Brigada Político-Social
| Brigada de Investigación Social | ||
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| Información | ||
| Tipo | Policía secreta | |
| Fundación | 8 de marzo de 1941 | |
| Disolución | 13 de marzo de 1986 | |
| Ámbito |  España franquista |
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| Sede | Madrid | |
| Dependiente de |  Cuerpo General de Policía |
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La Brigada Político-Social (cuyo nombre oficial era Brigada de Investigación Social) fue una sección del Cuerpo General de Policía durante la dictadura franquista encargada de la represión política. A lo largo de su existencia fue conocida también como La Social, La Secreta o La Brigada, denominaciones que fueron más empleadas entre los integrantes de la oposición franquista.
Índice |
Historia [editar]
Fue creada formalmente en 1941 con la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Su antecedente inmediato fue el Decreto de 24 de junio de 1938 de los sublevados en la Guerra Civil que creaba, en el ámbito civil y dentro de las competencias de los gobernadores en las distintas provincias, un Negociado político específico para "el control de las materias en la acción política" y la "prevención y represión" de cualesquiera actividades que "obstruyan o desvíen" las "directrices generales del gobierno". Blas Pérez González, ministero de Gobernación entre 1942 y 1957, fue en esos años el autor y principal organizador de la eficacia que alcanzó la Brigada durante su historia.[1] De hecho, Pérez González se distinguió como un eficaz organizador de la policía franquista durante el periodo de su ministerio.[1]
El comisario Roberto Conesa fue nombrado jefe de la Brigada hasta la época de la Transición. Se hizo conocido entre los sectores clandestinos de izquierdas por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura. Otro policía muy destacado fue Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Guipúzcoa y que era conocido por sus brutales torturas durante los interrogatorios.[2] Manzanas fue asesinado en 1968 por la organización nacionalista vasca ETA, constituyendo su primer asesinato premeditado.
Su desaparición no se formalizó hasta la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aprobada durante el primer gobierno socialista de Felipe González, aunque sus competencias fueron restringidas en sucesivos decretos aprobados en 1976, 1977 y 1981, éste último tras el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero.
Acción represora [editar]
Antoni Batista y la asociación de jueces, fiscales y abogados, Justicia Democrática, son las que más han profundizado la tarea represora de la Brigada Político-Social. Justicia Democrática destacó en sus informes, todavía en plena dictadura, que se practicaban "las torturas policiales en régimen de expresa impunidad" cuando se suspendieron los derechos durante los múltiples estados de excepción que desde la década de 1960 hasta la muerte del dictador se declararon en especial en tres zonas: País Vasco, Cataluña y Madrid. En los informes se señaló que, en aquellas situaciones y lugares donde no se estaba en régimen de excepción, las brigadas presentaban sus informes y peticiones para la firma de los jueces sin formalismo alguno, con premura y bajo un clima de amenaza. La posibilidad de que un juez se negara eran remotas, y la de que pudiera investigar libremente cualquier denuncia de los detenidos y/o torturados también, máxime cuando ellos mismos estaban sometidos a la acción de las Brigadas.
Ningún juez se atrevería a excusar la tortura en una resolución, pero algunos cierran sistemáticamente los ojos a todo signo de tortura y suscriben el argumento de la necesidad de la misma como método de investigación para no dejar inerme al Estado.
Estructura y funcionamiento [editar]
La Brigada Político-Social se estructuraba dentro del Cuerpo General de Policía (a su vez, dependiente de la Dirección General de Seguridad y el Ministerio de Gobernación), y en los primeros años de su historia estuvo compuesta también por elementos falangistas. Cuando la Guardia Civil actuaba en núcleos urbanos, se integraba en la Brigada.
Dependían directamente de los gobernadores civiles y del ministerio de la Gobernación, y su función represora se ejercía en el ámbito de la oposición al franquismo y de cualesquiera grupos sociales, basándose en toda la normativa represora del régimen, en especial la Ley Represora de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Unidad Sindical, la Ley de Responsabilidades Políticas, la de peligrosidad y rehabilitación social y la de vagos y maleantes. Sus acciones consistían en seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia particular y de las empresas y colectivos, (todo ello sin control judicial alguno), detenciones gubernativas indefinidas, confiscación e incautación de bienes y la práctica de la tortura para la averiguación de los hechos o como forma de castigo. La aplicación del Fuero de los Españoles, que en teoría garantizaba algunos de los derechos fundamentales, quedó en la práctica sin efecto, dado que las funciones de "prevención del delito" que la legislación le asignaba, permitía a sus miembros argumentar detenciones aunque ni siquiera existieran sospechas fundadas sobre la comisión de un delito. También, las numerosas situaciones de excepción decretadas por el régimen, permitieron suspender la aplicación del Fuero durante largos periodos de tiempo y en territorios determinados.
Muchas de sus actividades eran examinadas por dos tribunales creados específicamente para la represión política: el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y los Tribunales de Orden Público, con lo que los tribunales y jueces ordinarios apenas podían conocer de los asuntos de la Brigada.
Referencias [editar]
- ↑ a b Ramón Tamames (1974); pág. 501
- ↑ María Antonia Iglesias (28 de enero de 2001). «Hablan las víctimas de Melitón Manzanas». El País. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Bibliografía [editar]
- Batista, Antoni (1995); Brigada Social. Editorial Empuries. ISBN 9788475964775
- Laiz Castro, Consuelo (1995); La Lucha final: los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Ed. Los Libros de la Catarata, Madrid.
- Tamames Gómez, Ramón (1974). Historia de España Alfaguara VII. La República. La Era de Franco. Madrid: Alianza Editorial.
- VV.AA. (Justicia Democrática) (1978); Los jueces contra la dictadura. Justicia y política en el franquismo, Tucar Ediciones, Madrid.
