Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

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Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueron empresas privadas, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaran por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional del año 1993, en Argentina, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem.

La AFJP percibía una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado, con el doble fin de inyectar fondos en el mercado de capitales y obtener una rentabilidad para los ahorristas y para sí misma. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debía entregar al afiliado el capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta su agotamiento.

Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.

En noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las AFJP que lo administraban, para volver, de esta manera, a establecer un régimen de reparto estatal. La administración de las jubilaciones por parte de las AFJP era engañoso, una vez que seguía siendo el Estado quien pagaba la mayor parte de las jubilaciones y pensiones (las AFJP sólo financiaban el 40% del total y el restante era financiado por el Estado).

Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto fue encaminado para sanción en el Senado. Fue finalmente aprobado por mayoría en ambas casas y se promulgó como la Ley 26.425, que dio fin a las AFJP y estatizó los fondos que se encontraban en su poder.

Antecedentes[editar]

Sistema previsional argentino[editar]

El sistema de seguridad social de Argentina encuentra su regulación básica en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se establece que: «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.»[1]

El presidente Raúl Alfonsín decretó el «Estado de Emergencia del Sistema Previsional» en un contexto de crisis generalizada en la administración pública

Crisis del sistema estatal[editar]

A mediados de la década de 1980, el sistema previsional argentino atravesaba una profunda crisis y presentaba un importante déficit, que debía ser frecuentemente cubierto por el Estado nacional. También frecuentes eran los casos de incumplimiento de pagos a jubilados. En este contexto, el presidente Ricardo Alfonsín decretó, en el año 1986, el «Estado de Emergencia del Sistema Previsional».[2] [3]

Las deudas que el Estado había contraído para cubrir el déficit previsional fueron canceladas más tarde, mediante la emisión de bonos durante el gobierno del presidente Carlos Menem, lo que supuso, por otra parte, un significativo aumento de la deuda externa del país.[4] Así, ya en la década de 1990, el crecimiento de la deuda y las consecuentes presiones ejercidas por los organismos multilaterales de crédito internacional —sumados a la desconfianza en el servicio público que había sido generada por las malas gestiones en las empresas estatales hasta ese momento— crearon las condiciones para la aceptación de las recetas neoliberales. Una de ellas aplicaba el criterio de que la previsión social no debe tener como función la redistribución de ingresos, sino fundamentalmente el fomento del mercado de capitales, a través de un esquema obligatorio de capitalización individual, entendiendo que de este modo se favorece el crecimiento y se genera un círculo virtuoso de mayores salarios, mayor ahorro, mejores beneficios futuros.[3] De este modo, quedaba allanado el camino para la privatización del sistema previsional en la Argentina.[5]

Reforma previsional[editar]

Durante la presidencia de Carlos Menem, se realizó una reforma el sistema de previsión social que dejaba a elección de los beneficiarios la posibilidad continuar en el sistema estatal o de optar por el nuevo sistema de las AFJP

Durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995), se creó un nuevo sistema previsional, llamado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que permitía al trabajador optar entre la permanencia en el sistema estatal de jubilaciones o el pase a un sistema de capitalización individual (ahorros personales), administrado por empresas privadas, las llamadas AFJP. El sistema estuvo vigente a partir de 1994, al promulgarse la Ley 24.241 que había sido sancionada por el presidente Carlos Menem el año anterior.[6]

De este modo, un trabajador que ya hubiera participado del anterior «sistema de reparto» estatal (es decir, que ya aportaba para jubilaciones al momento de la entrada en vigor de la Ley 24.241) y optara por adherir al nuevo régimen previsional, quedaba incluido en un «sistema mixto», en el que la AFJP pagaría una prestación según lo reunido en la cuenta personal desde 1994, mientras que el Estado pagaría otra prestación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por los aportes realizados por el trabajador hasta ese año. Al hacer la opción por el régimen de capitalización privado, el trabajador no podía retornar ya al sistema de reparto estatal.[6] [7]

La implementación del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que significó una privatización parcial de los servicios sociales, produjo grandes controversias. La esperada reducción en el gasto público —que debía producirse gracias a la externalización de los costes de administración— y la mejora en la rentabilidad de los planes de pensiones no se han cumplido en la medida deseada. Por otra parte, un sector de los trabajadores continuó aportando al régimen de reparto gestionado por el estado.[8] [9]

La importante merma de ingresos públicos fue en parte una de las causas de la crisis económica que se desencadenó en el país a fines de la década de 1990 hasta el año 2001. Para hacer frente al creciente déficit público, el Estado nacional tomaba deuda, de la que las acreedoras más importantes eran las propias AFJP, dándose la paradójica situación de que un monto de dinero que antes administraba directamente el Estado ahora era utilizado por empresas privadas para ganar intereses financiando al mismo Estado.[cita requerida]

