Fabricaciones Militares.

Programa Conectar igualdad[editar]

Desde 2010 la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) ha iniciado un plan de entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. A febrero de 2011 se ha cumplido la mayor parte.

Rescate de Aerolíneas Argentinas[editar]

El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.

Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa fue adquirida primero por Iberia y luego por Marsans, incurriendo en serias irregularidades.[12] El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.[13]

La empresa es administrada por Mariano Recalde. En enero de 2010, ocho meses después de su estatización se incorporó la primera aeronave, meses después se incorporaron doce aeronaves nuevas Boeing 737-700.[14] La presidenta Cristina Kirchner respaldó la gestión de Aerolíneas Argentinas.[15] El 20 de septiembre de 2010 fueron incorporadas las primeras dos aeronaves Embraer 190 para Austral Líneas Aéreas, en el marco de una ampliación y modernización de la flota, en total viente aeronaves fueron encargadas al fabricante brasileño Embraer[16]

Reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba[editar]

El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de reestatización de la antigua Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin.[17] Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de la ministra Nilda Garré.

El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.[18]

Política económica[editar]

La política económica que sigue es expansionista. El PIB per cápita para 2011 medido en paridad de poder adquisitivo de USD 17 376, es el más alto de América Latina.[19] Durante su presidencia también se registra un aumento de la Inversión Bruta Interna Fija: en 2009 representó el 20,6% del PBI Creció fuertemente en 2010 y 2011, hacia el 2012 alcanzó el nivel récord del 24.1% del PBI, finalizando el año en 25.1% del PBI.[20] El nivel promedio de inversión, que entre 1993 y 2001 fue del 19 por ciento del PBI, escaló a una media del 22,5 por ciento entre 2006 y 2011, con un pico del 24,5 por ciento en 2011.[21] [22] Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.[23]

La política cambiaria consiste en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representa una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.[24] Se critica la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5% del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7%), Chile (8,4%) o Estados Unidos (10,2%).[25] Los productos de primera necesidad pagan entre el 0% y el 10.5% del IVA, el resto de los productos un 21%.[26]

Aumento inversión extranjera[editar]

La inversión extranjera directa en la Argentina alcanzó los 9.753 millones de dólares en 2008, experimentando un gran crecimiento con respecto a años anteriores y por sobre el promedio del período 1992-2008 de 5.300 millones de dólares.[27] En el primer semestre de 2012, los ingresos de IED al país fueron un 42% superiores a los de igual período de 2011.[28] Durante el año 2012 la inversión extranjera directa llegó a 12.551 millones de dólares, la cifra más alta en la última década. Registró un aumento del 27% respecto del 2011, frente a un crecimiento de 6,7% del resto de América Latina.[29] La medidas impulsadas por el gobierno han alentado la reinversión de ganancias en el mercado interno argentino, que alcanzaron en 2012 los 7.984 millones de dólares, más del doble que en 2011.[30] Argentina se convirtió en el quinto país latinoamericano con mayor recepción de IED, por detrás de México (12.659 millones) y por delante de Perú (12.240 millones).[31]

Inflación[editar]

La inflación fue en 2012 según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) del 10.7% anual[32] y de aproximadamente del 9.9% según el FMI.[33]

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con una crisis institucional en el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007,[34] [35] que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial.[36] [37] El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada deuda externa, en función del CER (coeficiente de estabilización de referencia). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el Indec, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada «deuda externa».[38] [39] [40]

Anteriores economistas de su gobierno como Martín Lousteau y Martín Redrado, propusieron bajar el gasto y así reducir la presión distributiva, situación no aceptada por Cristina Kirchner.[41] [42] El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamiento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.[43]

El objetivo según el gobierno no es bajar el crecimiento a costa de los que menos tienen sino ampliar la oferta.[44] Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Según muchos economistas, entre ellos Maximiliano Montenegro, se critica a estos programas por ser insuficientes para contrarrestar la inflación.

La crisis económica mundial de 2008-2009[editar]

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125 / 2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63.ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económicos» que defendían el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.[45]

En octubre de ese año la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).[46]

A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:[47] [48] [48]

  • Creación de un Ministerio de Producción.
  • Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
    • moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
    • blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
    • blanqueo y repatriación de capitales.
  • Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).[49]
  • Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT[50] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.[51]

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.[52]

Barack Obama y Cristina Fernández en la reunión del G20 en 2009.

Debido a que la Argentina integra el G20, Cristina representó al país en las cumbres de esa instancia mundial durante la crisis económica de 2008-2009. Entre las medidas propuestas por Cristina se destacó la de incorporar al G20 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),[53] propuesta que se concretó en la tercera cumbre realizada en Pittsburg en septiembre de 2009.[54] La presión de Cristina y Lula en la segunda cumbre realizada en Londres en abril de 2009, permitió también que se quitara de la declaración final la mención elogiosa de la flexibilidad laboral que se hacía en el borrador del documento.[55]

Medidas contra la fuga de capitales[editar]

Durante la crisis económica de 2008-2009 que sufrió la economía mundial, se inició una fuga de capitales muy pronunciada. El entonces director de la ANSÉS, Amado Boudou, ideó un plan para estatizar todos los fondos que se encontraban en las AFJP lo que permitió tener disponibilidad. Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés.

Política distributiva[editar]

Generalización de la asignación familiar por hijo[editar]

El 28 de octubre de 2009, Cristina Kirchner sancionó el Decreto 1602/09 creó la Asignación Universal por Hijo, estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.[56]

Para percibir el beneficio, los padres deberán acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. A partir de mayo de 2011 se extendió a las mujeres embarazadas desde 12 semanas de gestación.

La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital).[57] Esta medida desde el punto de vista de la distribución de la renta es progresiva, además posicionó a Argentina como el país con mejor seguridad social de Latinoamérica.

Reducción de la pobreza[editar]

En un proceso iniciado por Néstor Kirchner desde el 2003 hasta el 2009, duplicó la clase media en la Argentina, que pasó desde los 9,3 millones a los 18,6 millones en ese último año, según datos del Banco Mundial. Esto transformó a la Argentina en el país con mayor crecimiento de dicho segmento de la población en toda América Latina.[58]

Entre el 2006 y 2009 la pobreza en Argentina disminuyó de 21% a 11.3%.[59] Según el área geográfica, el porcentaje de personas pobres en el área urbana es del 11.4%, en el área metropolitana 9,6% y en el resto del área urbana del 13.3%,[60] Entre los años 2010 y 2011 la pobreza continuó reduciéndose del 8.6% al 5.7%, para ubicarse como la más baja de América Latina.[61]

Según un informe de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 5.7%, lo que ubicándose como la más baja en América latina, detrás de Uruguay (6.7%) y Chile (11.4%). La indigencia disminuyó del 7,2% al 1,9%.[61]

Televisación del deporte[editar]

El 11 de agosto de 2009, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera su contrato de televisación con la empresa TyC Sports, el gobierno nacional le propuso la adquisición de los derechos ofreciendo 600 millones de pesos (el contrato anterior con TyC era de 268 millones de pesos). La principal condición sería la transmisión de todos los partidos en directo.[62] y que el excedente de ganancia por publicidad y comercialización se destine al deporte amateur. Así el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de primera división y creó el Fútbol para todos, permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros.

El 24 de febrero de 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana. Encuentros de fútbol Nacional B, Argentino A, Argentino B y torneo del Interior donde el equipo participante tenga relevancia. Turismo Carretera, TC2000 y Top Race. Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley para la zona donde el equipo tenga relevancia.

