Antonio Sagarna

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Antonio Sagarna

9 de octubre de 1923-10 de septiembre de 1928
Presidente Marcelo Torcuato de Alvear
Predecesor Celestino Marcó
Sucesor Juan de la Campa

10 de septiembre de 1928-30 de abril de 1947

Datos personales
Nacimiento 11 de octubre de 1874
Bandera de Argentina Nogoyá, Argentina
Fallecimiento 28 de julio de 1949 (74 años)
Bandera de Argentina Paraná, Argentina
Partido Unión Cívica Radical
Profesión Abogado
Alma máter Universidad de Buenos Aires

Antonio Sagarna (Nogoyá, Entre Ríos, 11 de octubre de 1874 - Buenos Aires, 28 de julio de 1949) fue un jurista y político argentino que ejerció como Ministro de Justicia e Instrucción Pública y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Es especialmente recordado como uno de los autores de la doctrina de los gobiernos de facto.

Biografía[editar]

Nació en un hogar muy modesto y se educó en escuelas públicas; se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires.[1] Durante años fue docente en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Posteriormente se radicó en Paraná, donde también ejerció la docencia y se afilió a la Unión Cívica Radical.[2]

A principios del siglo XX inició la carrera judicial de la Provincia de Entre Ríos, alcanzando a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Con la Ley Sáenz Peña se terminó la autoproscripción del radicalismo, de modo que Sagarna decidió abandonar la carrera judicial e incorporarse a la política.[2]

En 1913 fue elegido diputado provincial. Al año siguiente, al asumir el primer gobernador radical de Entre Ríos, Miguel Laurencena, éste lo nombró Ministro de Gobierno de la provincia. Fue el responsable de enfrentar la resistencia de los conservadores, que conservaban la mayoría de los escaños en la legislatura provincial. Solicitó y obtuvo del presidente Hipólito Yrigoyen la intervención federal del poder legislativo entrerriano, merced a la cual el radicalismo logró la mayoría legislativa. Como parte de ese conflicto con los conservadores, se produjo la ruptura de relaciones con la Iglesia Católica entrerriana.[2]

Posteriormente fue embajador de su país en Perú. Fue también profesor de Derecho Ferroviario Comparado en la Universidad Nacional del Litoral. Contribuyó al desarrollo cultural de la provincia y fundó la Biblioteca Popular del Paraná.[2] Escribió gran cantidad de obras sobre jurisprudencia, historia y criminología.

En 1923 fue nombrado interventor de la Universidad Nacional de Córdoba por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Poco después lo nombró Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Su gestión se centró principalmente en la fundación y equipamiento de instituciones educativas.[2]

A mediados de 1928, con acuerdo del Senado, Alvear lo nombró Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Identificado con la fracción antipersonalista del radicalismo, la llegada de Yrigoyen a la presidencia ese mismo año lo incitó a oponerse a varias de sus medidas de gobierno en la justicia.[2]

El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primero de los varios golpes de estado ocurridos en su país; la situación del grupo golpista era jurídicamente insostenible, ya que su origen era ilegal. A pedido de los colaboradores del general José Félix Uriburu, que había usurpado el gobierno, la Suprema Corte de Justicia publicó duatro días después del golpe una "acordada" — norma legal emanada de una corte judicial, que sienta jurisprudencia — en la que declaraba que los actos y las designaciones de funcionarios emanadas de un gobierno de facto como el que se acababa de establecer eran jurídicamente válidos, "cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y necesidad". Esa declaración dio marco lagal a la "doctrina de los gobiernos de facto", por la que se lagalizó la usurpación violenta del gobierno nacional por esa dictadura. También resultó la justificación legal de que se valieron los golpes de estado ocurridos cinco veces más a lo largo del siglo XX, y los gobiernos surgidos de los mismos, que sumaron 23 años en total.[1]

Continuó ejerciendo el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia durante toda la llamada Década Infame. En 1943, la Corte que aún integraba Sagarna reconoció que la doctrina de los gobiernos de facto debía aplicarse también al gobierno surgido de la revolución del 4 de junio de ese año.[1]

En 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso Nacional destituyó por medio de un juicio político a los ministros de la Suprema Corte por haber avalado dos golpes de estado. En la práctica, de los autores originales de la doctrina de los gobiernos de facto sólo el ministro Sagarna fue enjuiciado: Roberto Repetto renunció al conocer que iba a ser enjuiciado, y los otros dos autores de la misma, José Figueroa Alcorta y Ricardo Guido Lavalle ya no formaban parte de la misma. En cambio, fueron depuestos otros dos ministros y el procurador general, que sí habían avalado el golpe de 1943.[3]

Tras su destitución, Sagarna se retiró a la vida privada. Falleció en Buenos Aires en 1949.[1]

Referencias[editar]