Entre el año 2002 y el año 2008 se han estudiado diversos proyectos para modificar el sistema, ya sea volviendo al anterior «sistema de reparto» estatal o bien implementando un sistema mixto en el que la administración de la ANSES tuviera un mayor peso. Sin embargo, estos proyectos no han prosperado, avanzándose solamente en la posibilidad de que quienes ingresan en la vida laboral puedan optar ingresar al sistema público de reparto, no debiendo estar obligados a aportar a una AFJP (posibilidad que se abrió recién al promediar el año 2007).[10] [11] Al asumir Felisa Miceli el Ministerio de Economía a fines de 2005, expresó que uno de sus objetivos era revisar el sistema de las AFJP, al que veía como un fracaso.[12] [13]

Empresas constituidas[editar]

De acuerdo con el Diario La Nación, de las diez AFJP existentes, cuatro eran propiedad de bancos, dos de compañías de seguros y las cuatro restantes pertenecían a sindicatos, obras sociales y mutuales de empleados.[14] No obstante, según el Diario Perfil, la siguiente sería la nómina de las AFJP que existieron y sus respectivos accionistas:[15]

Funcionamiento[editar]

El trabajador que optara por el sistema de las AFJP recibía una «Cuenta de Capitalización Individual», a la que debía aportar un 11% de su salario. Además, podía realizar aportes voluntarios para incrementar el monto de dinero ahorrado. Dicha cuenta era de su propiedad, pero eran las AFJP quienes actuaban, de hecho, como administradoras financieras de la misma[16] y fijaban libremente las comisiones que se le descontaban al trabajador.[17] [18] Al jubilarse, el trabajador podía optar por transferir el dinero acumulado a una compañía de Seguro de Retiro a fin de comprar una póliza de «renta vitalicia previsional», o retirarlo directamente de su cuenta en forma de pagos programados.[16]

Una AFJP tenía un fondo contable con el que administraba sus cuentas y otro fondo de Jubilaciones y Pensiones que pertenecía a sus afiliados. En teoría, un fondo no podía ser mezclado con otro, asegurando de esta forma el patrimonio de los afiliados a cada AFJP, ya que el fondo de los afiliados era inembargable y estaba exclusivamente destinado al régimen de capitalización individual. El fondo contable propio de la AFJP era generado a partir de una comisión cobrada a cada trabajador que realizara aportes.[cita requerida]

Las AFJP eran fiscalizadas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (organismo dependiente del Ministerio de Trabajo), que estaba encargada de hacer cumplir las leyes aplicadas a los aportes jubilatorios y pensiones.[19] En caso de que una empresa quebrara o fuera liquidada, en trabajador no vería perjudicado su aporte, ya que el fondo de los afiliados era inembargable y bastaba con elegir una nueva AFJP donde el dinero era traspasado, continuando los aportes a la nueva empresa.[cita requerida]

Decadencia de las AFJP[editar]

Crisis del sistema privado[editar]

Ya en los últimos años de la década de 1990, el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP empezaba a mostrar señales de vulnerabilidad frente a la inestabilidad del capitalismo financiero y las variaciones de los mercados mundiales, principalmente durante la llamada «crisis del Fondo Monetario Internacional», en 1997, y la «crisis del rublo» que golpeó principalmente a Rusia en el año siguiente y generó el «Efecto Vodka» en los mercados internacionales.[20] [21]

Esta crisis se profundizó aún más con la pesificación de los ahorros en el año 2002, cuando el valor en dólares de los fondos se redujo a menos de la mitad. A tan sólo 8 años de la reforma previsional impulsada por Carlos Menem, el debate sobre una nueva reforma volvía al centro de la escena.[22]

La debacle fue total con el advenimiento de la crisis de las hipotecas subprime en el año 2007, cuando las AFJP llegaron a perder todo lo capitalizado en el año.[23] Esto se sumó a una profunda crisis de confianza por la que a las empresas se les hacía cada vez más difícil conquistar nuevos afiliados para el sistema,[24] [25] al pase obligatorio (establecido por una resolución conjunta de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), de 163 mil docentes primarios y secundarios, investigadores científicos, diplomáticos y jueces al régimen de reparto estatal , por lo que las AFJP debieron transferir 1.700 millones de pesos al Estado nacional[26] y a una orden de repatriar fondos por 8.000 millones de pesos que habían invertido de manera irregular en el extranjero.[27] Esta secuencia de reveses hundió a las AFJP en una crisis que culminaría con la estatización de los fondos que administraban.