Reestatización del Sistema Previsional[editar]

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES y actualmente vicepresidente de la Nación

El 21 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que elevaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.[63] [64] [65] [66] [67] [68] Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado[69] y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.[70] [71] [72] [73] [74] [75]

Un día después del envío del proyecto de reestatización de los fondos al Congreso, el de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado».[71] La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense.[76] A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación.[71] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83]

Pese a la amenaza por parte del representante de las AFJP, quien aseguraba que recurriría a «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados»[84] y la existencia de posteriores excepciones (en casos puntuales) al traspaso de los fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social que se tramitaron en la justicia,[85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] el proyecto fue enviado para su apreciación en la Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, por 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones.[92] [93]

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue encaminado al Senado, donde se sometió a votación en la noche del 19 de noviembre del mismo año, siendo sancionado por una amplia mayoría[94] de 46 votos afirmativos, contra 18 negativos y una abstención.[95] [96] [97] [98] Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema provisional y ponía fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.[99]

Aunque la decisión de estatizar las AFJP ayudara a la caída en las acciones en la Bolsa de Madrid de empresas españolas que en ese momento tenían intereses en Argentina, como Telefónica y Repsol (que controlaba YPF, empresa que más tarde vendría también a ser reestatizada), el embajador español en Buenos Aires, Rafael Estrella consideró el traspaso de las AFJP al estado nacional «una decisión soberana del gobierno argentino» y sostuvo en la ocasión que ese traspaso «no afecta para nada al gobierno español, ni a las relaciones con la Argentina».[100] [101] [102] [103]

A respecto de la estatización de los fondos jubilatorios, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que «Cuando los recursos de los trabajadores estaban en manos de los privados, se pagaron 12.200 millones de dólares en comisiones, más de 50.000 millones de pesos».[104] Por su parte, el nuevo titular de la ANSES, Diego Bossio, aseguró que «si las AFJP existieran [al día de hoy], serían usureras»[105] y el vicepresidente Amado Boudou (quien precediera a Diego Bossio al frente de la ANSES), afirmó qué «si siguieran las AFJP sería un drama […] para las personas que se hubieran jubilado en este tiempo, ya que sus fondos no valdrían nada».[106]

Más allá de estas declaraciones de funcionarios, de acuerdo con un informe de ANSES publicado a mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP[107] [108] y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 mil millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquél momento llegó a 201.027 millones de pesos.[109]

Planes de vivienda[editar]

Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2 800 000 personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000 y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000. En el año 2012 se creó el plan PRO.CRE.AR que tiene como objetivo la construcción de 100.000 viviendas en 4 años y créditos a bajas tasas para familias que ya poseen un terreno propio[110]

Política energética[editar]

Ahorro de energía[editar]

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las lámpara incandescente por las de bajo consumo, y ―por sanción del Congreso― se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Desde 2009 todos los edificios públicos deben obligatoriamente utilizar lámparas bajo consumo.

Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red.

Se concretaron dos centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se concluyó la construcción de la Represa de Yacyretá) al subir la cota a 83 msnm que implica un 50% más de generación hidráulica y se encuentra en fase de terminación la tercera central nuclear de Atucha 2.

Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema Interconectado Nacional.

Se llamó a licitación internacional para la construcción de centrales de hasta 30 MW cada una mediante energías renovables (solar térmica, eólica, minihidráulica, otras) por un total de 1500 MW de potencia instalada.

Mayoritariamente todo esto se realiza con fondos propios del tesoro nacional al no contar el país con créditos externos generados por el default de la crisis del 2001.

Gasoducto del Noreste[editar]

En febrero de 2011 se abrió la licitación para la construcción del Gasoducto del Noreste que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

Proceso de expropiación de Repsol YPF[editar]

Cristina Kirchner en su discurso antes de enviar al Senado de la Nación Argentina el Mensaje número 529 para el tratamiento del proyecto de ley que declara de utilidad pública a la petrolera Repsol YPF y por la cual se decide expropiar el 51% de sus acciones.

En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales expropiaron áreas con yacimientos petroleros que estaban en concesión de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. Tres áreas fueron quitadas o "expropiadas" a la petrolera: en la provincia de Neuquén, una llamada "Don Ruiz" de 109,1 kilómetros cuadrados y Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman en total una superficie de 242,4 kilómetros cuadrados.[111] En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15% en las bolsas.[112] Inmediatamente, las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz retiraron las conceciones a Repsol YPF.[113] [114] [115]

El 13 de abril hubo fuertes rumores de que se encontraba en proceso un boceto de ley para "reestatizar YPF", cuyo primer artículo establecía de "utilidad pública" y "sujetas a expropiaciones" el 50,01% de las acciones de la petrolera. No obstante en su momento, Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, había desmentido esa versión.[116] Finalmente, el 16 de abril, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el cual se declara de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos" y por lo tanto el gobierno nacional en uso de sus facultades constitucionales expropia el 51% de la acciones de Repsol YPF. Durante la cadena dijo entre otras cosas que se trata de «una recuperación de la soberanía» y «no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada».[117]

Política de educación[editar]

La política educativa del gobierno de Cristina Fernández es una continuación de la de la gestión de Néstor Kirchner.

Aumento de los recursos[editar]

El porcentaje del PBI destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 6,02% en 2010. En términos absolutos, pasó de 14.501 millones de pesos en 2003 a 89.924 millones de pesos en 2010, un 520% más.[118]

Además se destaca la creación de nuevas universidades como la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza,[119] la Universidad Nacional de Avellaneda,[120] y la Universidad Nacional de José Clemente Paz[121] la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Oeste. Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de la Matanza cuyo presupuesto creció un 820%.[122]

Construcción de escuelas[editar]

Después del plan quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951 (que abrió 8000 escuelas)[123] , el lapso entre 2003 y 2010 es el segundo período de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más 1880 escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos,[124] además de la entrega de 2 millones de netbooks a alumnos secundarios.

Política laboral[editar]

Inauguración de la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 2009. De izquierda a derecha.: Jorge Taiana (ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), Cristina Fernández de Kirchner (presidenta de Argentina), Carlos Tomada (ministro de Relaciones de Trabajo de Argentina) y Juan Somavía (director general de la OIT).

Evolución del mercado de trabajo[editar]

En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre de ese año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).[125] Hacía el cuarto trimestre de 2012 la desocupación disminuyó al 6.9%.[126]

Para el 2012 el trabajo informal (no registrado) se redujo a un 34,5%,[127] luego de que llegara al 49,5% en el primer semestre del 2003.[128]

Reestatización de las jubilaciones y pensiones[editar]

El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.[129] El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerzas de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).[130]

Negociación colectiva[editar]

El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.

Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007,[131] y del 324% comparado con 2004.[132] Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.[131]

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.[133]

Migraciones laborales[editar]

El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006.[134] La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.[135]

Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo[editar]

El 5 de noviembre de 2009 la presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema ―establecido durante el gobierno del presidente Carlos Menem― y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).[136]

El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en 180.000 pesos (aproximadamente 50.000 dólares estadounidenses) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100% los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50% y muerte.[136]

La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de ARTs, sin beneficio de lucro.[136]

En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA).[137] En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma,[137] la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.[138]

Política internacional[editar]

El embajador ante el Vaticano[editar]

Cristina Fernández y Michelle Bachelet junto a Benedicto XVI.

En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el placet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto.[139] Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la presidenta ―con acuerdo del Senado― designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo placet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.[140]

Gestiones humanitarias por los rehenes de las FARC[editar]

La cantante Madonna, Íngrid Betancourt y Cristina en la Casa Rosada.

