Caso Naseiro
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Poco después de la llegada de José María Aznar (1989) a la presidencia del Partido Popular salta a la prensa el llamado caso Naseiro. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban José Luis Sanchís, diputado por Valencia, y el administrador Rosendo Naseiro.
El procesamiento de estos miembros del Partido Popular tuvo lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, el concejal de Valencia Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico, estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular, y de enriquecimiento personal de algunos implicados.
El caso Naseiro convirtió 1990 en un calvario para José María Aznar, que teniendo el precedente de lo sucedido en el PSOE anteriormente realizó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. La crisis hizo que varios miembros del Partido Popular fueran expulsados de éste, e incluso se pidió la expulsión de Eduardo Zaplana[cita requerida].(el cual posteriormente llegaría a ser presidente de la Generalidad Valenciana y ministro del último gobierno de Aznar).
El "caso Naseiro" llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de José Luis Sanchís, donde quedó archivado a causa de las irregularidades en la instrucción del sumario: las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. El tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados que, no obstante, se pueden leer en las hemerotecas, pero sin valor probatorio.
El caso Naseiro fue el "bautismo de fuego" de José María Aznar en la política nacional, su poder dentro del Partido Popular se consolidó y su imagen como líder de la oposición, y la de su partido como alternativa de gobierno, no quedaron jurídicamente manchadas por el escándalo, aunque la resolución, por defecto de forma que invalidaba las pruebas obtenidas, y determinada frase de un colaborador de Eduardo Zaplana, atribuida erróneamente a éste, continúan utilizándose como arma arrojadiza por sus adversarios políticos. [cita requerida].
