ENTel (Argentina)

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Empresa Nacional de Telecomunicaciones
ENTel Argentina - Logo.svg
Acrónimo ENTel
Tipo Sociedad del Estado
Industria Comunicaciones
Fundación 1 de julio de 1946 (por Juan Domingo Perón) 68 años
Desaparición

13 de noviembre de 1990 (cese de operaciones) 24 años

24 años
Nombres anteriores Empresa Nacional de Teléfonos
1948- 1990 Teléfonos Del Estado 1946 - 1947
Sede Buenos Aires
Ámbito Flag of Argentina.svg Argentina
Servicios Telefonía
Activos U$S 3.200 millones[1]
Propietario Estado Argentino
Empleados 45.000
Reestructuración Desguazada en 1990
Es Entel Residual S.E. desde entonces.
Cronología
Empresa Mixta Telefónica Argentina ENTel

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) fue[2] una empresa pública argentina creada originalmente en 1946 por el gobierno de Juan Domingo Perón, tras la nacionalización de los activos y pasivos de la Unión Telefónica, principal empresa del rubro en la Argentina. Según estaba previsto, el Estado mantendría solo el 51% de la nueva empresa, mientras que el 49% restante estaría en manos privadas, por esta razón, el nombre de la nueva sociedad fue Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA). Sin embargo, los intentos por establecer una verdadera compañía público-privada fracasaron y en 1948 el Gobierno se quedó con toda la empresa, rebautizándola Teléfonos del Estado.

En 1956 la empresa cambió de nombre pasándose a llamar ENTel, denominación que mantuvo hasta su disolución en 1990, salvo durante un breve lapso en 1960 en el que se llamó Empresa Nacional de Teléfonos.

Inicialmente ENTel modernizó el sistema telefónico del país, pero la inversión se fue estancando y el servicio comenzó a ser desastroso, al punto que para obtener una línea telefónica se debía esperar hasta 15 años. A partir de la última dictadura militar (1976-1983) y del gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se intentó realizar una privatización parcial de la empresa, sin embargo estos planes fueron bloqueados por el gremio de trabajadores telefónicos y el Partido Justicialista.

Sede de la Unión Telefónica en Buenos Aires (Calle Defensa Nº 143).

El servicio colapsó y el gobierno de Carlos Menem finalmente dispuso su privatización total en 1990. A partir de allí la prestación de los servicios quedó en manos de Telecom (Región Norte) y Telefónica (Región Sur). Actualmente ENTel sigue existiendo para administrar los pasivos y juicios pendientes de la antigua empresa estatal, bajo el nombre de ENTEL Residual.

La Nacionalización[editar]

Edificio ENTel sobre la Avenida Corrientes (Capital Federal). Fue diseñado en 1951 y su construcción se prolongó entre 1955 y 1964. Hoy pertenece a Telefónica de Argentina S.A.

Los años ´20 marcan el inicio de la militancia telefónica, con la formación de los primeros gremios para contrarrestar el férreo control patronal. Esta tendencia fue en aumento y así es que en 1944, en un intento por agrupar a los sindicatos telefónicos de todo el país, se funda la Federación Obrera de Telecomunicaciones de la República Argentina (FOTRA). El líder indiscutido de los telefónicos era Luis Gay, quién también fue un hombre clave en los sucesos que desembocaron en la histórica jornada del 17 de octubre de 1945 y, posteriormente, será uno de los fundadores y referente principal del Partido Laborista, la estructura política que acompañó la llegada al poder del por entonces coronel Juan Domingo Perón.

