Disturbios de Atenco de 2006
Los disturbios de Atenco de 2006 fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la policía municipal y habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN, que dejó como resultado el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier Cortés, la detención de 207 personas -entre ellas 10 menores de edad-, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres.[1] [2] Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía[3]
Lo que ocurrió los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue uno de los episodios de represión política más grave que ha vivido en el país en la última década. Junto con la represión en contra de altermundistas y jóvenes inocentes el 28 de mayo de 2004 y el desalojo violento del centro de Oaxaca en noviembre de 2006, marcan los hechos de represión masiva más significativos del periodo de la alternancia panista en el poder federal.
En particular en Atenco, ocurrió un hecho represivo a partir de un asunto aparentemente menor. El 3 de mayo, inspectores y policías municipales del ayuntamiento de Texcoco, gobernado entonces por el PRD, Estado de México, impidieron a vendedores de flores instalarse afuera del mercado municipal. Las comerciantes piden solidaridad de los pobladores de Atenco, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reconocidos por su lucha en contra del proyecto gubernamental de quedarse con sus tierras para construir el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. La llegada de los pobladores de Atenco es repelida por la policía municipal y éstos son obligados a refugiarse en una casa que sirve de bodega. La policía entra y toma 84 personas presas. La población responde bloqueando una autopista(Delito Federal), enfrentando a la policía y reteniendo(Privacion ilegal de la libertad, otro delito) a funcionarios del Estado de México para obligar a las autoridades a liberar a sus detenidos.
El 4 de mayo se integró un operativo conjunto en el que participaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1,815 de la Agencia de Seguridad Estatal (2,515 elementos) para ocupar la población de Atenco.
El saldo represivo fue mayúsculo: Se violaron diez derechos humanos a 209 personas y se lesionó y torturó a 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres. Los días 3 y 4 de mayo murieron dos jóvenes, uno de ellos menor de edad: Javier Cortés Santiago, de 14 años por disparo de arma de fuego y Ollín Alexis Benhumea Hernández, de 20 años por lesionado por proyectil que contenía gas lacrimógeno.
Los datos provienen de la recomendación 38/2006, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 16 de octubre del mismo año de los sucesos.
En el documento de 1,635 cuartillas, se establece con claridad la violación a diez derechos humanos: 1) detención arbitraria; 2) trato cruel, inhumano o degradante y lesiones; 3) allanamiento de morada; 4) retención ilegal; 5) incomunicación; 6) tortura; 7) abuso sexual y violación; 8) derecho a la vida; 9) derechos de los menores; y 10) derechos a la legalidad y seguridad jurídica.
El informe de la CNDH documentó el uso ilegal de la fuerza pública en contra de los pobladores de Atenco y confirmó que 145 fueron detenidos mediante allanamiento de morada. Además se documentó la alteración de pruebas, especialmente en los casos de violaciones sexuales, e hizo declarar a los detenidos sin defensores particulares y en 51 casos sin defensores de oficio presentes.
Ante las evidencias de esta represión política, la CNDH emitió cuatro recomendaciones al entonces secretario de Seguridad del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora. Sin embargo, el grueso de la recomendación fue dirigida al gobernador Peña Nieto, con trece puntos que incluía el castigo a los culpables de asesinatos, torturas, violaciones y detenciones ilegales. El sentido de la recomendación de la CNDH fue claro:
Cronología [editar]
3 de mayo. A las 7:00 horas un operativo para reubicar a los comerciantes terminó en batalla campal entre los policías, los vecinos de Texcoco y Atenco. Los ambulantes usaron sus machetes como armas para repeler a la policía, fueron desalojados a las 17:45 horas. La policía intentó abrir el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería con 200 agentes que fueron repelidos por los manifestantes con palos, piedras, machetes, cócteles molotov e incluso una pipa de gas. A las 18:00 horas el Secretario de Gobierno Humberto Benítez reportó 33 policías heridos y 31 participantes en el disturbio detenidos. Entre los detenidos estuvo Ignacio Del Valle, el principal opositor a la construcción de un aeropuerto en esa zona.[4]
Debido a incidentes entre comerciantes informales, militantes zapatistas, autoridades locales y militantes de los partidos de estas, entre otros, y debido a la perturbación del orden público, la Policía Federal Preventiva intervino e instaló un cerco policíaco-militar a la población. En total, el número de detenidos y heridos a causa de los hechos del 3 y 4 de mayo alcanzó las 290 personas.[5] Para el contralmirante y ex director del Cisen, Wilfrido Robledo Madrid, el operativo resultó “limpio”. Luego de 4 días se conocieron varias denuncias de violación a mujeres detenidas, entre ellas reporteras extranjeras que fueron deportadas inmediatamente; aunque algunas de estas denuncias luego fueron cambiadas a las de acoso sexual. Además el caso de dos jóvenes muertos, Javier Cortés (14 años) y Alexis Benhumea (20 años).[6]
A partir de este momento se iniciaron una serie de acciones legales, tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de demandar la liberación de las y los adherentes detenidos; de entre todas estas acciones destacaría el plantón de amigos y familiares de las y los presos a las afueras del Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito Tlalcilalcali, en Almoloya de Juárez, Estado de México; donde estaban recluidos la mayoría de las y los presos de los días 3 y 4 de mayo. En mayo de 2007 los presos así como el plantón, fueron trasladados al Penal de Molino de Flores Texcoco.