La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007.[141] Ya asumido el poder como presidenta, dispuso que su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.[142]

El gobierno francés agradeció el compromiso argentino.[143] Una vez liberadas, las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, viajaron a la Argentina para agradecer a la presidenta las gestiones que contribuyeron a su liberación.[144] Lo mismo hizo Ingrid Betancourt en diciembre de 2008,[145] luego de ser liberada en julio de ese año, oportunidad en la que le manifestó a la presidenta Fernández:

Te debo mucho a ti y al presidente Kirchner. Por eso quise estar aquí para expresar mi gratitud en forma personal.

Ingrid Betancourt.[145]

Disculpas de la CIA por un anuncio sobre inestabilidad en Argentina[editar]

El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barack Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que «hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica».[146]

La presidenta Cristina Fernández inmediatamente dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para que repudie las declaraciones del jefe de la CIA y pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El ministro Jorge Taiana convocó al embajador estadounidense y expresó en declaración de prensa:

Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de Panetta, director de la tristemente célebre CIA. Son irresponsables, infundadas e inmaduras, y no muestran el respeto que debe existir entre los países. Las palabras de Panetta son una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país, y mucho más proviniendo de una agencia que tiene una triste historia de intervenciones e interferencias en la región.[147]

El 27 de febrero, Leon Panetta ―director de la CIA―, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo argentino, así como para también confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un «funcionario latinoamericano», cuya identidad no reveló.[71]

Estados Unidos tiene y quiere mantener una buena relación con la Argentina y no hay explicación para el error que cometí. Me preguntaron de qué países me habían hablado y respondí sin pensarlo... Lo que dije no representa la posición del gobierno de Estados Unidos, pero tampoco la mía personal.

Leon Panetta.[71]

Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que «los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina», confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.[71]

Gestiones con Cuba para autorizar a Hilda Molina a salir de ese país[editar]

Entre las gestiones humanitarias llevadas adelante por la presidenta Fernández se encuentran las que realizara ante el gobierno de Cuba para que éste autorizara a la médica Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, a su hijo y a sus dos nietos argentinos, residentes en la Argentina. Cristina Fernández había iniciado las gestiones en 2004, hasta que el 12 de junio de 2009 el gobierno cubano emitió la autorización solicitada. El 14 de junio, Hilda Molina llegó a la Argentina, agradeciendo a la presidenta y al pueblo argentino por las gestiones realizadas.[148]

Propuesta argentina y resolución del Mercosur para flexibilizar la patente de la vacuna contra la gripe A[editar]

En la cumbre Mercosur realizada el 24 de julio de 2009, la presidenta de Argentina Cristina Fernández reclamó «una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente» de la vacuna contra la gripe A (H1N1), para poder atender a todas las personas afectadas por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 a precios socialmente razonables, debido a que el laboratorio que tiene el monopolio de la patente no tiene la capacidad para producir de inmediato todas las vacunas que se necesitan. Fernández informó también que tanto la Argentina como Brasil estaban en condiciones de comenzar sin dilaciones a producir la vacuna contra el virus.[149]

Ese mismo día los jefes de gobierno del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) aceptaron la propuesta argentina y emitieron una decisión, considerada inédita por la prensa, en la que exigieron la «flexibilización» de las reglas internacionales sobre patentes a fin de permitir la fabricación de la vacuna cuando un país afectado por la pandemia lo necesite.[150] Textualmente la resolución aprobada por la Cumbre del Mercosur dice:

En caso de que se requiera, se deben activar los mecanismos relacionados con las flexibilidades contempladas por los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC).[151]

Posición y acciones ante el golpe de Estado en Honduras[editar]

El 28 de junio de 2009, ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya, la presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena, definiendo la acción como un «retorno a la barbarie»[152] y un «golpe cívico mediático»,[153] y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.[154]

Soberanía de las Islas Malvinas[editar]

El 3 de febrero de 2010 la cancillería argentina realizó una protesta formal ante la decisión de Gran Bretaña de instalar una plataforma marítima para explorar yacimientos petrolíferos en el área de las Islas Malvinas. La Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas que ejerció hasta 1833, cuando fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña sucesivamente. Actualmente, las islas Malvinas se encuentran entre los territorios no autónomos a ser descolonizados bajo supervisión de las Naciones Unidas.[155]

Ese mismo día altos dirigentes de la oposición se reunieron en Gran Bretaña con el gobierno para consolidar relaciones con ese país, entre ellos los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, y Oscar Aguad, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores argentinos fueron severamente cuestionados por el gobierno de Cristina Fernández, por «prestarse a una operación política» británica, con el fin de apoyar la escalada británica en la disputa por la soberanía de las islas.[156]

La presidenta Cristina Fernández respondió a la decisión británica con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas y solicitó el apoyo al reclamo argentino por parte de los demás países latinoamericanos.

Los 32 países latinoamericanos y del Caribe manifestaron por unanimidad su apoyo a los «legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la cuestión de las islas Malvinas», en ocasión de la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada el 23 de febrero, y declararon que la presencia inglesa en esos territorios constituyen una «intrusión».[157] El gobierno argentino puso de manifiesto que el apoyo a la Argentina incluye a varias naciones que fueron colonias inglesas e integran el Commonwealth británico, como Jamaica, Barbados y Belice. En su discurso ante la cumbre, Cristina Fernández denunció que:

Los que tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU pueden violar sistemáticamente las resoluciones de ese organismo, y el resto de los países se ven obligados a cumplirlas bajo pena de ser considerados un país enemigo, intervenidos bélicamente o intervenidos políticamente sus gobiernos.[158]

Finalmente, el 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estados de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde recibió con agrado el pedido de Cristina Fernández para mediar ante Gran Bretaña. Hillary Clinton dijo que el diferendo por las Malvinas es un «asunto que debe ser resuelto entre el Reino Unido y Argentina» y «si hay alguna manera en que podemos ayudar para facilitar este esfuerzo, estamos listos a hacerlo».[159]

Tanto la postura Hillary Clinton, como el apoyo unámime de los países latinoamericanos y caribeños, ha sido considerada como un triunfo histórico para la posición argentina y causó «desconcierto y consternación» en Gran Bretaña.[160]

En lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas el gobierno ha mantenido una constante presencia en la Organización de las Naciones Unidas, quien siempre ha fallado favorable a Argentina. Ante la escalada de tensión por la exploración petrolífera de las mismas por parte de Gran Bretaña, la presidenta respondió con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas, posición apoyada por la Unasur en su conjunto. Este reclamo fue escuchado por Hillary Clinton, quién se mostró personalmente dispuesta a mediar, situación que causó desconcierto en los británicos.

Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respaldo de la comunidad latinoamericana y el Caribe en torno a la postura de recuperar las islas mediante la vía pacífica mientras que el Reino Unido a través de los dichos de su primer ministro británico David Cameron señalaron que la soberanía de las Malvinas la deciden los mismos isleños por su derecho de autodeterminación. A pesar de la militarización del océano Atlántico Sur denunciada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas, el primer ministro Cameron respondió que dicho envió de buques no es una acción de militarizacion de la región de las islas y el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios rutinarios.[161] [162]

Visita a la Argentina de Hillary Clinton[editar]

El 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde se entrevistó con la presidenta Fernández, para luego dar ambas una conferencia de prensa. Ambos países ajustaron coincidencias orientadas a temas como la ayuda humanitaria ante el terremoto de Haití de 2010, la lucha contra el terrorismo internacional, las políticas de estímulo frente a la crisis económica mundial de 2008-2010 y los programas de seguridad nuclear. Un hecho destacado de la reunión fue el pedido de mediación a Hillary Clinton por parte de Cristina Fernández, y la manifestación de aquella de estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar. En la reunión también se plantearon las diferencias frente a la posición de ambos países ante la situación en Honduras. Finalmente, en la conferencia de prensa, Hillary Clinton felicitó al gobierno argentino por su política de desendeudamiento y el bajo nivel de deuda externa alcanzado.[159] [163] [164]

Desagravio al Paraguay[editar]

En 2007, cuando Cristina era primera dama, elogió en un discurso público al presidente paraguayo Francisco Solano López (1826-1870), calificando a la Triple Alianza como una triple traición a los intereses de Latinoamérica frente a los imperialismos. A ello se sumó el 14 de septiembre de 2007 la imposición del nombre «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado 2, una unidad militar del Ejército Argentino con asiento en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos).[165]

Frente a esto, el diario La Nación respondió con una editorial, firmada por su director, tataranieto del general Bartolomé Mitre, fundador del mismo diario, en que comparaba a Solano López con Adolfo Hitler. Este editorial provocó una respuesta enérgica en la intelectualidad paraguaya y también entre intelectuales de izquierda en general.[166] [167] [168]

Al respecto, la presidenta Cristina Fernández expresó:[169]

Algún medio de comunicación, fundado tal vez por uno de los que encabezó aquella triple traición, me criticó duramente. No importa, la verdad histórica no puede taparse con editoriales. Está escrita, desgraciadamente a sangre y fuego en el corazón del pueblo paraguayo.

Cristina Fernández de Kirchner

El 25 de febrero de 2010, durante la innauguración de la represa de Yacyretá, la presidenta mencionó la devolución por parte de Juan Domingo Perón de los trofeos de la Guerra de la Triple Alianza. También lo contextualizó como una señal de amistad con el Paraguay.

Desagravio al Perú[editar]

El 22 de marzo de 2010 la presidenta Fernández viajó al Perú con el objetivo central de desagraviar a ese país y normalizar las relaciones, luego de que el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, realizaran en 1995 una operación de contrabando de armas a Ecuador, realizada de manera ilegal y encubierta cuando esos países mantenían un conflicto limítrofe con episodios de enfrentamiento armado, dañando seriamente las relaciones entre la Argentina y el Perú.[170]

La Argentina y el Perú han mantenido una continuada política de alianzas desde los tiempos de la independencia, compartiendo incluso al mismo padre de la patria, José de San Martín. El Perú, por su parte, dio una fuerte muestra de su solidaridad con Argentina, cuando durante la Guerra de Las Malvinas (1982), ofreció armamentos y combatientes para enfrentar a Gran Bretaña, acto que la sociedad argentina ha valorado en alto grado. Por estas razones la operación del expresidente Menem había sido vista como una traición histórica de la Argentina contra el Perú.[170]

En esa oportunidad Cristina Fernández se entrevistó con el presidente del Perú Alan García manifestando:

Con pocas naciones (la Argentina tiene) relaciones tan importantes como con la querida hermana República del Perú, con tantos lazos históricos comunes. Esta es una visita de desagravio institucional y reparación histórica que nos debíamos a nosotros los argentinos y a nuestros hermanos peruanos. Siento que estoy cumpliendo un mandato de todo el pueblo argentino para reafirmar la importancia de consolidar la unidad de la región como una unidad que no solo tenga basamentos económicos.

Cristina Fernández de Kirchner[171]

El presidente Alan García, por su parte, expresó:

Fue un enojoso incidente que jamás debió ocurrir, pero no cambia la amistad con el pueblo argentino. Renovamos nuestro afecto y cercanía, y saludamos que podamos hacer muchas cosas juntos.

Alan García[171]

La Unasur elige secretario general al expresidente Kirchner[editar]

El 3 de mayo de 2010, la política exterior del gobierno argentino logró que el expresidente Néstor Kirchner fuera elegido por unanimidad como primer secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas.[172]

Discurso ante el 2.º Congreso de la Confederación Sindical Internacional[editar]

El 24 de junio de 2010 la presidenta Cristina Fernández fue invitada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) a hablar ante su segundo Congreso, celebrado en Vancouver (Canadá). Su presencia ante la máxima instancia del movimiento obrero mundial, se produjo en momentos que el sindicalismo internacional estaba luchando por incluir una agenda favorable a los trabajadores en el G20, con el fin de dar paso a un nuevo modelo de crecimiento con justicia social, que reemplace al neoliberalismo.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablara ante la Confederación Sindical Internacional (CSI), su nueva presidenta, la australiana Sharan Barrow dijo las siguientes palabras:

Les dije, es una maravillosa mujer. Y para la Argentina tienen mucha suerte de tenerla como presidenta. Nosotros, por nuestra parte adoptamos su liderazgo alrededor del mundo. Ella lo sabe: empleo, protección social, servicios públicos; estas cosas son importantes. Son importantes para la vida de la gente, son importantes para la economía, para los mecanismos de la demanda. Nosotros sabemos que la presidenta de Argentina puede enseñarles a esos que en Europa están siguiendo el viejo truco del recorte. El ajuste es el centro de la cuestión. Quiero entregarle un oso, es un símbolo canadiense, es un símbolo de los pueblos originarios. Significa «generosidad», significa «paciencia», significa «una excelente maestra». Qué más puede decirse de una maravillosa mujer, que no solo es la presidenta de Argentina, sino que además en la reunión del G20 que se realizará esta semana, yo sé que ella va a levantarse para poner el trabajo decente, el empleo, el Pacto Global por el Empleo, y las medida que ella nos ha transmitido, en el corazón del comunicado final, con todos nosotros, y nuestras familias y la estabilidad del futuro económico, en mente. Mientras le agradezco a la presidenta, puedo decirles que, junto a ella se encuentra Carlos Tomada. Es su ministro y un muy buen amigo nuestro también. Carlos, realmente apreciamos tu amistad. Para aquellos líderes y presidentes que no comparten nuestros valores, les decimos que ya es tiempo de que se vayan. A tu presidenta le decimos que nosotros queremos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se mantenga de pie, porque el poder del Estado es el único poder democrático capaz de lograr una globalización justa.

Sharan Barrow, presidenta de la Confederación Sindical Internacional[173]

Otras áreas[editar]

Política ambiental[editar]

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de protección de glaciares, que había sido aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias),[174] y con tres votos en contra en el Senado.[175]

Este proyecto de ley, proponía principalmente la regulación de las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo absolutamente las actividades industriales y mineras, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura (con excepción de las científicas) y la liberación de sustancias contaminantes sin importar el volumen de las mismas.[176]

El veto fue fundamentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el hecho de que la prohibición de actividades que realiza «el Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional», haciendo referencia al régimen federal que establece la Constitución y la autonomía que la misma garantiza a las provincias. El decreto menciona al respecto la «preocupación» manifestada por algunos «gobernadores de la zona cordillerana» ya que el texto sancionado «repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias» e invita a los legisladores y gobernadores a resolver la cuestión mediante la constitución de «un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial».[177]

En 2010 se votó y sancionó una nueva ley de glaciares que fue promulgada el 28 de octubre. Dicha ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.[178] El 28 de febrero de 2011 se reglamentó la ley estableciéndose los presupuestos mínimos y la inmediata confección de un inventario de glaciares.

Política de derechos humanos[editar]

Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París (7 de abril de 2008).

Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La política de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura.