Reestatización del sistema[editar]

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES y actualmente vicepresidente de la Nación

El 21 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que elevaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.[28] [29] [30] [31] [32] [33] Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado[1] y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.[34] [35] [36] [37] [38] [39]

Un día después del envío del proyecto de reestatización de los fondos al Congreso, el de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado».[35] La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense.<[40] A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación.[35] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]

Ley 26.425[editar]

Pese a la amenaza por parte del representante de las AFJP, quien aseguraba que recurriría a «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados» y la existencia de posteriores excepciones (en casos puntuales) al traspaso de los fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social que se tramitaron en la justicia,[48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] el proyecto fue enviado para su apreciación en Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, por 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones.[55] [56]

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue encaminado al Senado, donde se sometió a votación en la noche del 19 de noviembre del mismo año, siendo sancionado por una amplia mayoría[57] de 46 votos afirmativos, contra 18 negativos y una abstención.[58] [59] [60] [61] Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema provisional y ponía fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.[62]

Repercusiones[editar]

Aunque la decisión de estatizar las AFJP ayudara a la caída en las acciones en la Bolsa de Madrid de empresas españolas que en ese momento tenían intereses en Argentina, como Telefónica y Repsol (que controlaba YPF, empresa que más tarde vendría también a ser reestatizada), el embajador español en Buenos Aires, Rafael Estrella consideró el traspaso de las AFJP al estado nacional «una decisión soberana del gobierno argentino» y sostuvo en la ocasión que ese traspaso «no afecta para nada al gobierno español, ni a las relaciones con la Argentina».[63] [64] [65] [66]

Resultados posteriores[editar]

A respecto de la estatización de los fondos jubilatorios, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que «Cuando los recursos de los trabajadores estaban en manos de los privados, se pagaron 12.200 millones de dólares en comisiones, más de 50.000 millones de pesos».[67] Por su parte, el nuevo titular de la ANSES, Diego Bossio, aseguró que «si las AFJP existieran [al día de hoy], serían usureras»[68] y el vicepresidente Amado Boudou (quien precediera a Diego Bossio al frente de la ANSES), afirmó qué «si siguieran las AFJP sería un drama […] para las personas que se hubieran jubilado en este tiempo, ya que sus fondos no valdrían nada».[69]

Más allá de estas declaraciones de funcionarios, de acuerdo con un informe de ANSES publicado a mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP[70] [71] y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 mil millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquél momento llegó a 201.027 millones de pesos.[72]

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses acumuló, para el año 2013, un total de 280.567 millones de pesos. El monto del FGS, un stock que el Gobierno concibe como reaseguro del sistema de seguridad social, se triplicó desde la estatización de los fondos que antes estaban en poder de las AFJP.[73]

Evolución del modelo de AFJP en Latinoamérica[editar]

Al igual que en la Argentina, en numerosos países latinoamericanos las políticas económicas de corte neoliberal del Fondo Monetario Internacional impulsaron la privatización de los fondos de pensiones. Este modelo presentó varios problemas en su desarrollo, entre ellos los inconvenientes de ser vulnerables a la inestabilidad cíclica del capitalismo financiero y las variaciones de los mercados mundiales, en las que se pueden obtenerse grandes beneficios pero también cosechar importantes pérdidas que podrían poner en riesgo los ahorros de jubilados y pensionados que no cuentan con otro ingreso para subsistir. Se ha verificado además, por lo menos en los casos de Chile y de Nicaragua, que con la privatización de los fondos no se logró aumentar la cobertura de la seguridad social, premisa fundamental de la defensa de los sistemas privados sobre los estatales.[74] [75] [76] [77] [78]

En Latinoamérica, la privatización de los sistemas públicos de pensiones arrancó en Chile con la creación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile buscaron eliminar los sistemas de reparto administrados por el Estado a través de aseguradoras estatales de pensión. Se argumentó que las inversiones de las pirámides de poblaciones laborales (y por lo tanto, de aportes económicos por cotizaciones), presentaban una evolución de inviabilidad financiera.[cita requerida] Según la ley vigente en Chile, las AFP deben administrar esas cotizaciones como ahorros en cuentas individuales de los trabajadores y proyectar una tasa de interés que, se espera, supere las de los certificados de depósito a plazo fijo.[79]

En 2004, un informe del Banco Mundial alertaba sobre el fracaso de la reforma previsional impulsada en toda América Latina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la década de 1990,[80] siguiendo los resultados aparentemente «triunfales» del sistema en Chile. De acuerdo con este informe, la privatización del sistema no ofrece los beneficios que se prometían a los afiliados. Entre las causas se mencionan las «excesivas comisiones» cobradas por las AFP, que se han mantenido desde los primeros días, así como la formación de oligopolios.[81]

Referencias[editar]

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  2. Diario Registrado (14 de octubre de 2010). «Las claves para entender el mal llamado 82 por ciento móvil» Consultado el 26 de julio de 2012
  3. a b Partido Socialista «El sistema previsional argentino» Consultado el 26 de julio de 2012
  4. Administración Nacional de la Seguridad Social «¿Qué es el 82% móvil?» Consultado el 26 de julio de 2012
  5. Diario Página/12 (14 de octubre de 2010). «A favor de las AFJP» Consultado el 26 de julio de 2012
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  7. Administración Federal de Ingresos Públicos (23 de septiembre de 1993). «Ley 24241: Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones» Consultado el 26 de julio de 2012
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Bibliografía[editar]

  • Grisolía, Julio Armando. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires, 2001, Depalma.

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]