El Estado dejaría de limitarse sólo al ordenamiento y control de las empresas telefónicas, pasando a intervenir directamente en la provisión y venta de servicios. Si bien la nacionalización de empresas era una tendencia que se había estado acentuando en los últimos años, sobre todo por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ésta se trataba de la primera nacionalización de la época de Perón. El anuncio se realizó a fines de agosto de 1946 y efectivamente el 3 septiembre se concretó la operación de compra, "ad referendum" del Congreso Nacional. Sin embargo Perón dedicó palabras tranquilizadoras para el capital extranjero:

"La sensibilidad argentina se halla favorablemente predispuesta hacia los capitales y técnicos extranjeros. Esta sensibilidad, no obstante su indeclinable afán de recuperar los servicios públicos esenciales, no admitiría una injuria, una desconsideración hacia los capitales extranjeros, que tuvieron fe en el país cuando no se había formado aún el ahorro nacional, ni hacia las empresas y los hombres que prestaron servicios reales a la Argentina, y que fueron colaboradores de su marcha en el camino del progreso al dar los pasos iniciales que suelen ser los más difíciles."

Por su parte, el coronel Sosthenes Behn, presidente de la ITT, aseguraba que "seguiremos en íntima relación con el nuevo organismo poniendo a su disposición nuestros conocimientos en el arte de las telecomunicaciones, producto de nuestra larga experiencia."

En efecto, el convenio de venta establecía el pago de 95 millones de dólares (m$n 319.000.000,-) a la ITT por su filial argentina y un contrato para el asesoramiento técnico y la provisión de materiales durante diez años, a través de la firma Stándard Electric (filial de la ITT).

A los dos días el Senado escuchó al ministro de Hacienda, Ramón A. Cereijo, dar una explicación contable sobre el precio pagado por el gobierno a la ITT: “La Unión Telefónica tenía un activo de 483 millones de pesos y un pasivo de 164. Por eso pagamos solo la diferencia: 319 millones”.

Si bien la compra de la UT se presentó como un acto revolucionario y la operación fue aprobada por el Congreso con una sólida mayoría, la realidad era que las instalaciones de la empresa necesitaban una renovación urgente después del desgaste sufrido durante los años de guerra, sin importaciones de materiales. Además, la operación solo cambiaba la propiedad de la compañía, cuyos usuarios continuarían tan cautivos como antes, convirtiendo a la nueva empresa, en un cliente forzozo de la ITT para las compras a realizar en los próximos diez años.

Para administrar el servicio telefónico el Estado creó la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), que según estaba previsto, tendría cincuenta años de duración y el Gobierno mantendría el 51% de la nueva empresa, mientras que el 49% restante estaría en manos privadas. El 31 de diciembre de 1946 asumieron sus funciones las autoridades de la flamante empresa, en el edificio de Defensa 143. Durante la ceremonia se aclararon algunos conceptos: “¿Qué se busca con la formación de las sociedades mixtas? En primer lugar, obtener la argentinización (fíjense bien que digo argentinización y no nacionalización) de las grandes compañías de servicios públicos de capitales foráneos”, explicó en su discurso el vicepresidente del IAPI, Carlos Devries, a quien Miguel Miranda comisionó para que hablara en su nombre porque un accidente lo tenía postrado en cama. El subsecretario de Industria y Comercio, Ildefonso Cavagna Martínez, y el gerente general del Banco Central, Orlando Maroglio, presidieron el acto en que fueron puestos en sus cargos el presidente de EMTA, doctor Alberto R. Fretes, y los directores, Luis Francisco Gay y Arturo Sáiz.

Sin embargo, nueve meses más tarde de la solemne instalación de las autoridades, el directorio entero fue procesado, acusando a sus integrantes de cometer delitos en perjuicio de EMTA. Solo se salvó de la condena judicial Luis F. Gay, el ya defenestrado secretario general de la CGT. Además, nunca hubo aportes de capital privado, y el déficit de explotación creció con tanta rapidez que los servicios comenzaron a deteriorarse notablemente. Algunas rectificaciones y enmiendas posteriores no lograron evitar el derrumbe.

