Declaración de lesividad

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La declaración de lesividad, en el Derecho español, es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos, un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.

Es requisito previo para la impugnación del ente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa y su declaración de anulabilidad.

Esta figura jurídica está regulada por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las administración Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, Titulo VII, capítulo I, revisión de oficio art 103: Se podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sea anulables conforme al artículo 63 de esta Ley (actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluido la desviación de poder; defecto de forma sólo en los requisitos indispensables para alcanzar su fin o que produzcan indefensión y, cuando lo imponga la naturaleza de un término o plazo, la realización de actuaciones fuera de plazo), a fin de proceder a su posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. No podrá declararse un acto lesivo una vez transcurrido 4 años desde que se dictó el acto (Art 103.2), y exigirá la audiencia previa de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

El procedimiento caduca a los 6 meses de haberse iniciado si no se ha dictado resolución declarando la lesividad. Es necesario recordar que en el año 2003 la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificó el artículo 103 de la Ley 30/1992, ampliando el plazo de caducidad 3 a 6 meses.

La declaración de lesividad se adoptará por: el órgano de cada administración competente en la materia si éste proviene de la Administración General del Estado o de las CCAA y, por el Pleno de la Corporación Local o, si no existiera éste, por el órgano colegiado superior de la entidad, en el caso de que el acto proviniera de la Administración Local.