El 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, Fernández cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad:

Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo.[179]

La referencia de la presidenta Fernández a la demora de la Justicia para resolver las causas por delitos contra la humanidad, estaba relacionada con la crítica a la Cámara de Casación Penal realizada por el entonces presidente Kirchner, el 26 de marzo de 2007, por la gran demora en resolver los recursos que presentaban sistemáticamente los represores acusados, causando la parálisis de casi todas las causas.[180] [181] En esa oportunidad Kirchner había sido muy cuestionado por criticar a la Cámara de Casación, por parte de algunos conocidos juristas y políticos opositores.[180]

El discurso de Cristina Fernández fue cuestionado en ese momento por la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, atribuyendo las demoras a la falta de recursos:

Le diría a la señora presidenta, que lo sabe además perfectamente bien, que el Legislativo y el Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios primero nombren a los jueces que no tenemos. Porque hay un montón de jueces que se excusan o son recusados por las partes y de dónde sacamos jueces sino tenemos. Necesitamos cargos de personal para lo cual hace falta plata. Todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y todos los años el Ministerio de Economía primero y luego los legisladores lo recortan.[182]

El 17 y 18 de diciembre de 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García, por dos votos contra uno (Mitchell), ordenó la liberación de 21 represores acusados de delitos de lesa humanidad en la megacausa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en Francia, argumentando que se había excedido el plazo legal máximo de prisión preventiva autorizado por la ley.[183] [184]

La decisión fue severamente cuestionada por Cristina Fernández el mismo día que se dieron a conocer los fallos, en un acto realizado precisamente en la ESMA, transformada en centro para la memoria:

Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial... Confío en que la Justicia argentina coloque a nuestro país en el lugar de donde nunca debería haber salido... Si piensan que pueden amedrentarme porque soy una mujer, que lo olviden: nunca lo van a lograr.[185]

El fallo también fue criticado por dirigentes políticos de diversas tendencias y activistas de derechos humanos. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que el fallo era «una cachetada, una vergüenza».[186] Por su parte, la diputada Victoria Donda, nacida y despojada de su identidad en la ESMA, acusó al tribunal: «No me sorprende, porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas».[186] Ragmar Hagelin, padre de la adolescente Dagmar Hagelin desaparecida en la ESMA, definió el fallo como «un sacrilegio», «una cachetada en cada mejilla del pueblo argentino» y sostuvo que «es una vergüenza nacional que haya jueces que a esta altura de los hechos tomen una decisión semejante».[187]

Ante el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, suspendiendo así la liberación de los represores y solicitar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los dos jueces (Yacobucci y García) que votaron a favor en la decisión.[188]

El 29 de diciembre de 2008 la Corte Suprema tomó medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad y simultáneamente culpó al gobierno y al Congreso por las demoras. Mediante una acordada, la Corte reclamó a los juzgados de todo el país la agilización de los juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura militar,[189] mientras que el juez Carlos Fayt, respondió a las críticas contra la Cámara de Casación, atribuyéndole la culpa al Congreso Nacional y al gobierno:

No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados.[190]

La Corte también creó en esa ocasión una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras.[191] En la misma ocasión invitó a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público Fiscal, a que aceleren las causas.[189]

Al día siguiente, Julio César Strassera, quien fuera fiscal de los Juicios a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, acusó al gobierno de estar demorando la causas de derechos humanos para utilizarlas como una bandera.[192]

En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal Nº 5, para dos de los diez tramos de la megacausa ESMA, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.[193]

El 24 de marzo de 2010 la presidenta Fernández anunció que apoyaría a las Abuelas de Plaza de Mayo en caso de que estas decidieran denunciar al Poder Judicial argentino ante tribunales internacionales, debido a las maniobras dilatorias e irregulares en la causa contra Ernestina Herrera de Noble, propietaria del multimedio Clarín, por el presunto secuestro y robo de identidad de dos hijos de desaparecidos a los que haría pasar como hijos, una de las causas más demoradas dentro de las investigaciones relacionadas con el tráfico de bebés en el Proceso de Reorganización Nacional.

Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual[editar]

En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner prometió en su plataforma electoral presentar un proyecto de ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en el año 1980. El punto había sido incluido también en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, pero finalmente no pudo llevarse a cabo durante su mandato.[194]

Dos años más tarde, el 18 de marzo de 2009, la presidenta Fernández hizo público su proyecto de Ley de Radiodifusión, en un acto realizado el Teatro Argentino de La Plata,[195] proyecto que tomaba como base los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación consensuados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática,[cita requerida] un grupo de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas que, tras meses de trabajo en conjunto, propusieron el día 27 de agosto de 2004 una lista de 21 puntos básicos que, según su criterio, debía tener la nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar.[196]

Como algunos partidos políticos de oposición habían solicitado que el proyecto no fuera presentado al Congreso Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 28 de junio, el 27 de agosto de ese año el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados.

Aprobación en el Congreso[editar]

Aprobación en la Cámara de Diputados[editar]

El 16 de septiembre de 2009 se desarrolló una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar los cinco dictámenes (uno por la mayoría y cuatro por la minoría) que surgieron del plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda, y de Libertad de Expresión.[cita requerida]

El Congreso de la Nación Argentina visto desde la Plaza del Congreso, con la estatua El Pensador de Rodin en primer plano. El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue enviado a la Cámara de Diputados el día 27 de agosto de 2009.

Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (confederación), Propuesta Republicana (macrismo) y del peronismo disidente (duhaldismo, felipismo y denarvaísmo, entre otros), expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Finalmente, tras catorce horas de debate, a la 1:20 de la mañana del 17 de septiembre,[197] el proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención.[198]

Los votos positivos provinieron del bloque oficialista Frente para la Victoria/Partido Justicialista y de varios bloques opositores como el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), el interbloque Partido de la Concertación - FORJA, el Frente Cívico por Santiago y Proyecto Sur, entre otros.[199]

Los cuatro votos negativos provinieron del bloque del Movimiento Popular Neuquino (tres votos) y un voto en disidencia con su partido de una diputada socialista.[199] Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires (Miguel Bonasso).[199]

Aprobación en el Senado[editar]

El viernes 9 de octubre, minutos después de las diez y media de la mañana, se inició el tratamiento del proyecto con media sanción de Diputados.[cita requerida] En una larga sesión que se extendió por aproximadamente veinte horas[200] y finalizó el sábado 10, a las seis y diez de la mañana, cuando el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto.[201] El texto fue aprobado en general con 44 votos a favor y 24 en contra.[202]

Repercusiones[editar]

El proyecto recibió el apoyo de las dos centrales sindicales (la CGT y la CTA),[203] [204] [205] así como de los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación audiovisuales.[206] El proyecto también contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones de Derechos Humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, y de la Federación Universitaria Argentina.[cita requerida]

El proyecto también contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la que expresó Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas,[207] la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes Región Cono Sur (OCLAE),[cita requerida] entre otras.

En sentido contrario, el proyecto fue rechazado por las cadenas de medios de comunicación más grandes del país, como el multimedio Clarín y el Grupo Uno. También expresó su rechazo al proyecto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), dirigida por estos grupos.

Proyecto[editar]

El proyecto establece que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y que deben ser entregadas a quienes pretendan utilizarlas, mediante concurso público por plazos de diez años, prorrogables por otros diez. Se clasifica a los emprendimientos de comunicación audiovisual en tres grupos:

  • Medios comunitarios (organizaciones sin fines de lucro).
  • Empresas privadas con fines de lucro
  • Medios públicos (estado nacional, provincias, municipios y universidades públicas).

La ley reserva un tercio del espectro para las licencias correspondientes al primer grupo, es decir, a los medios operados sin fines de lucro.