Los intentos por establecer una verdadera empresa mixta público-privada fracasaron y el 18 de marzo de 1948 el Gobierno firma los convenios que incorporan a EMTA al patrimonio del Estado, que un año más tarde sería rebautizada como "Teléfonos del Estado" y transformada en dependencia del Ministerio de Comunicaciones de la Nación.

El convenio de asesoramiento y provisión con la ITT fue finalmente rescindido el 15 de mayo de 1952, veinte días antes de que Perón terminara su primera presidencia. A la empresa norteamericana se le abonaron tres millones de dólares como indemnización.

Mientras tanto, el 20 de abril de 1950, en el marco de regularización del gremio telefónico, se crea la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), que obtiene la personería gremial el 16 de junio de ese año.

Privatización[editar]

Antiguo teléfono de ENTel - Modelo Siemens 2000.

La privatización de ENTel fue una de las primeras y más importantes del gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi. El proceso fue conducido por María Julia Alsogaray, quien tenía a cargo la empresa.

Para privatizar la compañía, se crearon las empresas Sociedad Licenciataria Norte S.A. y Sociedad Licenciataria Sur S.A. –luego convertidas en Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, respectivamente– y dos para los "servicios en competencia", término que se aplicó a los servicios de comunicaciones internacionales y télex. ENTel siguió existiendo por unos años más como empresa residual, para cumplir compromisos previos y trámites propios del proceso de privatización.

Fue creada la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como organismo de control para cumplir algunas tareas de regulación, como asignar el plan de numeración nacional, convenios de interconexión, fijar tarifas, etc. Estas tareas eran propias del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La CNC es la actual encargada de regular y controlar las telecomunicaciones y servicios postales de la Argentina.

La privatización impulso una gran inversión en tecnología y calidad de servicios reduciendo la espera para obtener una línea de teléfonos de varios años a 24 o 48 horas en la mayoría de los casos. La tecnología de pulsos fue cambiada por la de tonos; el servicio se expandió rápidamente. La digitalización de las líneas telefónicas preparó el terreno para brindar los futuros servicios de Internet y comunicación celular.

La Desregulación Telefónica[editar]

Edificio que perteneció a ENTel, con su logo tapado por un cartel de Telefónica Argentina.
Fernando de la Rúa intentó capitalizar la desregulación como motor de la economía. La expectativa del gobierno era desarrollar una gran industria nacional de producción de contenidos para Internet.

Cuando en 1990 se aprobó la privatización de ENTel, se estableció que las licencias para prestar el servicio telefónico básico contarían con un período transitorio de exclusividad de 5 años y un derecho de prórroga de 3 años más condiconados al cumplimiento de metas oportunamente fijadas: mejoras en la calidad del servicio, instalación de teléfonos semipúblicos de larga distancia en localidades aisladas, cuestiones tarifarias, etc.

Mientras tanto, con la desregulación argentina asomando en el horizonte, para mediados de 1998, los operadores del mercado local y los que pretendían entrar a este, empiezan a exponer su estrategia futura de desarrollo frente a los potenciales competidores. Las posiciones se dividían en dos tendencias: Informática y Medios. Mientras el Grupo Telefónica y CTI pretendían extenderse con contenidos masivos (TV, CATV y medios en general), los otros dos grupos Telecom y Movicom (Bellsouth) apostaban a contenidos corporativos más relacionados con el comercio electrónico y soluciones informáticas para el ámbito de los negocios.

El Grupo Telefónica sostenía su posición mediante el discurso de que las comunicaciones del próximo milenio se convertirán en commodities, que generarían un valor agregado. También CTI expresó su interés de incluir el cable a sus negocios, señalando al Grupo Clarín como su principal “socio estratégico”, y remarcando la importancia de la red de fibra óptica que poseía el operador de TV por Cable Multicanal en Buenos Aires. Por aquel entonces, el Grupo Clarín era la corporación de multimedios más grande en Latinoamérica, después del Grupo O’Globo (Brasil) y Televisa (México) y por tanto también era una importante influencia a la hora de presionar sobre el Estado.