Diversos organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos han documentado abusos de parte de la fuerza policial donde afirmo que hubo detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y/o degradante, allanamientos de morada, tortura, abuso sexual y violaciones a 26 mujeres, violación a los derechos de los menores.[7]
Un año después del operativo, tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos durante los operativos (Ignacio Del Valle Medina, Héctor Galindo Cochicoa y Felipe Álvarez), acusados de secuestro equiparado, fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión en el CEFERESO 1 penal de máxima seguridad del Altiplano. Además de diez personas acusadas por el mismo delito han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel en el Penal de Molino de Flores Texcoco sus nombres son: Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes.
Por otra parte, 21 policías fueron acusados formalmente, de los cuales 15 fueron expulsados de la fuerza policial y 6 más siguieron bajo investigación. El 23 de septiembre de 2008, un tribunal superior requirió que fuese despedido el policía Doroteo Blas Marcelo, y le ordenó que pagara daños y perjuicios a una de las víctimas y los otros cinco policías fueron acusados de abuso de autoridad y fueron sometidos a juicio penal.[8]
En febrero de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó a la conclusión de que las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, que intervinieron en los enfrentamientos que se registraron en San Salvador Atenco, Estado de México, sí incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la población.[9]
En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer el caso. El 30 de junio de 2010, la SCJN dictaminó la libertad, de manera lisa y llana, de los 12 presos de Atenco.
Al ex-gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto se le ha criticado por las acciones de la autoridad, él mismo ha admitido la responsabilidad que pueda corresponderle como gobernante y mando de uno de los cuerpos policíacos que intervinieron para controlar la situación.
Referencias [editar]
- ↑ «San Salvador Atenco (abuso policial y violación sexual)» (en español). Sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Consultado el 24 de mayo de 2012. «La Suprema Corte de Justicia de la Nación también investigó estos hechos y en febrero de 2009 determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales eran responsables mandos medios y bajos policíacos.».
- ↑ Alcántara, Liliana (17 de octubre de 2006). «CNDH pide reparar daño por operativos de Atenco» (en español). El Universal. Consultado el 24 de mayo de 2012. «Después de cinco meses de investigaciones, la CNDH documentó que las 207 personas -entre ellas, diez menores de edad- fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 145 fueron detenidas de manera arbitraria; 26 mujeres fueron objeto de abuso sexual y cinco extranjeros que estaban en el lugar, además de que sufrieron agresiones policíacas, fueron expulsados de manera irregular.».
- ↑ «INFORME PRELIMINAR DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CASO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA SUSCITADOS EN LOS MUNICIPIOS DE TEXCOCO Y SAN SALVADOR ATENCO, ESTADO DE MÉXICO» (en español). Sitio web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (22 de mayo de 2006). Consultado el 24 de mayo de 2012. «Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existen evidencias de que durante los hechos violentos suscitados el 3 y 4 de mayo en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, algunos manifestantes rebasaron los límites de su derecho de manifestación, lícita y pacífica, así como el deber de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades competentes, sin embargo, esto, de ser así, no justificaría el hecho de que los elementos encargados de la seguridad y vigilancia del evento se excedieran en el uso de la fuerza pública, con lo que se pueden actualizar violaciones a diversos derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana».
- ↑ Queda Atenco en tensa calma. Periódico Reforma, 3 de mayo de 2006
- ↑ López, Sebastián. La Otra: Los Sauces, Sicartsa, Atenco… falta lo que falta. La Jornada Morelos, La Voladora Radio XHECA y Centro de Documentación sobre Zapatismo, 2006.
- ↑ http://www.gatopardo.com/detalleBlog.php?id=253
- ↑ Recomendación 038/2006 CNDH, 16 de octubre de 2006
- ↑ Informe del Departamento de Estado sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2008
- ↑ http://www2.scjn.gob.mx/consultas/Comunicados/Comunicado.asp?Pagina=listado.asp&Numero=1460