La ley establece límites estrictos para impedir la concentración monopólica y oligopólica de medios, poniendo un tope de diez licencias (anteriormente el límite era de 24) y manteniendo también la prohibición actual a las empresas telefónicas; el levantamiento de esta restricción fue propuesto, pero luego retirado (como concesión hacia partidos de oposición de centroizquierda). Se obliga a los propietarios y directivos de medios a respetar la libertad de expresión y el pluralismo. Se establecen garantías para los usuarios y normas especiales de protección y fomento de medios de comunicación bajo dirección de los pueblos originarios. Regula con detalle la formación de redes de medios y establece límites precisos de producción y contenidos locales y provinciales, para evitar que los medios locales se conviertan en meras repetidoras de medios con sede en la Capital Federal u otros países y fortalecer la existencia de medios y profesionales locales. Dispone una difusión mínima de un 70% de producción nacional, 30% de música nacional y un 50% de música grabada por productoras independientes, así como regulaciones para la extensión y forma en que debe difundirse la propaganda comercial (límites de tiempo y obligación de tanda). Cada canal de televisión deberá estrenar un mínimo de 6 películas nacionales por año. Una radio temática (por ejemplo de música clásica o de jazz) igualmente puede solicitar permiso para emitir una proporción mayor de producción extranjera.

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)[editar]

Está contemplado en el articulado entre el 10 y el 14 incluidos. Será conformado por 7 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN): el presidente de la AFSCA y un director designados a propuesta por el PEN; tres designados a propuesta por la Comisión bicameral, con la finalidad de que representen a las primera, segunda y tercera minorías del Congreso Nacional y dos designados a propuesta por el Consejo Federal, de los cuales uno tiene que ser un académico de la comunicación. Sus miembros durarán en el cargo 4 años y deben ser designados con 2 años de anticipación de la asunción del Presidente de la Nación.

Tiene como función ser la «autoridad de aplicación» de la ley, es decir, ser el organismo que se hace cargo de la aplicación diaria de lo estipulado por la ley, más concretamente:

  • (a) Pensar los criterios y aprobar los pliegos para las adjudicaciones
  • (b) Hacer cumplir las normas administrativas de la ley incluyendo la declaración de caducidad de licencias
  • (c) Establecer los criterios para los concursos de adjudicación de licencias
  • (d) Responder a los requerimientos de los otros órganos definidos en la ley.

El presupuesto de este organismo está dado por todos los aportes que el Tesoro de la Nación disponga en el Presupuesto Nacional, así como por donaciones puntuales y los fondos por gravámenes que deban pagar los licenciatarios, importes por las multas impuestas por infracciones administrativas, etcétera.

Decisión final de la Corte Suprema de Justicia[editar]

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo concreto para el cumplimiento de artículos de la ley cuya aplicación se encontraba suspendida por medidas cautelares solicitadas por el Grupo Clarín. La Corte fijó para el 7 de diciembre de 2012 el plazo límite para el vencimiento de dichas medidas cautelares, aduciendo que estas «no pueden sustituir la solución de fondo» y que las medidas cautelares «son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica».[208] De este modo, la resolución del caso «Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares» ordena que que se aplique el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias,[208] con lo que queda obligado el Grupo Clarín a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año «desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido el plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen».[209] [210] De las aproximadamente 300 licencias que posee el Grupo Clarín, podrá mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás.[211] [212]

El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue por decisión unánime[211] [76] siendo firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y por los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi (quien manifestó no compartir todos los fundamentos de sus colegas), Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.[208] [76] [213]

Despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público[editar]

El 11 de septiembre de 2009 la presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público.[214] [215] El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo de 2008, en el caso Eduardo Kimel c/ Argentina, al periodista argentino Eduardo Kimel, condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento, publicada como libro bajo el título de La masacre de San Patricio.[214]

El proyecto propuso derogar el artículo 112 del Código Penal vigente en ese momento, que establecía el llamado «delito de calumnias o injurias encubiertas»,[216] y agregar en el texto de los restantes artículos referidos a los delitos de calumnias e injurias, que «en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas».[214] El proyecto adoptó una posición radical en la materia, despenalizando absolutamente todo tipo de expresiones, cuando estén referidas a asuntos de interés público o no sean asertivas. De ese modo el proyecto fue más allá de la doctrina de la real malicia, que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Morales Solá,[217] y que sostiene que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa, o al menos, que tuvieron una notoria imprudencia el momento de verificar su veracidad como no haber 'chequeado' las fuentes.[218]

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009,[219] [220] con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados.[221] [222] En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores.[223]

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que «es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina».[224]

Declaración de utilidad pública de la producción y comercialización de papel para diarios[editar]

Con el objetivo de asegurar el acceso igualitario al papel para diario, y eliminar las restricciones de un insumo básico para la libertad de expresión,[225] se declaró en 2010 de utilidad pública la producción y comercialización de papel para diarios, donde Papel Prensa S.A. es el único proveedor local.[226] La medida fue respaldada por diferentes asociaciones vinculadas a medios gráficos como Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DYPRA) y La Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA).[227]

Festejos del Bicentenario[editar]

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la Avenida 9 de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo y finalizó el 25 de mayo, «día del Bicentenario». Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.[228]

Reforma y unificación del Código Civil y Comercial[editar]

Durante el último año de su primer mandato propició la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, ambos redactado por Dalmacio Vélez Sársfield en 1869. A principios de 2011, mediante el Decreto Presidencial 191/2011, se constituyó la "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación"1, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, la Vicepresidente de ese cuerpo (Elena Highton de Nolasco) y la ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Profesora Aída Kemelmajer de Carlucci. El 8 de agosto del año 2012 se forma una comisión adjunta con miembros de ambas cámaras para analizar la reforma y actualizar ambos códigos tras más de 140 años en vigencia. El nuevo código tendrá 2671 artículos.[229] Se realizaron diferentes audiencias públicas en varias provincias con el objetivo de democratizar y ampliar el debate sobre los cambios.[230]

Digesto Jurídico Argentino[editar]

Durante el 2010 y 2011 el poder ejecutivo presentó el primer Digesto Jurídico que se realizó en el país De 32.204 leyes que comprendía el sistema legislativo, solo quedaron 3.134. Para la realización del mismo se exigió el análisis de toda la legislación nacional dictada desde 1853 con el fin de depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes. Más de 200 profesionales que trabajaron desde el año 2005 en este proyecto de depuración y ordenamiento jurídico que es el primero realizado en Latinoamérica.[231]

Ministerios[editar]

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, 7 ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un ministerio.

