Canon digital

El canon digital o canon por copia privada es una tasa aplicada a diversos medios de grabación y cuya recaudación reciben los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada de gestión de derechos de autor, como compensación por las supuestas copias que se podrían hacer de sus trabajos en el ámbito privado. En algunos países, estas copias están reconocidas por el derecho de copia privada, mientras que en otros infringen la normativa de derecho de autor.

Entre los países de habla hispana, el canon digital se aplica en España, establecido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. También está vigente en Paraguay, a través de una ley de 1998 que fue reglamentada en 2011; y en Perú, por medio de una ley de 2003 reglamentada en julio de 2004.

Existe algún tipo de canon digital en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (todos excepto el Reino Unido, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, y Malta), y en Canadá.

En Argentina se discutió en 2011 un proyecto para imponer un gravamen (denominado "derecho de remuneración"), que afectaría a dispositivos de almacenamiento y reproducción digital. El proyecto recibió un fuerte rechazo en las redes sociales y no ha prosperado. En 2010 surgió un proyecto en México, que fue retirado. En Chile se discute desde 2004 sobre la posibilidad de implementar el canon.

El canon digital en países de habla hispana

España

La tasa se incorporó por primera vez en la legislación española en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, que introdujo el derecho a realizar copias privadas.

El 18 de diciembre de 2007, se empezó a aplicar el canon a las grabadoras de CD y DVD, a los MP3 y MP4, a los teléfonos móviles y a los PDA, entre otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir música, todo esto como resultado de un nuevo acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (con la SGAE al frente) y ASIMELEC. Esto provocó una gran polémica al resultar evidente que estos soportes se usan con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada, y porque dicho acuerdo se negoció sin la participación ni presencia de consumidores y autoridades. En general, se trata de una ley impopular, interpretada por los usuarios como un intento "injusto" de compensar a las compañías discográficas del perjuicio que les supone la obtención gratuita de obras artísticas sin la obtención del lucro que legalmente les corresponde.

Anulación

El 24 de marzo de 2011, la Audiencia Nacional anuló la orden que regula el canon digital. El motivo es que por ser un reglamento éste necesitaba unos trámites relacionados con memorias justificativas y económicas que no se realizaron.

El 12 de julio de 2011 el Congreso de los Diputados vota favorablemente una proposición no de ley que insta al Gobierno a la supresión de dicho canon y a su sustitución por otra formula de compensación a autores y propietarios de contenidos que se ajuste más a las copias y usos realmente efectuados.

El 31 de diciembre de 2011 el canon fue definitivamente derogado por el recién constituido nuevo Congreso de los Diputados, siendo reemplazado por un nuevo pago esta vez a cargo del Estado cuyo procedimiento está por desarrollar.

Argentina

El senador Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para imponer la tasa, el cual estuvo a punto de tratarse en el Senado el 28 de junio de 2011. Contó con el acompañamiento del también senador Rubén Giustiniani y fue el resultado del lobby ejercido por SADAIC y CAPIF, entre otras entidades privadas que representan a autores y editores en el país. Dichas asociaciones serían las principales beneficiadas por la nueva tasa. La iniciativa generó un fuerte rechazo, expresado a través de las redes sociales Facebook y Twitter. La Fundación Vía Libre también se manifestó en contra del canon, afirmando que es anticonstitucional y que sólo beneficia a algunos artistas. Incluso, el colectivo hacktivista Anonymous inutilizó los servidores del Senado en la madrugada del 29 de junio, como protesta por el hecho. Finalmente, el proyecto retornó a la Comisión de Legislación General del Senado, donde sería analizado con mayor profundidad. El Jefe de Gabinete, Anibal Fernández, reconoció en su sitio personal que el canon digital era "un mal proyecto" y que se "comieron una manifestación virtual", respondiendo activamente a los reclamos. Trascendió además la existencia de otros dos proyectos, uno de la senadora Teresita Quintela y otro de Adriana Bortolozzi, que iban a ser discutidos paralelamente con el de Pichetto.

México

En México, a finales de 2009 se había rechazado un proyecto para implementar un impuesto a Internet. En junio de 2010, el diputado federal Armando Báez Pinal propuso un gravamen sobre aquellos aparatos electrónicos "idóneos para almacenar, compactar, duplicar, reproducir, o copiar cualquier tipo de obra literaria o artística, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, producciones y/o transmisiones", en beneficio de las sociedades privadas de autores. Tras una serie de reclamos generalizados, el mismo diputado retiró el proyecto a través de un comunicado de prensa, en el que expresó: "Es preciso evitar cualquier riesgo de afectación a la ciudadanía, por lo cual es necesario conocer con mayor exactitud las modalidades y posibilidades del uso de las nuevas tecnologías, mediante estudios más puntuales."

Brasil

El cantante Gilberto Gil, por entonces ministro de cultura brasilero se expresó en favor de crear un canon digital en junio de 2008. En aquel momento manifestó: "Recuerdo que, cuando había casetes, hubo un momento en que se pidió a los fabricantes que destinaran una parte del precio que cobraban para remunerar a los creadores, algo que ahora con los nuevos medios se puede hacer". Gil dejó el puesto poco tiempo después y el tema no se ha vuelto a plantear.

Paraguay

En Paraguay, una ley que data de 1998 establece que "Los titulares de los derechos sobre las obras publicadas en forma gráfica, por medio de videogramas o en fonogramas, o en cualquier clase de grabación sonora o audiovisual, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las reproducciones de tales obras o producciones, efectuadas exclusivamente para uso personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos." La ley fue reglamentada trece años después, en junio de 2011, mediante un decreto del poder ejecutivo, por el cual se fija el pago de una "remuneración compensatoria" destinada a los artistas, intérpretes y ejecutantes del 0,5%. La medida recae sobre "equipos y soportes" como celulares, radiograbadoras, videos y cintas magnéticas, entre otros.

Enlaces externos

• Reporte de la UE sobre el canon por copia privada en la UE
• Reporte de la BSA sobre el canon por copia privada en la UE
• Copyright Act de Canadá