Caso Morodo

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El Caso Morodo u Operación Nafta es una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España (bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz) por los cargos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal, en la que están implicados el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y un socio de este último.[1]​ A fecha de enero de 2020, la Operación Nafta investigaba el presunto pago de al menos cuatro millones de euros a Alejo Morodo, que habría sido efectuado por la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) en concepto de varios asesoramientos ficticios entre 2008 y 2013 (período en el que el padre de Alejo Morodo ejerció como embajador de España en Venezuela).

Mandatos judiciales

En mayo de 2019, la Policía Nacional de España realizó varios registros en oficinas y casas vinculadas al exembajador Raúl Morodo, cuya avanzada edad le evitó ser arrestado pese a que las autoridades españolas lo consideraban uno de los presuntos cabecillas de la trama. No obstante, sí fueron detenidos su hijo Alejo Morodo y un supuesto socio de este, debido al presunto cobro de unos pagos espurios de la petrolera venezolana a través de diferentes empresas de Raúl Morodo, en concepto de diversas labores de asesoramiento que nunca habrían llegado a realizarse. El dinero era aparentemente transferido a diversas empresas en Panamá,[2]​ las cuales ingresaron más de cuatro millones de euros en total.[3]​ Las facturas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) presentaban la firma del secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez Cabrera joven abogado venezolano, mano derecha de Rafael Ramírez Carreño (presidente de la citada petrolera venezolana).

El 18 de julio de 2019, Márquez Cabrera fue detenido a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras lo cual accedió a colaborar con el Juez Pedraz en la investigación. En el transcurso de la misma, Márquez Cabrera reconoció haber firmado las citadas facturas en nombre de PDVSA, así como los contratos por importe de 4,5 millones con los que favoreció a operación Nafta (estos últimos por delegación de Ramírez). 24 horas después, el cadáver de Cabrera apareció en unas oficinas en Mirasierra (Madrid) con una nota de suicidio.[4]​ A fecha de enero de 2020, la investigación continuaba abierta.

Véase también

Referencias