Mientras tanto, Los CEOs de Telecom, no visualizaban el negocio de las telecomunicaciones unido a la industria del entretenimiento, sosteniendo que las grandes empresas requerían mayores servicios de Internet, procesamiento de voz por la red, datos, Intranet, etc. Esto se sumaba también al objetivo principal, que era capturar la mayor cantidad de clientes que Telefónica atesoraba en el Microcentro porteño.

Movicom y CTI, por su parte, debían enfrentar una particular batalla, sobre todo porque Movicom tenía un predominio sobre Buenos Aires, mientras que CTI había captado todo el interior del país.

Como primer paso hacia la libre competencia, en el último trimestre de 1999 se desreguló el servicio de larga distancia nacional e internacional en Capital Federal y Gran Buenos Aires. El resultado fue una baja promedio del 40 por ciento en las tarifas interurbanas e internacionales.

La estrategia de las compañías existentes se centró principalmente en costosas campañas publicitarias que invadieron los medios gráficos, radiales y televisivos, además de campañas de telemarketing. Más que agresivos planes de descuentos, las compañías salieron al ruedo con un nuevo esquema denominado "paquete de servicios", donde un solo proveedor abarcaría todas las prestaciones (Telefonía, Internet y TV por Cable), beneficiando al cliente con una combinación precios y brindando una mayor comodidad operativa. Se trataba de un descuento indirecto en las tarifas.

Otra promesa de la desregulación era el de mayores inversiones para el tendido de nuevas redes de fibra óptica, que garantizaban una amplia capacidad de ancho de banda, un servicio muy requerido en el mercado corporativo, sobre todo porque permitía multiplicar la velocidad de trasmisión de datos. La expectativa del gobierno era desarrollar una gran industria de contenidos para Internet, o sea, producción nacional de "alta tecnología".

Si bien las estimaciones realizadas auguraban un alto porcentaje de cambios de operador, este primer paso tuvo una fría aceptación por parte de los gerentes de las empresas, que en su mayoría se mantuvo con su prestador original. Los funcionarios de las distintas compañías aducían que todavía era muy temprano para sacar conclusiones, que las reglas de juego no estaban muy claras, y por eso las empresas se mantenían escépticas al cambio. La incertidumbre generada en la opinión pública por las peleas entre los operadores locales y el gobierno no generaba un marco de confianza alentador para los clientes. El clima era más bien el de una inminente batalla legal.

El 2000 era el año decisivo, ya que se produciría la apertura total del mercado de las telecomunicaciones. Grandes empresas podrían entrar a competir con los cuatro operadores ya existentes: Telecom, Telefónica, Movicom y CTI. El nuevo gobierno de Fernando De la Rúa, intenta capitalizar la Desregulación de las Telecomunicaciones como el motor de activación del país, en un momento donde las industrias tradicionales estaban cerrando sus puertas. La idea es que la Argentina acceda a una infraestructura que aumente la informatización de la población y abra el camino hacia una nueva industria nacional. El Secretario de Comunicaciones del gobierno de la Alianza, Henoch Aguiar, afirmó que la competencia se haría visible recién para mediados del 2001 y que, en pocos meses, la tarifa internacional bajaría hasta un 80% por el aumento de la competencia, mientras que el costo de las llamadas de larga distancia nacional bajarían hasta un 60% con la ampliación de las redes. Junto con esto crecerían las inversiones del sector. También se esperaba que empresas de TV por cable, cooperativas eléctricas y cooperativas telefónicas, que hasta ese entonces estaban limitadas, pudiesen sumar socios tecnológicos y lanzarse a competir en el negocio de las telecomunicaciones.