 Estandarte Presidencial
Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner
Cartera Titular Período
Jefatura de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich
Juan Manuel Abal Medina
Aníbal Fernández
Sergio Massa
Alberto Fernández
20 de noviembre de 2013 - en el cargo
10 de diciembre de 2011 - 20 de noviembre de 2013
8 de julio de 2009 - 10 de diciembre de 2011
23 de julio de 2008 - 7 de julio de 2009
10 de diciembre de 200723 de julio de 2008
Ministerio del Interior y Transporte Florencio Randazzo 10 de diciembre de 2007en el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Héctor Timerman
Jorge Taiana
22 de junio de 2010en el cargo
10 de diciembre de 2007 - 19 de junio de 2010
Ministerio de Defensa Agustín Rossi
Arturo Puricelli
Nilda Garré
30 de mayo de 2013 - en el cargo
15 de diciembre de 2010 - 30 de mayo de 2013
10 de diciembre de 200710 de diciembre de 2010
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Axel Kicillof
Hernán Lorenzino
Amado Boudou
Carlos Fernández
Martín Lousteau
20 de noviembre de 2013 - en el cargo
10 de diciembre de 2011 - 20 de noviembre de 2013
8 de julio de 200910 de diciembre de 2011
25 de abril de 20087 de julio de 2009
10 de diciembre de 2007 - 25 de abril de 2008
Ministerio de Industria Débora Giorgi 26 de noviembre de 2008en el cargo[232]
Ministerio de Turismo Enrique Meyer 1 de julio de 2010en el cargo
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Julio de Vido 10 de diciembre de 2007en el cargo
Ministerio de Seguridad María Cecilia Rodríguez
Arturo Puricelli
Nilda Garré
2 de diciembre de 2013 - en el cargo
30 de mayo de 2013 - 2 de diciembre de 2013
15 de diciembre de 2010 - 30 de mayo de 2013
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak
Aníbal Fernández
8 de julio de 2009en el cargo
10 de diciembre de 20077 de julio de 2009
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Carlos Tomada 10 de diciembre de 2007en el cargo
Ministerio de Salud y Ambiente Juan Luis Manzur
Graciela Ocaña
29 de junio de 2009 - en el cargo
10 de diciembre de 200729 de junio de 2009³
Ministerio de Desarrollo Social Alicia Kirchner 10 de diciembre de 2007en el cargo
Ministerio de Educación Alberto Sileoni
Juan Carlos Tedesco
20 de julio de 2009 - en el cargo
10 de diciembre de 200720 de julio de 2009
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
Lino Barañao 10 de diciembre de 2007en el cargo
Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación
Carlos Casamiquela
Norberto Yahuar
Julián Domínguez
20 de noviembre de 2013 - en el cargo
10 de diciembre de 2011 - 20 de noviembre de 2013
1 de octubre de 200910 de diciembre de 2011
Ministerio de Cultura (Argentina) Teresa Parodi 7 de mayo de 2014en el cargo

Secretarías de Estado[editar]

 Estandarte Presidencial
Secretarías de Estado del Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner
Cartera Titular Período
Secretaría General Oscar Parrilli 10 de diciembre de 2007en el cargo
Secretaría Legal y Técnica Carlos Zannini 10 de diciembre de 2007en el cargo
Secretaría de Inteligencia del Estado Héctor Icazuriaga 10 de diciembre de 2007 - en el cargo
Secretaría de Cultura (Elevada a ministerio) Jorge Coscia
José Nun
8 de julio de 2009 - 7 de mayo de 2014
10 de diciembre de 20078 de julio de 2009
SEDRONAR Juan Carlos Molina
Rafael Bielsa
José Ramón Granero
20 de noviembre de 2013 - en el cargo
30 de diciembre de 2011 - 20 de marzo de 2013
10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2011

Crítica[editar]

Conflicto con Estados Unidos por el caso de Antonini Wilson[editar]

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos, dijo que uno de los venezolanos acusados en el juicio de espionaje "le advirtió a Antonini que los 800.000 dólares estaban dirigidos para la campaña" electoral y había sido enviado desde Venezuela.[233] [234] El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta que calificó el hecho como una «operación basura»[235] proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados»,[236] para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina.[237] La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.[238]

Cambios en las retenciones a la exportación y el paro agropecuario[editar]

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.[239] La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada «sojización» del campo argentino y preservar la «política de dólar alto».[239] Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo.[240] La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro patronal con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.[241] El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado.[242] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.[243] Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.[244]

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.[245] [246]

Imagen del gobierno y la oposición[editar]

El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».[247]

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa, aunque ciertas figuras opositoras como el vicepresidente Julio Cobos superaban en popularidad.[247]

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67% y Mauricio Macri con el 23,39%.[248]

Sin embargo, en febrero de 2009, la imagen negativa de la presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%.[249] La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica. Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva.[249] La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.[249]

Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubica la imagen positiva de la presidenta entre el 46% y el 52%.[250]

En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo, publicada en los diarios Perfil de Argentina y El Mundo de España, ubicó un a Fernández con un 64% de imagen positiva.[251] [252]

En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo.[253] [254] Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008.[255] Aunque actualmente está ocupando el puesto número 68 en dicho ránking.[256]

Situación del vicepresidente Julio Cobos[editar]

Cristina Fernández de Kirchner inaugura las sesiones ordinarias del Parlamento Argentino (1.º de marzo de 2010).

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde.[257] El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que esta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.[258]

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.[259] Sin embargo Cobos se negó a hacerlo respaldando la re estatización del sistema de jubilaciones.

Esta situación, que permitiría al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debería renunciar.[260] Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.[261]

Conflicto por el Fondo del Bicentenario[editar]

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.[262]

La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central,[263] y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. El presidente del Banco Central, Martín Redrado decidió parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.[264] El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina,[265] [266] [267]

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont.[268] Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.[269]

Retiro de subsidios[editar]

El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció el retiro de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país.[270] [271]

La aplicación de subsidios había sido impuesta en forma gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar en forma indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner, las transferencias hacia los sectores medios y altos comenzó a tener fuertes críticas, incluidos los mismos medios que luego criticaron el retiro de dichas transferencias.[272] [273] [274]

La cuenta fiscal de 2011 destinada a la Asignación Universal por Hijo fue de algo más de 10 000 millones de pesos. Mientras que en 2010 el Estado Nacional erogó en subsidios al consumo más de 40 000 millones, de los cuales alrededor de 16 000 millones fueron a bolsillos de sectores medios y altos. Según Javier González Fraga, en 2008 un millón de familias del Gran Buenos Aires con ingresos superiores a los 6000 $ recibió transferencias por 750 $ mensuales en concepto de tarifas baratas.[275]

Como las transferencias desde el sector público a los privados puede ser visto como un impuesto negativo, la progresividad en los subsidios se da a la inversa que en los impuestos: se debe transferir más a los de menor ingreso. De transferirse en igual proporción tanto a ingresos bajos como a ingresos altos, la transferencia se hace regresiva respecto a la renta.[276] Este fue el argumento del Gobierno para retirar subsidios a quienes pueden pagarlo.[270]

A raíz de las críticas surgidas por la medida, el gobierno implementó un sistema de renuncia voluntaria, que también fue criticado por medios opositores.

Conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín[editar]

Durante la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno se enfrentó abiertamente con algunos medios de comunicación, en particular con el diario La Nación,[277] mientras los medios de comunicación del Grupo Clarín, el multimedios más poderoso del país, se mantenían neutrales o favorables al gobierno.[278] [279] Durante la campaña electoral que llevaría a Cristina Fernández a la presidencia, los medios del Grupo Clarín comenzaron a mostrarse hostiles hacia el gobierno de Kirchner, cuestionando repetidamente el presunto falseamiento de los datos económicos por el Indec[280] y casos de corrupción.[281]

Durante el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, el Grupo Clarín tomó abiertamente partido por los sectores opuestos al gobierno, y políticos oficialistas interpretaron que esta toma de partido tuvo una importancia crucial en la derrota del gobierno en esa oportunidad.[281] El conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín tomó estado público durante ese mismo año, cuando el gobierno acusó a esos medios de tendenciosos y de proteger los intereses de poderosos grupos económicos.[279] Las interpretaciones del enfrentamiento difieren de acuerdo a los involucrados. Según Néstor Kirchner,[282] y la propia Cristina,[283] el conflicto se debe a que el kirchnerismo no aceptó la presión del Grupo Clarín para que no fuera candidata a presidente ni para que el gobierno operara para que el grupo pudiera comprar la empresa Telecom, manifestada de manera personal a Néstor Kirchner por Héctor Magnetto, CEO del grupo empresarial. El Grupo Clarín sostiene que las cuotas del mercado que posee no son excesivas y le imputa al gobierno tener el objetivo de "desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia".[284]

