Auditoría General de la Nación

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Auditoría General de la Nación
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Estado de la República Argentina
Auditoría General de la Nación
Edificio del ex Instituto Biológico Argentino. Actual sede de la AGN desde 1997.
Jurisdicción Nacional
Función Verificar el cumplimiento contable de las cuentas públicas
Instalación 1992
Sede Av. Rivadavia 1745, San Nicolás, Bandera de Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires
Bandera de Argentina Argentina
Titular a cargo Leandro Despouy
Pertenece a Unión Cívica Radical
Abreviatura AGN
Sitio web www.agn.gov.ar/

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. Fue creada en el año 1992 a partir de la Ley 24156.[1]

Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, pero no coadministra: examina hechos, actos y documentos una vez finalizados los ejercicios contables de los entes que se haya decidido auditar. Con sus informes de auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.

Objetivo[editar]

El objetivo primario de la Auditoría General de la Nación es contribuir a que se adopten decisiones eficaces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos.

Según el Artículo 117 de la Ley 24.156: "Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.(...)"

Y en cuanto a sus funciones, el Artículo 118 de la misma ley explica (en resumen):

  • Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado,
  • Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría;
  • Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito entre la Nación Argentina y dichos organismos;
  • Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración nacional;
  • Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento;
  • Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de
  • Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos.

Los informes y sus problemas[editar]

En el año 2011 sólo 1 de cada 17 informes financieros de la AGN obtuvo un dictamen favorable. Con 70 trabajos publicados sobre los balances de varias dependencias públicas, sólo 4 recibieron la calificación favorable. Las auditorias financieras buscan determinar si los estados contables de una empresa o dependencia del Estado son razonables.

  • En PAMI no se pudieron sacar conclusiones porque tenían debilidades en los sistemas informáticos y diferencias en la registración de pasivos, por lo que se abstuvo de realizar un dictamen.
  • Discrepancias en la liquidación de ATC S.A. (canal de televisión).
  • Banco Nación tuvo deficiencias en los sistemas de preparación de los balances.[2]

En 2012 la AGN realizó una denuncia respecto del avance de lo implementado en la Ley nacional 26.160 de 2006, que decreta emergencia territorial de las comunidades indígenas y estableció un plazo de 3 años para relevar el territorio. Pasados los tres años, solo se relevó un 4.22% del territorio y se desconoce qué se hizo con el 70% de 24 millones de pesos, distribuidos en las provincias de: Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán y el cuestionamiento de la tercerización a la Universidad Nacional de Lanús.[3]

En 2007 la AGN recomendó en invertir 4 millones de dólares anuales en energía (gas), bajo la alerta de una situación crítica y sugirió pasar de ser exportador a ser importador de combustibles. Ello por un fuerte descenso de la inversión y un extraordinario consumo.

El Estado cuenta con ENARSA que se encarga principalmente de comprar gas para abastecer al mercado interno, aún cuando la firma recibió en 2009 761 millones de dólares y en 2010 unos 1.372 millones de dólares la firma gastó el 53% de lo que se había recomendado para invertir, razón por la cuál luego se debió importar gas de Catar.[4]

Referencias[editar]

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]