La desmonopolización de los servicios de telecomunicaciones se lanzó oficialmente el 9 de noviembre de 2000. Como era de esperar, las apuestas más fuertes provinieron de los operadores tradicionales y, más tímidamente, lanzaron sus ofertas Impsat (Grupo Pescarmona), Techtel (Techint y Telmex) y Keytech (AT&T). Estas últimas empresas concentraron sus esfuerzos en generar nuevas redes de fibra óptica y en apuntar al segmento corporativo, principalmente brindando beneficios en llamadas de larga distancia nacionales e internacionales y trasmisión de datos. También registraron fuertes inversiones en redes de interconexión las empresas Global Crossing y Nextel.

Uno de los temas más conflictivos sobre la desregulación pasaba por determinar quién se ocuparía de los clientes no rentables. Finalmente, se resolvió que las prestadoras que operaran en las áreas que no eran negocio recibirían un subsidio, calculado matemáticamente según las perdidas comprobadas y cuyos recursos provendrían de un fondo generado con el 1% de la facturación del sector, que por aquel entonces movía unos 15 mil millones de dólares al año.

Otra novedad incluida en los reglamentos era la portabilidad del número telefónico, es decir la posibilidad de que el cliente pudiese mudarse o cambiar de compañía sin perder su número de teléfono.

Lamentablemente, la desregulación argentina se produjo en un momento donde las cosas no andaban bien con el negocio informático a nivel internacional: ya para fines de 1999, casi ninguna empresa de internet había presentado beneficios. Por el contrario, las compañías generalmente arrastraban deudas y pérdidas por miles de millones de dólares. Sin ser una sorpresa, para comienzos de 2000, debido a sus pérdidas continuas, muchos de estos llamados e-negocios estaban al borde de quedarse sin dinero. El descalabro y el colapso de la industria, se inició en el mes de marzo, cuando salieron a la luz los primeros fracasos y dudas.

Actualidad[editar]

Si bien la prestación de los servicios había sido privatizada en 1990, la empresa nacional de telecomunicaciones sigue existiendo bajo el nombre de ENTEL Residual Sociedad del Estado. Al absorber la totalidad de los pasivos, el Estado Argentino debía hacerse cargo del pago de deudas y de juicios contraídos por la antigua empresa nacional. A eso se sumaba el hecho de que, luego de la venta, ENTel quedó virtualmente sin activos, lo cual hizo demorar aún más los pagos. La causa más reciente conocida contra la empresa es la caratulada Mercado, Florentino c/ ENTEL Residual[3]

Irregularidades[editar]

En 2000, la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia inició una causa por administración fraudulenta en la privatización de ENTel, a cargo de María Julia Alsogaray. La denuncia incluye la transferencia de bienes que no eran de ENTel a las empresas privadas. Además, se afirma que el inventario de los bienes de ENTel que estaban sujetos al proceso de licitación se realizó después de realizadas las ofertas de las compañías interesadas.[4]

Además, durante el proceso de privatización, hubo un drástico ajuste en el personal de la compañía. Mediante todo tipo de presión laboral ilegal las empresas privatizadas procuraron que los ex-empleados estatales se retiraran, jubilaran o renunciaran por propia iniciativa, con el manifiesto propósito de las empresas de reducir el pago de indemnizaciones y maquillar su imagen pública, conduciendo a muchos ex-empleados a serios trastornos psicofísicos producto del estrés laboral agudo, e incluso llegando en algunos casos al suicidio, así se redujo la dotación de empleados de 45.000 a 20.000.

Tapas del cableado[editar]

Cospeles[editar]

A diferencia de otros países, en los cuales las llamadas en teléfonos públicos se efectuaban depositando monedas, en los equipos públicos de ENTel se utilizaron fichas metálicas denominadas cospeles, lo cual podría evitar el vandalismo y robo de las monedas que los equipos contuvieran. Las imágenes que siguen, son de los cospeles o fichas usadas en teléfonos públicos, hoy reemplazadas por tarjetas magnéticas o con circuítos electrónicos integrados.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]