Las relaciones con el Grupo Clarín, así como con otros medios de comunicación, se han mantenido en un alto nivel de tirantez, llegando a hacer pie en el exterior en ocasión de una visita de la presidenta a Angola.[nota 1]

La investigación de los presuntos crímenes relacionados con la adquisición de Papel Prensa por Clarín y La Nación—[285] han sido interpretados alternativamente como una forma de control de la prensa,[286] o como un freno a las limitaciones que ese monopolio ejercería sobre otros medios.[287]

Conferencias de prensa, cadena nacional y pauta publicitaria[editar]

Algunos medios y políticos opositores, cuestionaron por insuficientes la cantidad de conferencias de prensa que realiza la Presidenta,[nota 2] [288] y por el uso de la cadena nacional, considerándola impropia.[289]

También cuestionan la manera en que se distribuye la publicidad del Estado Nacional (pauta oficial) en perjuicio de programas y medios de prensa opositores.[290]

El diario Perfil es una de las publicaciones afectadas por la decisión del gobierno de Néstor Kirchner y continuada bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner de no otorgarle publicidad oficial. Esto originó una acción de amparo iniciada en mayo de 2006 que culminó con el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que esa política -reconocida expresamente por el gobierno- era violatoria del derecho de libertad de expresión y ordenando que se le diera publicidad oficial. Como la sentencia no fue cumplida, el juez impuso al Estado una multa compensatoria.[291] [292]

Acusaciones y movilizaciones[editar]

Algunos intelectuales y políticos opositores catalogan la gestión como "populista"[293] [294] [295] [296] [297] [298] haciéndose eco también algunos medios internacionales.[299] [300] [301]

También se ha criticado al gobierno por el reparto a las provincias de los fondos coparticipables, establecido durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), existiendo provincias,[302] Santa Fe[303] y San Luis[304] que realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina solicitando reparación. El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni consideró que «un fallo de la Corte no resolverá la pelea por coparticipación» y que «habría que discutirlos en una mesa de negociación».[305]

Existen también controversias debido al uso de fondos para solventar el programa Fútbol para Todos, la modificación de la Ley Antiterrorista Argentina, y la intervención del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

La gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha debido enfrentar una manifestación popular denominada 8N, llamada así por la fecha en que se realizó: 8 de noviembre de 2012.[306]

Las consignas y reclamos de los manifestantes fueron muy heterogéneas y en algunas ocasiones contradictorios entre sí. Algunas de las más reiteradas consistían solamente en insultos contra la presidenta[307] y sus funcionarios, entre muchas otras.[308] [309] [310] [311] Llegando el PRO incluso a exhibir imágenes de violencia física contra los funcionarios.[312]

Notas[editar]

  1. El conflicto con el Grupo Clarín hizo pie en el extranjero cuando, en mayo de 2012, en el marco de una visita de la presidenta a Angola, miembros de la comitiva presidencial distribuyeron medias con la leyenda «Clarín miente» a niños de ese país. Véase «¿Quién llevó a los niños descalzos de Angola la campaña contra Clarín?». Plaza de Mayo.com (18 de mayo de 2012). Consultado el 22 de agosto de 2012. y «Las medias "Clarín Miente" llegaron a Angola». Diario La Nación (22 de agosto de 2012). Consultado el 22 de agosto de 2012.
  2. El 22 de febrero de 2012, luego de un accidente ferroviario en la estación Once de Buenos Aires, que causó 51 muertos, los funcionarios de la Secretaría de Transporte llamaron a un encuentro con la prensa y —pese a las dudas sobre lo ocurrido— no aceptaron responder preguntas. Este fue el disparador para que un grupo de conocidos periodistas iniciaron una campaña en distintos medios de comunicación para reclamar su derecho a cuestionar al gobierno bajo la frase "Queremos preguntar".

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    El documento también indicó que la clase media en América Latina y el Caribe pasó de 103 millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009, lo que implica un aumento de 50 por ciento, y alcanza así al 30 por ciento de la población regional.
    En el caso de Argentina, el estudio detalló que la clase media trepó en ese período de 9,3 millones a 18,6 millones de personas. Al respecto, precisó que ese aumento de más de 9,3 millones de personas "representa un 25 por ciento de la población total de Argentina ". "Es el mayor porcentaje de crecimiento de la clase media en toda la región durante la última década, seguido por Brasil con 22 por ciento y Uruguay con 20 por ciento", subrayó.».
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  146. Las declaraciones de Leon Panetta fueron realizadas en una conferencia de prensa. A continuación se transcriben la versión original en inglés de la parte en la que se realizaron las declaraciones sobre Argentina y su traducción al español:
    Versión original (en inglés):
    "Q: Can you talk a little bit about this daily economic briefing that you're doing? Admiral Blair referred a little bit to ― as he said, obviously, this is the biggest threat. And he talked about, for example, you don't want the cost of living in China to go below a certain level. That would cause some instability. Is that ― would you say that's one of the big issues? Or could you ― what are some of the concerns you have worldwide with that?
    DIR. PANETTA: Well, you know, I mean, I think it's obvious that as we've seen the impact of a worldwide recession occur throughout the world. And it's beginning, obviously, to have impacts not only in China and other countries throughout Europe, but I just met with someone from Latin America who discussed the fact that there are some serious problems that we have to pay attention to in Latin America that involve economic instability. So clearly it's related; what happens in the economy and what's happening as a result of that is affecting the stability of the world. And as an intelligence agency, we've got to pay attention to that because we have to know whether or not the economic impacts in China or Russia or any place else are in fact influencing then the policies of those countries when it comes to foreign affairs and when it comes to the issues that we care about. So I think that's the purpose. The purpose is to try to give policy-makers a feel for what is going on so that they can take it into consideration as they make the decisions they have to make on policy.
    Q: Well, what countries in Latin America? What was this person telling you?
    DIR. PANETTA: The concern particularly involved Argentina, Ecuador, and Venezuela.
    Versión traducida al español:
    Pregunta: ¿Puede hablar un poco sobre este informe económico diario que ustedes están realizando? El almirante Blair se refirió un poco a ello cuando dijo que obviamente esta es la mayor amenaza. Y dijo, por ejemplo, que ustedes no quieren que el costo de vida en China baje de cierto nivel. Eso podría causar alguna inestabilidad. ¿Diría usted que ese es uno de los grandes temas? ¿O podría usted (decir) cuáles son algunas de las mayores preocupciones mundiales que tienen en esto?
    DIR. PANETTA: Bueno, ustedes saben, quiero decir, pienso que es obvio que como vemos el impacto de una recesión mundialmente extendida ocurre a lo largo del mundo. Y está comenzando, obviamente, a tener impactos no solo en China y otros países a los largo de Europa, pero acabo de reunirme con alguien de América Latina quien sostuvo que hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica. Se ha dicho con claridad; lo que sucede en la economía y lo que está sucediendo como resultado de ello está afectando la estabilidad del mundo. Y como una agencia de inteligencia, tenemos que prestar atención a eso porque tenemos que saber si los impactos económicos en China o Rusia o en cualquier otro lado están o no influenciando las políticas de esos países en materia de asuntos externos o en materia de los asuntos que nos preocupan. Así que pienso que ese es el propósito. El propósito es tratar de brindarle a los que hacen las políticas una impresión de qué es lo que está sucediendo de modo que puedan tomarlo en consideración mientras toman las decisiones que deben tomar sobre las políticas.
    P: Bien, ¿qué países de América Latina? ¿Quién fue esta persona que se lo dijo?
    DIR. PANETTA: La preocupación involucra particularmente a Argentina, Ecuador, y Venezuela.
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Bibliografía[editar]

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Enlaces externos[editar]